Читать книгу 9 razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos - Sayak Valencia - Страница 14

Con el triunfo de las demandas por la democratización, traducidas en su momento en la alternancia electoral que llevó al Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia en el año 2000, se presentó un cambio tanto en las lógicas gubernamentales como en la aparición de agendas que generaron una pluralización y ampliación del espacio para la defensa de los DH en México. Analizando este cambio podremos advertir cómo la tensión entre la oportunidad y el constreñimiento que caracteriza la defensa de los DH, en un escenario con alto protagonismo gubernamental en la apropiación de los derechos, explica un campo amplio y heterogéneo en el que no siempre las ONG convergen en intereses, estrategias y objetivos.

Tras la alternancia, los dos cambios más significativos que aparecieron en las lógicas gubernamentales en relación con la política de DH fueron: 1) el reconocimiento por parte del Ejecutivo de la relación que existía entre “democracia” y “derechos humanos”, y 2) una estrategia distinta de apertura del Estado frente al sistema internacional e interamericano de DH con la aceptación de los principales órganos de control y monitoreo.⁴

La observación internacional directa abrió una oportunidad para la acción estratégica de las ONG de visibilizar la situación de DH en México; en esta inserción de México a la lógica de observación internacional, las ONG aparecían como “aliadas estratégicas” para la circulación de información entre actores diferentes a los gobiernos. Por su parte, los programas de gobierno a nivel nacional en materia de DH se presentaron como un posible espacio de participación y consenso, donde las ONG incidirían en las etapas de formulación e implementación de políticas públicas.

A pesar de estas oportunidades formales, los resultados de las políticas gubernamentales llevaron a una decepción generalizada. Como bien lo demuestra Maza (2009), este cambio fue mucho más retórico que un compromiso real del gobierno, y esto se vio reflejado en los nulos resultados en políticas clave como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la no aprobación de una ley general de derechos humanos, o los conflictos de interlocución en el plan nacional de derechos humanos, entre muchos otros. Estos “fracasos” evidenciaron un mayor interés del gobierno mexicano por socializar a nivel internacional una imagen como promotor de los DH, que un compromiso real de acometer cambios al interior del país.

Este desencanto se sumó al incremento paulatino de los problemas de seguridad con operativos militares que se correlacionaron directamente con el aumento en homicidios, violaciones y masacres, entre otros. La violencia que se vivía en el país desde la década de 1990 se profundizó frente a las políticas de militarización del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), las cuales desataron una ola de violencia y violaciones de DH sin precedentes. De esta manera, la realidad confrontó directamente a las ONG con el gobierno federal, contraponiendo la política militarista a la defensa de las garantías individuales y al reconocimiento de las víctimas, crisis que se agravó con el retorno del PRI (2012-2018) y la continuidad de la violencia.

Más allá de las reformas como la de 2011 y el reconocimiento de los DH con jerarquía constitucional, y un primer intento del gobierno de Peña Nieto de reconocer a las víctimas (por medio de la Ley de Víctimas), los sucesos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán, entre muchos otros, demuestran la continuidad de la crisis de violencia que vive el país, una crisis que ha abierto nuevos escenarios de rechazo gubernamental a las críticas internacionales en materia de DH (como lo sucedido en el último año en general frente a las críticas y en el caso especial de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura en particular).

De esta manera, luego de la alternancia se dio en México un proceso de apropiación gubernamental de los DH, es decir, la incorporación de la agenda de los DH en la orientación concreta de políticas institucionales del gobierno, lo que dio lugar a una serie de espacios de administración de las demandas por el respeto y cumplimiento de los derechos. A continuación presentamos una descripción analítica de las ONG que, en la interacción con las lógicas gubernamentales, caracterizan el campo especializado de la defensa de los DH en México en el siglo XXI.