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La idea detrás de las comisiones de la verdad históricamente ha sido que el conocimiento sobre la verdad permite esclarecer la historia, pero también prevenir futuras violaciones y generar un ambiente de reconciliación y concordia entre las naciones. Los promotores de las comisiones de la verdad argumentan que su existencia permite abrir espacio para que la sociedad se aleje de la confrontación y la venganza para avanzar hacia la reconciliación (Freeman, 2006; Hayner, 2010; Minow, 1998, tomado de Langer, J. 2017). “En general, los actos jurídicos por los que se crean esas comisiones se basan en la necesidad de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general de conocer la verdad sobre lo sucedido; facilitar el proceso de reconciliación; contribuir a la lucha contra la impunidad; y reinstaurar o fortalecer la democracia y el Estado de derecho”⁶ (Economic and Social Council, 2006).

La acumulación de expectativas sobre la verdad que hace parte de la noción de verdades satisfactoria está fundamentalmente acoplada con la expectativa de que la verdad debe llevar a una mejor convivencia y a un mayor conocimiento de lo ocurrido, a la vez que reparar a las víctimas y enseñar a la sociedad sobre el camino para trazar su hoja de ruta política. Se hace patente, en este contexto semántico, que una verdad que no provea reconciliación, conocimiento y esclarecimiento podrá ser vista como insatisfactoria.

Más allá de que, como bien resaltan Chapman y Ball (2001), se ha puesto poca atención a las posibles incompatibilidades que puede haber entre todas las tareas que se les asignan a las comisiones de la verdad y cómo ello afecta su trabajo, la pregunta fundamental que queremos hacernos aquí es si las sociedades precisan de relatos que no conduzcan necesariamente a una reconciliación o que nos permitan saber todo lo acaecido durante un conflicto. Las verdades insatisfactorias se mostrarían como abiertamente contrarias al propósito programático descrito, pero, aun así, como verdades, ¿tendrían una función en los relatos públicos? ¿Resultan útiles, o incluso, deseables para la articulación de un relato sobre la verdad frente a un momento de grave confrontación social?

Para comprender los criterios de determinación de la verdad bajo una cualidad de satisfacción para la sociedad, un estándar interesante es la evaluación de los objetivos de las diferentes comisiones de la verdad en la historia. Los mandatos y objetivos de las comisiones de la verdad son particularmente explícitos en afrontar un problema de violencia masiva y brindar un relato articulado que constituya una verdad que permita trascender y transitar a las sociedades a otro punto histórico y social bajo unas expectativas que podemos caracterizar como parámetros para medir la satisfacción.

Por ejemplo, en la primera consideración del Decreto Supremo 355, que dio vida a la Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile en 1990, se lee: “[L]a conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país […] sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional” (1990, p. 1). La Comisión de la Verdad de Perú nació con un mandato que pedía propender “a la reconciliación nacional, al imperio de la justicia y al fortalecimiento del régimen democrático constitucional” (Decreto Supremo 065, 2001), partiendo de que “el Estado debe garantizar el derecho de la sociedad a la verdad”. En Guatemala, el mandato de su comisión habla de la verdad como un derecho que es necesario satisfacer, con la esperanza de no repetir el pasado y de fortalecer la democratización del país (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999).

Probablemente hay más indicadores para delimitar la satisfacción frente a la verdad. No obstante, los parámetros transversales que han encontrado las comisiones de la verdad para formular sus informes, hallazgos y conducir sus investigaciones, pueden ser entendidos como criterios de gran relevancia para comprender lo que internacionalmente se tiene como satisfactorio desde un relato de la verdad frente a un conflicto social particular como lo pueden ser los conflictos armados.

Bajo la idea general de que la justicia transicional se refiere a una serie de mecanismos que buscan la responsabilidad por violaciones de derechos humanos, poniendo punto final a la confrontación entre diferentes grupos y contribuyendo al fortalecimiento de la democracia (Teitel, 2000), las comisiones de la verdad se han entendido como instituciones que contribuyen a superar las mentiras sobre las que a menudo se construyen los conflictos o las dictaduras, proporcionar reparaciones a las víctimas, y atribuir responsabilidades a los perpetradores así como propone fórmulas adecuadas para reformar las instituciones estatales (Hayner, 2010; Wiebelhaus-Brahm, 2010). Bajo este tenor, los criterios principales que las comisiones de la verdad han tenido para elaborar su verdad y, en nuestros términos, para generar un relato “satisfactorio” son:

(1) Conocer la verdad histórica como un relato fidedigno de lo que ocurre y ha acontecido durante los conflictos; como lo expresa el Conjunto de Principios Joinet, “[l]as comisiones estarán facultadas para investigar todas las formas de violación de los derechos humanos y del derecho humanitario. Sus investigaciones se referirán prioritariamente a las que constituyan delitos graves según el derecho internacional, y en ellas se prestará especial atención a las violaciones de los derechos fundamentales de la mujer y de otros grupos vulnerables” (principio 8d); (2) Responder a la necesidad de las víctimas teniendo que, como lo expresa Jorge Ibáñez “el esclarecimiento de los hechos respondía la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares y adicionalmente llene el vacío histórico que se refleja en una necesidad social, y permite a través del relato fiel de los hechos recordar para olvidar y consecuentemente perdona”; (3) Sensibilizar sobre hechos que deben tener un reconocimiento público; (4) Brindar una forma de reparación simbólica no pecuniaria; (5) Contribuir con la administración de justicia; (6) Identificar responsabilidades; (7) Proponer decisiones políticas públicas o cambios institucionales; (8) Fomentar la reconciliación y solucionar tensiones; (9) Prevenir que la atrocidad vuelva a ocurrir.

Muchos de estos propósitos parecen controversiales desde el punto de vista de su aptitud concreta y de su practicidad. Más allá de ello, estos nueve indicadores nos permiten comprender una especie de estándares de satisfacción que han sido atribuidos a la verdad en contextos de transición. En este contexto, las verdades insatisfactorias serían aquellas que causan zozobra, miedo, desunión, confrontación, aquellas que reviven el trauma o que lo hacen difícilmente superable para la sociedad y por tanto sufren una relegación explícita o sencillamente metodológica.

De esta forma, por ejemplo, cuando la verdad no permita solventar tensiones tendría un problema de satisfacción, o si la comisión no permite elaborar relatos articulados que conduzcan a prevenir violaciones, en una visión de la verdad como un concepto de satisfacción, el relato articulado el cual se llegaría sería sencillamente insatisfactorio. ¿Puede realmente un relato de verdad cumplir con el propósito de prevención y solución de tensiones? ¿Se trata de un proceso social que tiene como ingrediente pertinente el informe de una comisión? ¿La acumulación de funciones y expectativas sobre las comisiones de la verdad genera un grado inevitable de insatisfacción?

Si su objetivo primordial es la satisfacción, las comisiones de la verdad pueden operar sencillamente como un embudo de procesamiento de información que produce un conocimiento para la sociedad que debe encontrar un sentido de satisfacción para las funciones que son atribuidas bajo las ocho formas enunciadas anteriormente y que, por lo tanto, operaría un sacrificio de las demás formas de verdad.

“Esclarecer sana” era el eslogan de la comisión de la verdad sudafricana. Esta frase cristaliza la visión que ha sido expandida en el establecimiento de las comisiones de la verdad. Bajo esta visión, la misma Comisión aceptó en su informe final que su propósito al dilucidar la atrocidad del pasado “no tenía nada que ver con la venganza; sino con ayudar a las víctimas a hacerse más visibles y convertirse en ciudadanos más valorados por el reconocimiento público y el reconocimiento oficial de sus experiencias”. En este sentido, concluyó que al revelar el lado más oscuro del pasado los responsables no solo responderían por lo que hicieron, sino que, en el proceso, tuvieron la oportunidad de “reconocer su responsabilidad y contribuir con la creación de la nueva sociedad sudafricana” (pár. 27-28).

En Chile, el presidente Patricio Aylwin Azócar, al dar a conocer a la ciudadanía el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación en 1991, declaró que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación había sido instaurada frente a “una herida abierta en el alma nacional, que sólo [podremos] cicatrizar si [procuramos] reconciliarnos sobre las bases de la verdad y de la justicia”. Como lo explica Pierre Hazan (2010), este acercamiento sobre la verdad hace visible un cambio en la percepción de las estrategias de reconciliación nacional que, otrora, hacían énfasis en la reunificación de las naciones a través de mecanismos de amnistía y otras formas sociales que daban preferencia a políticas de silencio antes que a la revelación exhaustiva de lo sucedido. Desde la post Guerra Fría esta tendencia se reversó: “[…] de ahora delante, después de momentos de violencia, la recomposición de la unión nacional y la reconciliación vendrían después de una necesidad por la verdad” (p. 39).

La necesidad de esclarecer para cerrar brechas impone, sin embargo, una fuerte contradicción entre la verdad que se propone como cicatrización y la que, siguiendo con la metáfora médica, sencillamente revela la herida. Ya lo enunciaba de una forma contundente Martín Lutero: “La paz, si es posible; pero la verdad, a toda costa”. Esta frase releva una disociación entre verdad y paz (entendida como sosiego) que los discursos predominantes sobre justicia transicional hoy en día han disuelto paulatinamente.

Tal constatación sintetiza buena parte del dilema que deben enfrentar las comisiones sobre el dolor por revelar y, específicamente, sobre sus efectos frente a las metas de unidad y superación de la violencia que las inspira. En otras palabras, muestra el enfrentamiento entre el potencial del esclarecimiento de la verdad y las expectativas fijadas por la doctrina transicional recopiladas en el acápite anterior.

En nuestro concepto, el dilema no es absoluto pues las comisiones pueden generar con las verdades, tanto las satisfactorias como insatisfactorias, dificultad y dolor. En la instalación de la Comisión de la Verdad colombiana, el padre Francisco de Roux, presidente de este organismo, afirmaba: “Los invitamos a que va[ya]mos juntos detrás de una verdad que responda a todas las víctimas, una verdad dolorosa pero necesaria, sin sesgos ni condiciones ni negociaciones, buscada con la mayor libertad posible, sin subordinaciones, sin intereses de poder político ni de prestigios, ni de dineros. Una verdad difícil y franca” (De Roux, 29 de noviembre del 2018).

Es de recordar las palabras del discurso de presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana donde el presidente de este organismo, Salomón Lerner Febres, enfatizaba que “[L]e toca al Perú confrontar un tiempo de vergüenza nacional. Con anterioridad, nuestra historia ha registrado más de un trance difícil, penoso, de postración o deterioro social. Pero, con seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza y la deshonra como el que estamos obligados a relatar” (Lerner Febres, 28 de agosto del 2003).

Las expresiones de “dificultad” y “vergüenza” con ocasión de la verdad no son sino manifestaciones de las verdades insatisfactorias que un proceso de esclarecimiento de los conflictos impone; aun teniendo en cuenta que una verdad satisfactoria también puede causar dolor, inconformismo o vergüenza. Diez años después de la presentación del informe, Lerner destacó la necesidad de “‘una memoria honesta, purificada’, que no esconda las cosas malas que ocurrieron, ‘porque solo así se puede avanzar y superar’” (ICTJ, 2013).

El beneficio de revelar verdades suele ser una discusión sin punto final. Una sociedad en transición puede compararse con un paciente enfermo. No en vano los médicos discuten con frecuencia cuánta verdad pueden recibir sus pacientes sin afectar la autonomía de su toma de decisiones. En un escenario de revelar verdades, la mejor opción, sugieren Wells y Kaptchuck (2012), es la que implica menos daño para el paciente. En una sociedad en posconflicto, no obstante, ¿cómo definir qué verdades hacen daño? Bajo ese argumento, múltiples verdades fácilmente podrían diluirse para evadir responsabilidades e insatisfacciones. El equilibrio sobre cómo generar verdades que sean provechosas para una sociedad en reconstrucción no es meta fácil de conseguir.

La dimensión narrativa es un aspecto particularmente relevante en esta discusión. Gabriel García Márquez escribió en el informe que entregó la primera Misión Internacional de Sabios, en 1994: “Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita”. La separación de la narración de la verdad y la realidad de las comunidades, resalta García Márquez, “ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad” (Revista Semana, 2019).

La sistematización de los testimonios de violencia y de los relatos de las víctimas hace que la pregunta por las implicaciones de la verdad y su narración tome escenario de una manera particularmente vivaz. El lenguaje de análisis puede invisibilizar la realidad descriptiva. Como reflexiona Mertus (2000), “[i]ncluso cuando el Tribunal nombra su crimen, la víctima sobreviviente apenas puede reconocerlo ya que el proceso y el lenguaje de la ley transmuta las experiencias individuales en algo categóricamente distinto”.

En este sentido, los episodios de violencia deben ser articulados de una forma que puedan transmitir una narración clara a la que se llegue por procesos de clasificación de los testimonios y de procesamiento de los datos, en el sentido de la reflexión de la Comissão Nacional da Verdade de Brasil: “Evitamos aproximações de caráter analítico, convencidos de que a apresentação da realidade fática, por si, na sua absoluta crueza, se impõe como instrumento hábil para a efetivação do direito à memória e à verdade histórica” (Comissão Nacional da Verdade, 10 de diciembre del 2014).

Sobre este problema, Saunders (2008) explica que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica tradujo los testimonios de las víctimas sobrevivientes desde su crudeza a un lenguaje sofisticado de derechos humanos que implicaba articular las experiencias de las personas que habían sufrido en carne propia la guerra en un relato ajeno a los contextos particulares, limitado a pocas víctimas, y diseccionado en partes útiles para la elaboración de un relato jurídico controlado.

Stener Ekern, consultor de la Comisión de la Verdad para El Salvador, ha señalado que muchas de las reflexiones que los sobrevivientes a la guerra civil compartieron con él en terreno indicaban el uso de marcos teóricos para entender y superar la violencia política distintos de los señalados por el mandato del organismo (Ekern, 2018).

En este sentido, Ekern (2018), al mirar críticamente el trabajo de la Comisión para la que trabajó, asegura que al ajustar historias locales de graves hechos dentro de “catálogos” de violaciones de derechos humanos se puede distorsionar el significado de esas historias y, por ende, esos relatos no sirven para el propósito de sanar y reconciliar a una sociedad herida por la violencia.

La elaboración de las comisiones en este punto debe trazar una reflexión clara sobre el estatus de sufrimiento y dolor que está dispuesta a transmitir. Retomando la metáfora médica: se presenta el dilema entre hacer doler la herida o hacerla cicatrizar. Esto, además, sin conocer los efectos concretos históricos que puede implicar un relato cuyo interés sea poner el sufrimiento en el centro o uno que se centre en construir un relato de superación de lo sufrido.

La verdad satisface si es eficiente: si lleva a un fin determinado, claro y concreto. Pese a que históricamente siempre serán inciertos a futuro de las medidas de esclarecimiento de la verdad, paradójicamente, al esclarecimiento de la verdad sobre el pasado (desde el presente) se le ha atribuido una especie de poder productivo del futuro bajo la frase “quien no conoce el pasado está sentenciado a repetirlo”. Premisa que varias experiencias de comisiones de la verdad (como las de El Salvador, Uganda, Sudáfrica o Liberia) han venido a refutar, pues revelar las verdades de las atrocidades cometidas en esos países no ha sido suficiente para evitar la repetición.

En el caso de El Salvador, después de un gran esfuerzo institucional con apoyo de la comunidad internacional, no se desarticularon los procesos de violencia: estos, sencillamente, modificaron su cauce. Hoy, como es conocido, las maras (pandillas) –una consecuencia, por cierto, de la guerra civil– han hecho de El Salvador uno de los países más violentos del mundo.

“¿Cómo explicar las altas tasas de homicidios prevalecientes en El Salvador? En primer lugar, el país salió de una guerra civil que duró más de diez años. Esta guerra no sólo trajo graves consecuencias para su desarrollo, sino que además exacerbó la ya existente cultura de violencia (Martín-Baró, 1990; Samayoa, 1987). En tal sentido, los acuerdos de paz que pusieron fin al enfrentamiento bélico resolvieron las diferencias políticas que alimentaban el conflicto, pero no prepararon a la sociedad para resolver las secuelas de la guerra. El Salvador aún enfrenta algunas consecuencias del prolongado conflicto. No es temerario pensar que las actuales tasas de homicidios son el legado de la cruenta guerra civil” (Cruz, González, Romano y Sisti 2000: p. 180). Cabe entonces preguntarse: ¿para qué sirvieron tantos esfuerzos por rescatar la verdad de la guerra? “Nosotros creíamos que íbamos a tener más impacto”, admitió el propio Ekern en una entrevista radial en 2019.

En su investigación sobre tres estudios de caso de comisiones de la verdad (Kenia, Sierra Leona y Timor-Leste), Langer (2017) analiza la desestimación de las recomendaciones producidas en los informes finales de las comisiones de la verdad creadas después del conflicto armado, y concluye que en estos tres países las comisiones tuvieron un impacto limitado en la vida de las personas tanto como en la búsqueda de la paz, la democracia y la reforma institucional, para lo cual un obstáculo mayor fue la falta de voluntad política. “Por ahora, las comisiones de la verdad son mecanismos de justicia transicional alentados por la comunidad internacional, cuya importancia práctica es sobredimensionada. Esto no quiere decir, sin embargo, que las comisiones de la verdad no [sean] necesarias o no [tengan] ningún valor” (Langer 2017: 204).

Vale la pena revisar de manera crítica los efectos que la labor de esclarecimiento histórico de los conflictos, a través de comisiones de la verdad, ha tenido en algunas sociedades donde se cree que el aporte no fue realmente significativo en términos de reconciliación. “A pesar de la preminencia de las comisiones de la verdad, la pregunta clave sobre el mérito de este MJT [mecanismo de justicia transicional] se ha centrado en los académicos de la justicia transicional, y aún no se ha establecido un consenso (Olsen et al., 2010; Van der Merwe, Baxter y Chapman, 2009). Mientras tanto, críticos como Mendeloff (2004) han argumentado que los beneficios percibidos de las comisiones de la verdad se basan a menudo en especulaciones en lugar de pruebas empíricas, lo que genera fácilmente expectativas poco realistas (véase también Shaw, 2005; Wilson, 2001)” (Langer, J., 2017: 180).

Al reseñar el libro Testimonios perturbadores: ni verdad ni reconciliación en las confesiones de violencia de Estado, Sánchez (2009) anotaba que “[p]ese a la fuerte demanda de las sociedades por la verdad judicial, esta deja profundas insatisfacciones”. Por ejemplo, dice, de un victimario no se espera solo la verdad, sino que “parece añadirse la expectativa del sentimiento de culpabilidad y el gesto de arrepentimiento, como si estos fueran un componente indisociable de la expectativa de verdad”. Y, a veces, aunque el victimario se arrepienta, “la sociedad difícilmente le cree” (pp. 131-132).

“La justicia no puede confundirse con la verdad, que a su vez no puede confundirse con la paz o con el bien”, argumenta Brodsky (2014, p. 6). “Sin embargo [añade], la justicia ha sido el camino para satisfacer las demandas de verdad –que son garantías de reparación moral– de las víctimas y familiares de víctimas en períodos represivos”, reforzando así la idea que aparatos de justicia, como el sistema interamericano, han asumido que la verdad, de algún modo, puede entenderse como una compensación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a quienes el Estado les falló a la hora de investigar y sancionar a los responsables.

El Salvador no es, por supuesto, el único país donde se ha cuestionado el impacto y los alcances de la verdad que, en su caso, dio a conocer un organismo creado específicamente con ese fin. En Sudáfrica también se ha cuestionado en qué medida el proceso y la comisión de la verdad sirvió para desarticular la violencia estatal que opera con base en la discriminación racial.

Según Gibson (2004), existe poca evidencia de las consecuencias que desata la verdad pensada para la reconciliación. Por ello realizó una encuesta a una muestra representativa de más de 3700 entrevistados entre los años 2000 y 2001, justo cuando la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica terminaba su mandato. Gibson concluyó que la relación causal entre verdad y reconciliación en Sudáfrica pasaba por muchos factores, que incluían las experiencias de cada grupo racial durante el apartheid. Por eso, concluyó, mientras los sudafricanos blancos ejercen la premisa de que la verdad lleva a la reconciliación, los negros creen que la verdad no lleva a la reconciliación ni la reconciliación a la verdad.

La pregunta sobre el efecto útil de las comisiones de la verdad nos permite trazar una pregunta analítica sobre el vínculo entre la verdad como una medida de satisfacción y la verdad como una medida de utilidad, de forma que la verdad que no permitiera tener un efecto útil para modificar el quehacer histórico de la violencia podría encontrarse profundamente insatisfactoria frente a una meta transicional.

Lo anterior nos lleva a una constatación del estatus transformador que ha adquirido la verdad con base en los discursos transicionales: a la verdad le es conferida la carga de transformar la sociedad y a las instituciones encargadas de revelarla les es dada la función de generar los cambios necesarios para futuros fuera de la égida de la violencia.

La verdad entendida bajo un imaginario de salvación genera necesariamente un nivel de insatisfacción. Es claro que en situaciones como la de El Salvador, donde además de un conflicto armado ha existido un conflicto económico y sociocultural de larga duración, o el caso sudafricano, donde además de lo anterior ha habido un sistema de segregación conocido como apartheid, la verdad no resulta un dispositivo suficiente para realizar las transformaciones sociales que requiere un abordaje de tal magnitud.

En últimas estamos hablando de una paradoja: la verdad se muestra como un dispositivo permanente y pertinente para satisfacer a la sociedad, pero, a través de una imagen idílica de ella, se le atribuye una carga que a la vez la hace profundamente insatisfactoria. Es previsible, entonces, que de la ampliación de las funciones de las comisiones de la verdad y la inflación de sus mandatos (cada vez tienen mayores atribuciones que, además, son difícilmente realizables) estemos transitando hacia una era en la cual podremos entender que las funciones de las comisiones de la verdad resultarán abiertamente contestadas como deficitarias.

Con esto queremos decir que, pese a su vigencia y pertinencia, la función de las comisiones de la verdad hoy por hoy está cruzada por un problema de insatisfacción. La verdad insatisfactoria no es solo un problema de la víctima concreta sino también de la institucionalidad creada para garantizar un valor de tal abstracción y con tal carga transformadora que todo tropiezo en lograr una sociedad reconciliada y que conviva de forma pacífica ve en ella al gran responsable.