Читать книгу La vigencia del Código Civil de Andrés Bello - Varios autores - Страница 22

La primera cuestión en la que puede advertirse la contribución de Bello a la configuración de un derecho de las obligaciones con identidad latinoamericana la constituye la particular atención prestada en su proyecto de Código Civil a la protección del deudor, retomando y desarrollando algunas instituciones de la tradición romanística inspiradas en el principio del favor debitoris (pero entendido también como favor debilis)⁶², las que no siempre fueron conservadas por las codificaciones de su época, en las que terminó predominando la noción de obligación elaborada por Savigny que puso –en cambio– el acento en la figura del acreedor (al amoldarla sobre el modelo de la relación de dominio)⁶³.

Dicha particularidad, que ha dado pie para pensar que el Código de Bello muestra un carácter más social que el Code Napoléon⁶⁴, se manifiesta en primer lugar en el reconocimiento de la regla hermenéutica según la cual las cláusulas ambiguas se interpretan a favor del deudor (artículo 1566¹)⁶⁵, inspirada en la regla VII de Pothier⁶⁶, la cual reconocía sus antecedentes en D. 45,1,38,18; 50,17,9 y 34 i.f. Sin embargo, en este tema, el mismo Bello parece haber razonado ya en términos de favor debilis, al integrar en una misma disposición la regla interpretativa del favor debitoris con la de la interpretación contra proferentem o stipulatorem, notoriamente aplicable a favor de la parte débil de la contratación (artículo 1566²)⁶⁷.

En esta misma orientación se colocan las disposiciones del Código de Bello que, en materia de “solución o pago efectivo”, reglamentan el “pago por cesión de bienes”, es decir la bonorum cessio de la tradición romanística (Gai. 3,78; CJ. 7,71,1), consistente en “el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores, cuando a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar sus deudas” (artículos 1614-1623), y el “pago con beneficio de competencia”, o sea el beneficium competentiae de igual origen que el precedente (J. 4,6,37-38; D. 42,1,16-24) “que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles, en consecuencia, lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias y con cargo de devolución, cuando mejoren de fortuna” (artículos 1625-1627)⁶⁸.

Encontramos también otra aplicación del favor debitoris en las normas dedicadas por Bello a la cláusula penal, entre las cuales se destaca la que establece que “Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal” (artículo 1539) y, sobre todo, la que en línea con el Codex Iustinianus (CJ. 7,47,1) dispone que “Cuando por el pacto principal, una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose esta en él” (artículo 1544¹)⁶⁹. El Code Napoléon, haciendo prevalecer el principio del pacta sunt servanda, había establecido en esta materia una protección del deudor mucho más restringida al regular solo el primer supuesto, pero no como un derecho del deudor sino como una facultad discrecional del juez (artículo 1231)⁷⁰.

En el mismo sentido, el Código de Bello estableció un tope máximo para el interés convencional, al disponer que cuando el mismo “exceda de una mitad al que se probare haber sido el interés corriente al tiempo de la convención, será reducido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitare el deudor” (artículo 2206)⁷¹ e impuso un límite a la avaricia de los adquirentes de créditos litigiosos, al ordenar que “El deudor no será obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que este haya dado por el derecho cedido, con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor” (artículo 1913¹)⁷². La última de las normas indicadas, que sigue el modelo de la lex Anastasiana de 506 d.C. (CJ. 4,35,22, confirmada luego por Justiniano: CJ. 4,35,23-24), conserva una gran actualidad, a tal punto que ha sido invocada incluso para cuestionar la legitimidad de los denominados “fondos buitres”⁷³.

Por último, puede citarse también como una aplicación del favor debitoris la conservación de la institución de la lesión enorme (artículos 1888-1896), que Bello no admitió como vicio del consentimiento en general, sino que inspirándose en las fuentes romanas (CJ. 4,44,2; CJ. 4,44,8)⁷⁴ la aceptó únicamente en el ámbito de la compraventa inmobiliaria (artículos 1888 y 1891), cuando el precio recibido o abonado fuere –respectivamente– inferior a la mitad o superior al doble del iustum praetium calculado al tiempo del contrato (artículo 1889). Sin embargo, a diferencia de lo establecido por el Code Napoléon (artículos 1674-1685), pero en consonancia con el derecho castellano (Fuero Real 3,10,5; Siete Partidas 5,5,56; Nueva Recopilación 10,1,2), el Código de Bello no solo otorga acción de rescisión al vendedor, sino también al comprador (artículo 1889), y dispone que la misma prescribe a los cuatro años en lugar de a los dos (artículo 1896)⁷⁵.