Читать книгу Investigando las migraciones en Chile - Walter Alejandro Imilan - Страница 15

El acceso a la vivienda juega un rol central en la relación entre migración y ciudad. Por un lado, la localización de la vivienda abre o cierra posibilidades de inserción en geografías de oportunidades. Por otro lado, las condiciones de acceso y habitabilidad de la vivienda pueden mejorar o empeorar la calidad de vida, e incrementar o disminuir la vulnerabilidad de las personas migradas. Ambas dimensiones han sido abordadas en estudios de la Región Metropolitana de Santiago en la última década, centrados en describir y dimensionar esta relación.

En la Región Metropolitana, desde la década de 1990, los patrones de asentamiento de los nuevos flujos migratorios se han concentrado en comunas centrales y pericentrales. Por otro lado, migrantes de altos ingresos se han asentado en las comunas del llamado cono de alta renta. Hacia fines de la primera década de este siglo, el patrón de asentamiento se extendió hacia la totalidad de las comunas de la Región, incluida la periferia metropolitana. No obstante, destaca que aún en el año 2019, la comuna de Santiago acoge el mayor número de personas migradas de la Región, conformando los residentes extranjeros cerca de un 25% de la población total de la comuna (Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 2020). El trabajo de Razmilic (2019) presenta una evolución de las dinámicas de asentamiento en la región que configuran patrones de concentración y dispersión en diferentes comunas.

En los últimos cinco años estos patrones han experimentado un alto dinamismo, lo que se puede explicar desde diferentes dimensiones. Por un lado, es obvio que el aumento acelerado de los flujos migratorios a la región ha dado forma a una demanda inédita por vivienda. A lo anterior, se suma un mercado inmobiliario que ha experimentado una transformación significativa en la última década en virtud de un aumento sostenido en los precios de venta y arriendo, emergencia de nuevas tipologías residenciales de grandes alturas y departamentos de mínimo metraje, incremento de la informalidad en el acceso y la reemergencia de asentamientos precarios en la periferia; una tendencia que se pensaba controlada hace una década en virtud de programas masivos de vivienda subsidiada (López, Meza, & Gasic, 2014; Rodríguez & Sugranyes, 2004; Tapia Zarricueta, 2011). Muchos de estos fenómenos se encuentran aun insuficientemente estudiados debido a su muy reciente consolidación. El acceso a vivienda de población migrada se debe comprender al interior de esta trama compleja de elementos, que muchas veces experimentan situaciones mayores de vulnerabilidad y abuso respecto a la población no migrante.

La concentración en áreas centrales y pericentrales de la ciudad no responde, en el caso de Santiago, a una repetición mecánica del modelo ecológico de la Escuela de Chicago, tal como lo revisamos en las secciones precedentes. Este hecho es producto de un contexto urbano específico. De hecho, en otras ciudades metropolitanas como Buenos Aires, el acceso a vivienda de la población migrada se expresa en un patrón de localización en la periferia y no en áreas centrales (Magliano y Perissinotti, 2020). El asentamiento en áreas centrales de Santiago fue posibilitado por un proceso de despoblamiento del centro de la ciudad que se venía produciendo desde la década de 1970, agravado por el deterioro producto del terremoto de 1985 (Contreras Gatica, 2011). En la década de 1990 el paisaje habitacional del centro de Santiago ofrecía un importante número de inmuebles subocupados y en deterioro que prontamente empezaron a ser habilitados –muchos de forma precaria– para su arriendo a población migrada que iniciaba su arribo a la ciudad. Paralelamente, en esos años se inicia un plan de repoblamiento de la comuna que favorece la inversión inmobiliaria, la emergencia de nuevos servicios y la consecuente atracción de nuevos habitantes. Este proceso de concentración en áreas centrales y pericentrales, si bien es una tendencia masiva, es necesario puntualizar que personas migradas de altos ingresos se asientan en comunas del cono de alta renta, así como personas de nacionalidad haitiana se concentraron, posterior al 2010, en la comuna de Quilicura, para luego moverse hacia otros sectores de la ciudad.

Un programa de investigación de la Universidad de Chile, que llevó a cabo estudios sobre la situación habitacional migrante entre el 2006 y 2010, afirma como conclusión:

aunque la mayoría de los inmigrantes no reporta problemas de vivienda, muchos son habitantes de barrios centrales deteriorados, que es uno de los programas que el sistema habitacional chileno ha desarrollado menos y en una zona que se vio afectada por el terremoto (de 1985) (Arriagada Luco y Órdenes, 2011, p. 7).

No obstante, la situación ha cambiado fuertemente en la última década. El mismo programa de investigación identifica diez años después de su primera publicación una situación diferente, marcada por cambios en la estructura de oferta y demanda de vivienda, alza del arriendo y la reorganización del sector inmobiliario global y local como base de un boom de procesos de renovación urbana, rentismo y surgimiento de negocios de subarriendo precario para migrantes (Arriagada-Luco & Jeri Salgado, 2020, p. 7). El trabajo de Contreras, Ala-Louko y Labbé (2015) ha profundizado en las condiciones de acceso en espacios tugurizados y de deficiente habitabilidad en barrios donde conviven personas migrantes vulnerables con nuevas clases medias, e incluso con algunas tendencias de gentrificación.

Durante la última década se incrementan las deficientes condiciones de habitabilidad en la que acceden a una vivienda las personas migrantes. El análisis de Razmilic (2019) sobre información censal y Casen 2017 muestra que cerca del 20% de la población migrada habita en condiciones de hacinamiento, duplicando a la población no migrante. El déficit habitacional cuantitativo, que consiste en calcular la necesidad de viviendas para abordar situaciones de hacinamiento y allegamiento, se estimó en el año 2017 en algo más de 400 mil unidades de vivienda a nivel país. La población migrante representa el 13,8% de este déficit, con especial presencia en comunas de la Región Metropolitana. Los datos estadísticos disponibles son claros en mostrar la desigualdad en las condiciones de habitabilidad entre población migrante y no migrante. En una línea similar, el informe de Fundación Techo (Centro de Investigación Social, CIS TECHO-Chile, 2017) destaca la condición de informalidad de acceso a la vivienda. Esta situación afecta desigualmente a distintos colectivos, siendo personas de origen haitiano las que más acceden a viviendas sin contrato, mientras que personas de origen venezolano acceden comparativamente en mayor número en condiciones formales. Esta situación evidencia una clara discriminación por ingresos económicos, educación formal y raza en las formas de acceso a la vivienda, deviniendo en un factor que refuerza la vulnerabilidad de determinados colectivos (Contreras et al., 2015).

El concepto de «arriendo abusivo», si bien existe en la legislación chilena, su aparición pública en años recientes se encuentra estrechamente vinculada a la situación migrante. Troncoso, Troncoso y Link (2018) plantean la necesidad de redefinir el concepto, pues está basado en una relación asimétrica entre arrendador y arrendatario, construido sobre una falta de información y especulando con las limitadas posibilidades de la persona migrada de acceder a otras alternativas habitacionales. El arriendo abusivo se suele vincular con bajas condiciones de habitabilidad, precios de arriendos comparativamente altos e inseguridad de la tenencia. Identificada esta situación que padece un importante número de personas, algunos estudios han propuesto la necesidad de que los programas habitacionales y normativas particulares aborden características de la población migrada (Arriagada-Luco & Jeri Salgado, 2020). Si bien se ha expresado la preocupación de cómo la política regular no logra proteger a personas migradas vulnerables, aún no se han realizado pasos concretos, tal como expresa un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, sobre las limitaciones que experimentan migrantes para acceder al sistema de subsidios de arriendo (MINVU, 2018).

El estudio de la situación habitacional ha estado principalmente focalizado en el análisis estadístico o en la descripción de situaciones de arriendo abusivo (Arriagada Luco y López, 2018; Contreras et al., 2015). El acceso a vivienda por medio de un asentamiento precario, como son los campamentos, ha tenido atención descriptiva y analítica, principalmente en ciudades como Antofagasta o en una escala a nivel país (CIS TECHO-Chile, 2017; López-Morales, Flores, y Orozco, 2018). En Santiago, especialmente en comunas periféricas, han aumentado los residentes extranjeros en asentamientos precarios. Una revisión de prensa permite identificar que desde el 2018 se empiezan a publicar numerosos artículos periodísticos que plantean esta tendencia creciente, pero aún hay pocos estudios en esta dirección que puedan aportar no solo a describir la situación migrante, sino también comprender nuevos procesos de los asentamientos precarios. En esta línea, el trabajo de Palma (2020) se centra en Colina, y destaca las posibilidades que ofrecen los campamentos para que las familias puedan adaptar el espacio habitacional a sus necesidades, pese a la precariedad. Esta afirmación es coherente con resultados de estudios de la última década sobre campamentos, que identifican razones similares esgrimidas por población no migrante: altos precios de arriendo y consideraciones de seguridad (Brain, Prieto, y Sabatini, 2010; Rivas, 2013). La relación entre nuevos campamentos y población migrada requiere reconceptualizar la situación de los asentamientos precarios, vinculando esta reemergencia a programas habitacionales, expectativas y conocimientos de habitar de las personas migradas con mercados de vivienda y suelo entregados al imperio de la ganancia privada (Imilán, Osterling, Mansilla, y Jirón, 2020).

La perspectiva de la vivienda como objeto y fuente de recursos de integración es uno de los tópicos clásicos que vincula la investigación urbana con migración. El trabajo de J. Riis de fines del siglo XIX en Nueva York, la Escuela de Chicago y la sociología urbana en general han abordado profusamente este campo, la mayoría de las veces desde un enfoque funcionalista y de análisis de desigualdades distributivas, produciendo evidencias de cómo las condiciones raciales y étnicas juegan como factor de discriminación e incremento de la precariedad. Más allá de los análisis de acceso, la vivienda también es un espacio con dimensiones significativas y sensibles que las personas apropian y transforman, formando parte de/en las experiencias de desarraigo y adaptación. En la relación vivienda y migración, el concepto de hogar tiene una significancia especial cada vez más visitada por la investigación internacional (Miranda Nieto, Massa, & Bonfanti, 2020). La vivienda aquí no es vista como un objeto o un bien, sino como proceso de espacialización de una experiencia migratoria. En esta línea, para Santiago, el trabajo de Bonhomme (2013) plantea cómo las materialidades al interior de las viviendas, objetos y decoraciones juegan un rol de apropiación, de construcción de un espacio bajo control por parte de sus habitantes. De forma similar, Imilan (2017) sugiere, a través del análisis de una práctica de la vida cotidiana, cómo es el cocinar, las diversas emociones, memorias y significaciones que permiten re-crear un hogar desde la experiencia migrante; la vivienda, entonces, deviene en un espacio construido de afectos, memorias y nuevos sentidos.