Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 17

El plan antiinflacionario del «gobierno de los gerentes» fue relativamente exitoso en el corto plazo, pero provocaría una crisis cambiaria y un rebrote de la inflación en 1961¹⁷⁷. Entretanto, las restricciones en relación con el reajuste de salarios afectaron seriamente a la clase trabajadora en el sector privado y a los empleados del sector público, incluyendo al Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. A fines de 1959, la Corte Suprema reiteró su reclamo por la situación deteriorada de la judicatura en un oficio al Presidente de la República:

Excmo. señor Presidente: Preocupa al Tribunal desde hace mucho tiempo el desinterés de los abogados por ingresar al Servicio Judicial.

Cuesta encontrar personal idóneo en los concursos para los primeros peldaños del servicio, más arriba se advierten notorias deficiencias, y funcionarios de provincia rehúsan ir a los asientos de Corte, incluso a Santiago, en calidad de suplentes o interinos. Aun en las más altas categorías, en la Corte de Apelaciones de la capital, Ministros cambian su toga de jueces por la de abogados o por modestas notarías de departamentos.

(…) No ignora la Corte Suprema la estrechez del erario, pero, consciente de su responsabilidad en la dirección de un Poder del Estado, tiene la obligación de hablar ante V. E.

(…) Tenemos el deber de defender no sólo a la institución, sino también a sus servidores y para ellos pedimos fervorosamente, en especial para los de más abajo, que el Gobierno contemple su situación¹⁷⁸.

En relación con el presupuesto fiscal para los servidores públicos, el ministro de la Corte Suprema, Emilio Poblete, publicó una carta en El Mercurio exhortando a la ciudadanía (e indirectamente al gobierno y al Congreso) para que apoyara un presupuesto adecuado para las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, criticaba fuertemente los juicios en Nüremberg contra los líderes nazistas y la «invención» pos facto de los delitos de guerra:

«¡Ay de los vencidos!», era en la antigüedad el grito vengativo del triunfador.

Después del ominoso precedente impuesto por el proceso de Núremberg –ese epílogo atroz de la última guerra, que confió a los vencedores el privilegio de crear delitos y sindicar malhechores a su arbitrio, sin ley preestablecida, y juzgar las acciones de sus adversarios con tribunales parciales constituidos por los propios enemigos de los acusados–, aquella sentencia secular se enrojece con implicancias aterradoras.

Basta, entonces, de censuras y objeciones que pueden prepararnos el desastre; Basta de críticas e interferencias perturbadoras en la consideración de los delicados problemas de la defensa nacional, que encuentran su peor justificación en el regocijo con que son observadas desde afuera por vecinos más previsores. (…) Dispongámonos, de una vez por todas, a dotar a los institutos armados de los equipos y elementos modernos que necesiten para poder responder a la sagrada y específica misión defensiva que el país les ha confiado; hagámoslo aun a costa de contribuciones extraordinarias de defensa nacional, que ningún habitante de Chile podría excusarse de servir con entusiasmo en las actuales circunstancias, y al hacerlo, habremos cumplido lealmente con la patria y hecho reparadora justicia a los miembros del Ejército, Marina de Guerra y Aviación Militar, dignos de recibir los instrumentos necesarios para su eficaz entrenamiento, a la vez que adecuados a sus reconocidas capacidades profesionales¹⁷⁹.

Este llamado a un leal patriotismo con las Fuerzas Armadas, iniciado a propósito del presupuesto fiscal, dio lugar a un análisis del sistema internacional que criticaba los nuevos convenios relacionados con los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad y que parecía distanciarse bastante del supuesto «apoliticismo» del Poder Judicial. Publicar una crítica sobre los juicios en Nüremberg, en 1959, no era exactamente un acto «apolítico» de un ministro de la Corte Suprema en plena Guerra Fría y a menos de un año de la victoria de Fidel Casto en Cuba. Pero, ¿cómo entender si Poblete defendía sinceramente la tradición liberal (Nullum crimen sine lege) o silas palabras del ministro de la Corte Suprema tenían otros fundamentos, o tal vez eran una advertencia preventiva? En su planteamiento no se distinguía entre enemigos externos e internos contra quienes las Fuerzas Armadas defenderían la patria.

Las necesidades económicas del Poder Judicial y la reforma del Código Orgánico de Tribunales en 1961 se discutieron en el Congreso. Los debates mezclaron temas financieros, alabanzas del gobierno y críticas desde el FRAP y la Democracia Cristiana al Poder Judicial. En esa discusión se hizo mención de una larga lista de puestos vacantes entre jueces y funcionarios, de norte a sur, lo que preocupaba tanto al Colegio de Abogados como a la Asociación de Abogados, por el «enorme peligro en que se hallaba el Poder Judicial»¹⁸⁰.

Esta combinación entre denuncias y alabanzas al Poder Judicial se ilustra en el debate en la Cámara sobre el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en enero de 1961 sobre un proyecto de ley (originado en un mensaje del Ejecutivo, calificado con urgencia), para aumentar las remuneraciones del personal del Poder Judicial y en la discusión y aprobación del proyecto de ley en el Senado a inicios de febrero¹⁸¹. El ministro de Justicia Enrique Ortúzar señaló que «cuanto hagamos hoy por defender y conservar la solidez y la idoneidad del Poder Judicial será garantía en el mañana de la preservación de un régimen jurídico institucional que es ejemplo en América de la más pura democracia y es la mayor expresión de libertad y respeto de todos los derechos»¹⁸². Los diputados del FRAP, aun cuando apoyaban el reajuste de salarios de los funcionarios y jueces del Poder Judicial, aprovecharon la oportunidad para dejar constancia de sus quejas respecto de los fallos recientes de varios ministros y también del papel de la judicatura en la mantención de un régimen y gobierno injusto¹⁸³.

Intervino el diputado Cademártori:

Vemos, con extraña frecuencia, la coincidencia ya reiterada de que, en los últimos fallos recaídos en asuntos de carácter político suscitados durante el actual gobierno, el Poder Judicial ha fallado en contra de los personeros de la oposición que están siendo perseguidos por el Ejecutivo. Podemos empezar por el caso de la primera persecución que se hizo en contra de don Humberto Mewes, que fue candidato a senador por la provincia de Santiago; enseguida están los casos de la dirigente política, doña Julieta Campusano; del actual Secretario General del Partido Socialista, don Salomón Corbalán; del Director del diario El Siglo, señor Villegas; del presidente de la Central Única de Trabajadores, don Clotario Blest, es decir, podemos advertir toda una política sistemática de persecución a los más directos representantes de la oposición popular a este gobierno.

(…) hay en estos [fallos] problemas de carácter político, como todos lo sabemos muy bien, muchas aristas que considerar, e influye mucho la conciencia y la apreciación de los altos funcionarios del Poder Judicial en la calificación de estos asuntos. Por este motivo, nosotros no consideramos que la independencia del Poder Judicial va a quedar a salvo con este proyecto. Por el contrario, creemos que la forma discriminatoria como se hace el mejoramiento ahondará esta situación¹⁸⁴.

Los sectores de izquierda apoyaron el reajuste de salarios y los procedimientos para llenar las vacantes en el sistema de justicia, pero como se ha evidenciado, había poca reverencia con el Poder Judicial. Incluso vendrían tiempos aún más conflictivos, que pondrían a prueba al Poder Judicial entre 1961 y 1964.

Durante los primeros meses de 1961 hubo, de nuevo, una intensa movilización sindical y una ola de huelgas en varios sectores (cobre, ferroviarios, salud, la empresa Compañía de Acero del Pacífico [CAP], magisterio, panificadores, carbón, salitre) tras la exigencia de aumentos salariales que compensaran el incremento de la inflación.En algunos casos fueron detenidos los dirigentes sindicales y gremiales por huelgas ilegales, como ocurrió con los maestros y por la huelga en Huachipato (14 de los 19 dirigentes sindicales estuvieron detenidos en la cárcel de Talcahuano y luego dejados en libertad por falta de méritos por orden del juez militar –los cinco restantes saldrían al día siguiente en libertad bajo fianza)¹⁸⁵.

Para solucionar el conflicto después de 12 días de huelga, La Nación informaba que entre los acuerdos logrados estaba el desistimiento de las peticiones de desafuero de los dirigentes sindicales presentadas ante los tribunales del Trabajo. La empresa se comprometió a reincorporar a los obreros que habían sido expulsados en la huelga, no así a los obreros que fueron detenidos por los incidentes realizados durante la huelga. Sin embargo, los que hubiesen sido puestos en libertad podrían volver a su trabajo. En cambio, los obreros sometidos a proceso a causa de la huelga quedarían fuera de la empresa¹⁸⁶.

A la vez, el gobierno seguía también la modalidad de querellarse contra periodistas que «injuriaran» o «calumniaran» a las autoridades¹⁸⁷. En marzo, el intendente de Santiago, Ramón Álvarez Goldsack, presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago dos denuncias, una por injurias contra el diario El Siglo y otra por calumnias contra el diario Las Noticias de Última Hora. El Siglo fue denunciado por un artículo que apareció el 7 de marzo de 1961, donde se comentó la forma de actuar de la autoridad en las elecciones parlamentarias. El intendente se querelló por injurias, porque consideró que ese comentario era lesivo contra su persona y el cargo que investía¹⁸⁸. Se informó que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Israel Bórquez y Eduardo González comenzaron a instruir (simultáneamente y a la vez en forma separada) sumarios para investigar las querellas presentadas contra El Siglo y Las Noticias de Última Hora. En mayo, por orden del ministro sumariante Israel Bórquez fue detenido el director responsable de El Siglo Mario Cerda Gutiérrez. El ministro lo interrogó y lo notificó de la encargatoria de reo, siendo trasladado a la Cárcel Pública¹⁸⁹. Sin embargo, las autoridades desistieron de la querella y el ministro Bórquez sobreseyó a Cerda¹⁹⁰.

En otro caso, el periodista Hernán Millas (diario El Clarín) fue detenido e ingresó a la Cárcel Pública luego de haber sido notificado de su sentencia. El ministro de la Corte de Apelaciones Eduardo Ortiz lo condenó a la pena de 100 días de relegación en la localidad de Chanco, por el delito de injurias contra el ministro de Justicia Enrique Ortúzar¹⁹¹.