Читать книгу 9 razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos - Sayak Valencia - Страница 18

Desde la década de 1990, en estados como Guerrero y Chiapas trabajan organizaciones que se habían formado de manera cercana con proyectos comunitarios. En el caso de Guerrero, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y el Centro de la Montaña Tlachinollan (1993) continuaron su trabajo de intervención y apoyo a las comunidades locales de los municipios más pobres del país. En este contexto adverso y conflictivo, Tlachinollan lideró diferentes demandas, entre las que resaltan las condenas obtenidas contra el Estado en los casos Fernández Ortega (2010) y Rosendo Cantú (2010), demostrando la participación de las Fuerzas Armadas del estado de Guerrero en graves violaciones de los DH de las poblaciones marginadas (Hudlet y González, 2012).

En Chiapas, un gran conjunto de ONG continuaron su trabajo de apoyo a las comunidades indígenas, y fueron especialmente críticas con la reforma constitucional de derechos indígenas de 2001, pues en ella no se respetaron los acuerdos de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (Acuerdos de San Andrés) signados en 1996 en el marco de la negociación durante el conflicto zapatista. Las críticas fueron retomadas en el informe del Relator Especial de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien recomendó impulsar una reforma que incluyera un procedimiento de consulta ampliada a las comunidades indígenas.

A estos actores locales cercanos a proyectos comunitarios, que desde la década de 1990 trabajaban por la defensa de los DH en muchas regiones del país, y a otras organizaciones, como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC, 1993) en Nuevo León, se sumó la creación de organizaciones locales y regionales que reaccionaron frente a diferentes contextos de violencia. Luego de la alternancia, y contrario a las tendencias de los actores hasta aquí analizados, en estados como Tabasco, Chiapas, Guerrero, Coahuila, Puebla y principalmente Chihuahua, aparecieron organizaciones con un perfil local vinculado con la defensa de causas concretas, como el apoyo a los migrantes, la defensa de los derechos de la mujer y contra los feminicidios, así como en favor de la educación popular y la construcción de la paz, entre otros.

Dos de los casos más representativos de esta emergencia de organizaciones locales y regionales frente a la violencia son Coahuila y Chihuahua, en el norte del país, donde nacieron organizaciones colectivas que respondían a las dinámicas de militarización, y a la violencia contra los migrantes y la de género. En Coahuila, desde 1999, con la ayuda del Centro de Reflexión y Acción Laboral y del Centro Prodh, se creó el Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, formalizado como ONG en 2004. La acción del Centro Juan Gerardi inició como respuesta a las condiciones de exclusión de la población indígena y la violencia, y se inspiró en el trabajo realizado por organizaciones en Chiapas, además, estableció como principal práctica la educación, el acompañamiento y la denuncia de las violaciones a los DH. En 2002, en Saltillo, el obispo Raúl Vera fundó el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, organización orientada a la defensa de derechos laborales y comunitarios, y al apoyo a migrantes, el acompañamiento y la educación popular.

En Chihuahua, la movilización de madres y familiares de víctimas de mujeres desaparecidas y asesinadas en el norte del país tuvo diferentes ciclos, en los que se combinaron las protestas callejeras, la documentación, las demandas judiciales, la presión internacional y la creación de ONG (Aikin, 2011; Ravelo, 2004). En 2001, el sacerdote Óscar Enríquez Pérez fundó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización que inició su acción “como respuesta a la creciente violencia de la ciudad y del Estado, contexto de constantes crímenes contra mujeres, ejecuciones, corrupción de las fuerzas de seguridad pública y un clima general de impunidad”, acompañando a víctimas en la defensa jurídica y psicosocial. También en 2001, Marisela Ortiz y Norma Andrade fundaron Nuestras Hijas de Regreso a Casa y en 2002 se creó Justicia para Nuestras Hijas. Igualmente, destacan el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM), fundado y liderado por Lucha Castro en 2005, donde confluyen diferentes defensoras de derechos de las mujeres y de DH en general, representa legalmente a víctimas y familiares de violencia de género, desaparición forzada, tortura, trata de personas, violencia sexual, familiar, y litiga en el ámbito local e internacional.

Estas prácticas colectivas locales y regionales en medio de la violencia de género, además de darse en un escenario de grandes conflictos entre grupos criminales y de militarización estatal, han llevado a que estas organizaciones hayan sido víctimas de múltiples amenazas y atentados, y varias de ellas cuenten con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además del apoyo constante de organizaciones internacionales.

La capacidad que estas organizaciones tuvieron para movilizar marcos y agendas de demandas en torno a las crisis humanitarias que se vivían en los estados de la república (desapariciones forzadas, feminicidios, tortura, migrantes), permitió que paulatinamente la defensa de los DH frente a las políticas de seguridad encontrara prácticas innovadoras en estos actores. En este sentido, a partir de 2009, con la creación de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (FUUNDEC), el repertorio de documentación y denuncia de la crisis humanitaria de los desaparecidos empezó a ser retomado en todo el país. Desde dicho año se dio una importante proliferación de actores colectivos que compartían la demanda de la desaparición forzada: en 2011 se crearon colectivos en Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Chihuahua y Baja California, con el objetivo de documentar y exigir la aparición de las víctimas (Villarreal, 2014: 113).

Continuando con el proceso de articulación y ampliación de redes, el Centro Fray Juan de Larios convocó en junio de 2010 a conformar la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familias de desaparecidos del Norte (REDEFADE), siguiendo la estrategia de FUUNDEC. La REDEFADE está conformada con organizaciones de Chihuahua (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Justicia para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos), de Coahuila (Centro de Derechos Humanos “Agustín Churruca Peláez”, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, FUUNDEC) y de Nuevo León (CADHAC). Durante 2010 se efectuaron tres asambleas en Saltillo, Monterrey y Chihuahua para demandar justicia y la presentación con vida de las mujeres y los hombres desaparecidos en la frontera norte de México, y se articuló el trabajo de documentación y registro de los desaparecidos que las organizaciones estaban realizando en sus escenarios locales de acción (López, 2017b).

Una de las mayores dificultades que enfrentan los actores colectivos locales y regionales es la estructura jurídica del diseño federal, el cual hace más difícil la articulación de trabajo, ya que cada estado tiene protocolos diferentes para la atención de casos de desaparición forzada. En este sentido, muchos de los esfuerzos más inmediatos de las organizaciones es demandar la armonización no solo de los protocolos sino también de la tipificación del delito a nivel federal. Organizaciones como el Fray Juan de Larios y FUUNDEC en Coahuila y CADHAC en Nuevo León, han logrado establecer agendas estatales de seguimiento a la crisis de DH con organismos gubernamentales estatales y acompañantes internacionales, impulsando leyes estatales de Desaparecidos Forzados, Mecanismos de Búsquedas, Foros de Desaparición, que empiezan a dar certezas a los activistas y familiares de las víctimas, dentro de la tragedia, pues tienen mecanismos para enfrentar la desaparición de sus familiares.