Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 23

A fines de mayo y comienzos de junio de 1961 se produjeron algunas movilizaciones de organizaciones de estudiantes secundarios y técnicos, que se sumaron a las huelgas que estaban en proceso, agregándose a las múltiples fuerzas que protestaban por las políticas del gobierno. El 24 de mayo, El Correo de Valdivia tituló: «Precipitación de órdenes de represión motivaron ayer condenables incidentes». El diario informó que en la ciudad de Valdivia «la inusitada violencia sembró la confusión y el pánico durante 3 horas (…) una tranquila concentración estudiantil que se efectuó a las 15 horas de ayer en el Parque Municipal, posteriormente se transformó en una verdadera batalla campal entre fuerzas de Carabineros y alumnos de los diversos planteles educacionales que participaban en la manifestación»²⁴⁷.

Los estudiantes, que habían intentado desfilar desde el Parque Municipal, se enfrentaron con Carabineros. Las fuerzas policiales detuvieron y agredieron al Presidente de la Federación de Estudiantes, Fernando Strange, y hubo varios heridos entre estudiantes, civiles y carabineros; cuatro estudiantes fueron detenidos en la manifestación²⁴⁸. El senador Contreras Labarca (PCCH) denunció que «tenemos en Valdivia, como en Santiago, estudiantes heridos, algunos baleados, y estudiantes procesados que han caído en el mecanismo de la justicia militar. (…). El movimiento estudiantil de Valdivia es la primera explosión de un volcán que está acumulando fuerzas con motivo de la indolencia del Gobierno para resolver los problemas que afectan a la zona devastada por los sismos»²⁴⁹.

De nuevo se hizo evidente que el sometimiento de civiles al fuero militar por hechos de violencia contra Carabineros era una modalidad natural en el sistema de justicia criminal en Chile, de acuerdo con el Código de Justicia Militar y la ley de seguridad interior del Estado. Las implicaciones políticas y las consecuencias en relación con los derechos humanos de los afectados por esta institucionalidad se debatían cada cierto tiempo en el Congreso, pero no se tomaría conciencia cabal en el país del costo potencial de sangre y sufrimiento de esta amplia jurisdicción de la justicia militar hasta después de 1973.

En junio, las protestas estudiantiles en Santiago y otras ciudades, en solidaridad con los estudiantes de Valdivia, también terminaron en violencia callejera. En la Cámara de Diputados, el parlamentario Bernardo Araya (PCCH) expresó la necesidad que se adoptaran «medidas terminantes en contra de la conducta abusiva, de tipo nazi, que están asumiendo los carabineros, no sólo en contra de los estudiantes, sino de los trabajadores que salen a la calle a protestar en defensa de sus derechos económicos y sociales»²⁵⁰. El diputado Constantino Suárez (PDC), por su parte, dio su testimonio personal sobre los incidentes en que fueron baleados, golpeados y detenidos algunos estudiantes: «Nos van a decir de nuevo que hay que defender el orden. ¿Qué orden? ¿Quieren que no se grite en las calles, que todo el mundo camine tranquilo por las aceras? Para ese orden, ¡el Cementerio General! Allí no protesta nadie, las cruces están alineadas perfectamente»²⁵¹.

El diputado Luis Valente (PCCH) informó que había visitado la tercera comisaría de Carabineros en Santiago donde encontró 18 estudiantes detenidos (entre ellos, 6 mujeres), cuya edad fluctuaba entre 12 y 15 años. A pesar de la promesa del ministro del Interior de darles otro trato, fueron llevados en furgones a la Fiscalía Militar²⁵². Al otro día, Valente afirmó que «en todas las comisarías de Santiago [hay] estudiantes detenidos» y dijo también que la Cámara debía enviar una comisión para visitarles y conseguir su libertad. Agregó que el general Martínez «me declaró que era imposible dejar en libertad a los estudiantes, porque iban a ser pasados al tribunal competente, vale decir a la Fiscalía Militar, con parte de agresión, por haber inferido daños, según el parte de Carabineros, al personal de esa institución y a los vehículos motorizados de ese mismo servicio»²⁵³. El ministro del Interior negó que hubiera muertos, reconociendo varios heridos y detenidos, y añadió que no se había autorizado el uso de armas de fuego contra los estudiantes y que «la investigación de los hechos por parte del Gobierno quedaría entregada a la Justicia Militar»²⁵⁴. El mismo día la Cámara nombró una comisión especial investigadora de la huelga de estudiantes²⁵⁵.

El senador socialista Luis Quinteros Tricot (exdirector de la Penitenciaría de Santiago, 1938) lamentó «los excesos cometidos por las fuerzas policiales, expresados en apaleos y vejámenes a estudiantes en las calles de Santiago (…) en Las Últimas Noticias de hoy aparece la fotografía de un oficial de Carabineros –no de un grado inferior, ya que por los adornos de la gorra parece tratarse de un coronel– disparando su revólver contra un grupo de estudiantes que hacían manifestaciones callejeras. Ello nos parece, sencillamente, monstruoso»²⁵⁶. Quinteros propuso eliminar el fuero de Carabineros y que fueran juzgados por los tribunales ordinarios de justicia. No obstante, esta demanda no sería atendida en ese momento ni tampoco durante los siguientes cincuenta años.

El Siglo tituló su edición del día: «¡Baleados estudiantes! Cavernaria represión en contra del derecho al estudio. Senador Baltazar Castro golpeado por Carabineros»²⁵⁷. Sumándose a la protesta, el mencionado Castro informó que vivía «en el foco de los incidentes del día de ayer, frente a calle Ahumada, en la Alameda de las Delicias»:

Ayer han sido golpeados con ensañamiento estudiantes de 14 y 15 años, a quienes se les arrinconaba como a delincuentes y se tomó detenidos a transeúntes absolutamente ajenos a los acontecimientos. Justamente a las puertas del café Indianápolis, que queda en Alameda con Omer Huet, fueron detenidos dos suboficiales de la Aviación, a vista y paciencia de parientes míos, por la sola circunstancia de haberse acercado al grupo de Carabineros a pedir un poco de clemencia en el trato que se daba a un estudiante que quedó rezagado. Estos dos suboficiales fueron conducidos en vilo, a puntapié y palos, a lo largo de toda una cuadra, por el personal de Carabineros²⁵⁸.

El senador Castro describió los hechos extensamente, caracterizando las tácticas de Carabineros en términos negativos y racistas, con un desprecio evidente por los habitantes del continente africano: «¡No sé hasta dónde se va a rebajar la dignidad de las fuerzas policiales haciéndolas participar en esto que ya parece más bien una querella africana!»²⁵⁹.

El senador Bulnes Sanfuentes respondió haciendo referencia a un contexto más amplio para interpretar las protestas estudiantiles, esto es, su relación con la Guerra Fría y el ataque de las fuerzas comunistas contra el régimen vigente: «Tengo la impresión muy arraigada, como la tiene la mayor parte del país, de que se está librando actualmente una campaña sistemática, organizada e implacable para desprestigiar al gobierno, para barrenar el principio de autoridad, para minar nuestras instituciones constitucionales y legales, a fin de hacer posible el entronizamiento en el país de un régimen similar al de Cuba, al cual se cantan [apologías], todos los días, en esta sala. (…) El actual gobierno ha sido absolutamente respetuoso de la Constitución y de la ley, inmaculadamente respetuoso de todas las normas que rigen nuestra convivencia ciudadana»²⁶⁰.

Bulnes lamentó que se hubiera herido a estudiantes y violado el fuero parlamentario del senador Castro. Sin embargo, insistió que, respecto a la violencia callejera, «por cada estudiante secundario había dos individuos ya maduros, totalmente ajenos a ellos, que eran quienes instigaban y dirigían los actos de violencia»²⁶¹. Como prueba señaló que «cuando se visitaron las cárceles, había 39 estudiantes secundarios detenidos y 80 detenidos que nada tenían que ver con la educación secundaria». Según Bulnes, los estudiantes fueron dejados de inmediato en libertad, mientras los otros 80 «serán puestos a disposición de la justicia ordinaria para que los condene o los absuelva»²⁶². En relación con las críticas contra Carabineros, Bulnes se refirió a la amenaza revolucionaria representada por la izquierda y la CUT: «Se habla de que ayer los carabineros usaron armas. ¿Pero no sabemos nosotros que hace muy poco, en la asonada que provocó don Clotario Blest, los carabineros fueron agredidos con armas de fuego? ¿Pueden los carabineros salir desarmados, cuando los que están en frente de ellos pueden no estarlo, cuando los hechos demuestran que, en algunas ocasiones, estas asonadas han sido preparadas a base de gente armada?»²⁶³.

La detención de los estudiantes dio lugar a diversas denuncias en la prensa. El 7 de junio de 1961 se publicó en el diario El Siglo un artículo titulado «Al pan… pan», en cuyo texto se decía que «lo acontecido ayer, en la descomunal batalla del Cuerpo de Carabineros de Santiago contra los estudiantes secundarios, es una repetición de la “heroica” acción de Valdivia donde el salvajismo y la insania descarada de la mazorca verde no respetó a niños de 10 a 13 años, a mujeres transeúntes ni a parlamentarios que intentaron colocarles en su verdadero lugar (…)».

A raíz de esta publicación se inició un proceso judicial contra el periodista Roberto Landaeta Martínez, director del diario y autor del artículo, por injurias a Carabineros. En su declaración judicial, Landaeta Martínez asumió toda la responsabilidad por las expresiones vertidas en el periódico. En el contexto del interrogatorio señaló que:«apreciando ahora con más seriedad el artículo, que podría parecer injurioso, frente a ello puedo asegurar a VS. que no fue mi ánimo injuriar a Carabineros como institución sino, únicamente, hacer una crítica violenta (…)».

Como casi siempre, la declaración de carecer de animus injuriandi reduciría la penalidad del delito. El 26 de diciembre de 1961, el juez militar Carlos Pollarolo Maggi dictó sentencia en los siguientes términos: «se declara que se condena al reo Roberto Landaeta Martínez (…) al pago de una multa de cincuenta escudos a beneficio fiscal, como autor del delito de injurias y ofensas a las instituciones armadas»²⁶⁴.

Esa semana, el senador Radomiro Tomic (PDC) intervino en el Senado señalando que a su modo de ver había cuatro factores que estaban perturbando de un modo cada vez más peligroso la marcha hacia nuevas formas de organización de la convivencia nacional: la degradación creciente del Parlamento Nacional, así como la ineficacia y el prestigio cada vez más comprometido del Poder Judicial; el abuso de la autoridad civil en contra de la fuerza pública; los abusos de la fuerza pública en contra del pueblo y la ciudadanía; y el fracaso del régimen económico-social vigente en Chile para dar al país un orden social justo, dinámico y estable²⁶⁵.

El 8 de junio, la comisión especial designada por la Cámara de Diputados, presidida por Eugenio Ballesteros, citó al ministro de Educación Eduardo Moore, al director de Bibliotecas Guillermo Feliú, al director general de Carabineros Arturo Queirolo, al general Francisco Martínez, al coronel Luis Casanueva, a la directiva de la Federación de Estudiantes Secundarios y al médico jefe de la Asistencia Pública. La comisión solicitó también la nómina de las personas que fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia militar²⁶⁶.

Los estudiantes secundarios pusieron fin a la huelga el 9 de junio²⁶⁷. A su vez, los estudiantes de liceos comerciales depusieron el paro el 15 de junio y se reintegraron a sus establecimientos educacionales²⁶⁸. El 13 de junio, el diputado Emilio Molina (PR, exprofesor de Concepción) había solicitado en la Cámara que se dirigiera un oficio, en nombre del comité radical, al ministro del Interior; a lo que adhirieron los comités comunista, demócrata cristiano, democrático nacional y socialista, pidiendo que se considerara a la necesidad de dejar sin efecto, a la brevedad posible, las medidas represivas adoptadas en contra de los estudiantes que habían participado en el expresado movimiento huelguístico estudiantil y que, al mismo tiempo, fueran retiradas las fuerzas policiales de todas las manifestaciones públicas estudiantiles²⁶⁹. Se acordó también enviar la información recogida por la comisión investigadora a los tribunales de justicia una vez terminada la indagatoria²⁷⁰ .

Dos semanas después el diputado Orlando Millas, miembro de la comisión especial investigadora de la huelga de estudiantes, denunció que a las víctimas de los abusos de la fuerza pública les prohibieron participar y declarar en las investigaciones de los tribunales militares. Propuso un proyecto que permitiera la intervención de los perjudicados por el delito sometido a la justicia militar, tanto en el aspecto civil como penal. Sin embargo, como no había mayoría parlamentaria dispuesta a eliminar el fuero militar en los casos que involucraban a Carabineros, el proyecto no prosperó²⁷¹. Hacia fines de junio el general director de Carabineros, Arturo Queirolo, declaró ante la comisión de la Cámara. A pesar de los cuestionamientos públicos, reconoció que no hubo sanción para el coronel Casanueva por haber disparado a los estudiantes en la Alameda²⁷².

Aunque la Cámara identificó algunas responsabilidades de los que estuvieron involucrados en los sucesos, no hubo sanciones para los agentes del Estado por el uso excesivo de la fuerza. Para algunos estudiantes fue su primer aprendizaje práctico en relación con el funcionamiento y la autonomía de las fiscalías y tribunales militares.

Los detenidos fueron liberados y las movilizaciones estudiantiles dejaron de ser noticia hasta fines de agosto, cuando se inició un nuevo paro de estudiantes secundarios, declarando: «La Federación de Estudiantes Secundarios de todo el país se para con el objeto de exigir la reconstrucción de los establecimientos secundarios en la zona devastada por el terremoto, por una reforma sustancial de los programas de estudio y en solidaridad con las reivindicaciones del magisterio, y por redoblar la lucha por la defensa de la educación fiscal»²⁷³.