Читать книгу 9 razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos - Sayak Valencia - Страница 15

La apertura de espacios de intermediación e interlocución con el gobierno federal tras la alternancia permitió que las ONG emprendieran estrategias para insertarse en los espacios de impulso de trabajo institucional, con lo que reforzaron la apropiación gubernamental del discurso de los DH. Este proceso permitió una paulatina especialización en la relación entre los DH y las políticas públicas, en las que las ONG buscaron incidir con la implementación de proyectos que tuvieran un impacto en la garantía de los derechos.

La interlocución fluida entre ONG y organizaciones estatales también fue posible en la medida que muchos actores que participaron en la movilización social pasaron a formar parte de las instituciones creadas en la alternancia. El papel que pudieron cumplir las ONG se relacionó también con los cambios en los papeles asignados a la sociedad civil en general, con la creación por parte del gobierno federal de figuras como los Consejos Consultivos y Programas de Apoyo y Financiamiento “al tercer sector” en los que participaron activamente miembros de las ONG (Somuano, 2011; Cadena, 2004). En esta línea de trabajo de mediación institucional gubernamental de las ONG, también fue importante la reorientación estratégica que el gobierno del PAN dio a la Secretaría de Desarrollo Social, que buscó legitimar su política social integrando a diversas ONG en funciones gubernamentales dentro de sectores como la educación, la salud y atención a grupos marginados, entre otros, sustituyendo los decrecientes recursos que venían del exterior para la sociedad civil (Bizberg, 2007: 796).

Un caso muy representativo de esta orientación al impulso de políticas institucionales se dio en la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, la cual aglutinó a las ONG Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equidad y Género, e Ipas México, cuyos objetivos eran promover leyes y políticas públicas sobre el aborto y el acceso a servicios de salud de calidad desde la perspectiva de los DH y laicidad del Estado. Muchas de las lideresas de estas ONG han ocupado puestos en consejos consultivos y han sido clave en el impulso de reformas en la búsqueda del reconocimiento de derechos de género y sexuales.

En general, las ONG ubicadas en la Ciudad de México tuvieron una mayor relación de interlocución, incidencia y seguimiento a políticas públicas de carácter federal, así como vinculación con las dinámicas institucionales estatales en sus diferentes instancias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cumplió un papel clave en la socialización y educación sobre DH en la capital, de interlocución y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Durante la dirección de Álvarez Icaza, entre 2002 y 2009, diversas ONG fueron consultoras y asesoras de la CDHDF, además de que varios defensores de DH provenientes de tales organizaciones trabajaron para la Comisión, en lo que diversos entrevistados nombraron como una clara “alianza positiva con la sociedad civil”.⁵