Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 38

A fines de 1961 el semanario Vistazo, ligado al Partido Comunista, empezó a publicar reportajes referidos a un complot de la derecha para terminar anticipadamente con el gobierno de Alessandri. A inicios de 1962 reveló algunos antecedentes sobre ese complot. Bajo el subtítulo «Fascismo en escena», en páginas centrales se informaba de una conspiración conservadora militar⁵³². El artículo recordaba que el semanario había publicado unos meses antes (Vistazo N° 477, 7 de noviembre de 1961) que el general norteamericano Robert Burns del estado mayor de la Junta Interamericana de Defensa había visitado Chile con la intención de impulsar una campaña contra Cuba y llegar a la creación de un ejército continental. Se agregaba que esa visita tenía el propósito de introducir «un nuevo principio táctico» en las FF.AA. chilenas: «abrir un frente interno cuando sea necesario contra las luchas gremiales y políticas de las masas populares. Para ello el ejército debiera asumir una doctrina y un nuevo estilo de operaciones que le permitiera reprimir una manifestación callejera, así como una lucha de guerrillas declarada».

El semanario vinculaba esos objetivos con las palabras de Dean Rusk, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, en relación con «las medidas defensivas individuales y conjuntas necesarias contra las diferentes formas de agresión política (…) que se elevan contra el hemisferio». A juicio de Vistazo, en ese contexto internacional se ubicaba el movimiento conspirativo de mandos del ejército y el Partido Conservador. Según la denuncia, el candidato a hombre fuerte después de un golpe de Estado era el coronel Ricardo Lecaros Amunátegui, quien era caracterizado por «su archi religiosidad que lo hacía ver ateos, comunistas, judíos, moros y sarracenos por todas partes (…) y le había dado por escribir PASTORALES RELIGIOSAS [mayúsculas en el original] que él mismo firmaba y hacía leer en las misas de los cadetes»⁵³³. Por esas conductas, en la Junta de Calificaciones varios generales pidieron su salida. Se oponían a su liderazgo un grupo de «generales blancos» de filiación masónica. Vistazo señalaba que la salida de Lecaros atenuó el golpismo⁵³⁴. Dos meses después Vistazo daba cuenta de un plan golpista consignado en una circular secreta. Entre los puntos indicados en esa circular se señalaba la exigencia al Congreso de una nueva ley anticomunista, la disolución posterior de ambas cámaras y nuevas elecciones dentro de un plazo de 6 meses, suprimiendo a todos los parlamentarios de izquierda⁵³⁵.

A inicios de abril, Vistazo reprodujo algunos documentos que calificó de «secretos» e hizo referencia a un documento elaborado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional también secreto: «Estudio de la situación militar de Chile en relación con la Política Internacional de Defensa de Argentina Perú y Bolivia» (documento con encabezado «Ministerio de Defensa Nacional. Estado Mayor de la Defensa. Departamento IV Logística»). El semanario se refería a una «siniestra maniobra del pentágono yanqui» que se daba a conocer en el documento; resumía su contenido expresando que se buscaba explicar «por qué “gorilas” de Argentina, Perú y Bolivia desatan histérica campaña revanchista. “Guerra del Lauca” es sólo una fase. Pretenden hasta “invasión armada” si hay conmoción social o Gobierno Popular en Chile. Estrategia frontal contra el Presidente Alessandri y luego contra el triunfo del FRAP en 1964»⁵³⁶. El reportaje señalaba que el general Horacio Arce Fernández, quien había sido el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional hasta el 7 de noviembre de 1961, había renunciado a su cargo después de entregar ese documento al comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Molina, considerando su gravedad, solicitándole que lo diera a conocer al Presidente de la República.

Bajo el subtítulo «Contra el FRAP. “Fidelismo” y milicias bolivianas» se reproducía el «Oficio Secreto N. 71 de 12 de septiembre de 1961 sobre reuniones del Estado Mayor de Bolivia con la Escuela Superior de Guerra de Perú, con el fin de organizarse contra “movimientos subversivos” (comunistas)». También se reproducía un aerograma confidencial N. 513 de 14 de septiembre de 1961 sobre reuniones en Buenos Aires de miembros de las fuerzas armadas de Perú y Bolivia con los mismos fines. Según el semanario, el informe reproducía 9 oficios secretos, todos ellos relacionados con la cooperación entre los tres países y los Estados Unidos, con el objetivo de «preparar el campo para invasiones armadas en los países donde surjan en el futuro regímenes de izquierda».El semanario acusaba como «cerebro yanqui» al embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Ben Stepansky, que era caracterizado como un «ruso blanco nacionalizado norteamericano».

El informe y los documentos probarían la alianza secreta de los tres países con fines antisubversivos. El reportaje terminaba preguntándose por qué el Gobierno de Chile y el Ejército no habían dicho nada⁵³⁷. El general Arce y el ministerio de Defensa confirmaron la autenticidad de los documentos y calificaron como traición a la patria que hubieran caído «en manos de extraños», indicando que esta situación debía ser investigada por la justicia militar⁵³⁸. El general (r) Arce rechazó el reportaje de Vistazo, calificándolo como movido «por la insidia, la maldad y la infamia», y señaló que esperaba que ya retirado del servicio no lo involucraran «en cuestiones totalmente ajenas a mi persona»⁵³⁹.

El ministro de Defensa Julio Pereira Larraín (PCU) ordenó un sumario administrativo dentro de las fuerzas armadas, designando al jefe del Estado Mayor general de la Armada vicealmirante Jacobo Neumann Etienne para llevarlo a cabo y como secretario al capitán de fragata y auditor René García Le Blanc⁵⁴⁰. El 15 de abril se cerró el sumario y se entregaron los antecedentes a la II Fiscalía militar para el proceso N. 869-62, caratulado «Infidencias por divulgación de documentos secretos que interesan a la defensa nacional»⁵⁴¹. Según la crónica que motivó el sumario, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos coordinaría a los estados mayores de Argentina, Bolivia y Perú ante la eventualidad del triunfo del FRAP en 1964. En la siguiente edición de Vistazo se informó en páginas centrales que el semanario y la imprenta Horizonte donde se imprimía habían sido allanados y que su director Daniel Urria se encontraba incomunicado por orden del fiscal militar Hernán Concha Salas⁵⁴². En tanto, el coronel Marcos Concha fue detenido por la divulgación de los documentos⁵⁴³.

En los números siguientes el semanario continuó reiterando la información sobre un eje militar entre Bolivia, Perú y Argentina y reproduciendo los dichos de parlamentarios de izquierda que se referían a la «confabulación de clases destinada a impedir el triunfo de los movimientos populares»⁵⁴⁴. También dio cuenta de la detención e incomunicación del periodista Edesio Alvarado, autor del artículo, inicialmente por 12 días⁵⁴⁵, por quien incluso se realizó una campaña internacional por su libertad. El semanario reproducía los comunicados de las asociaciones de periodistas que habían pedido su libertad al Presidente de la República. Sin embargo, Edesio Alvarado continuaría incomunicado por un nuevo período, así como el coronel Marcos Concha que se encontraba recluido en el regimiento Buin⁵⁴⁶. Días después fueron interrogados y careados los periodistas Edesio Alvarado, Sergio Villegas y el coronel Concha. El abogado defensor del coronel Concha, Robinson Álvarez, renunció y en su lugar asumió Alfredo Etcheverry⁵⁴⁷.

A fines de abril fueron declarados reo el coronel Concha y el periodista Edesio Alvarado⁵⁴⁸. Se realizaron actos de solidaridad para Alvarado en los meses siguientes⁵⁴⁹. Y finalmente, el 19 de junio salió en libertad⁵⁵⁰. El caso había dado origen a una petición de los senadores Allende, Salomón Corbalán, Rodríguez, Tomic, Barros, Luis Corvalán y Tarud al ministro de Defensa Nacional solicitando copia de los estudios, antecedentes y oficios relacionados con la información aparecida en la revista Vistazo en su edición N^o 499. En la sesión de 12 de junio se dejó constancia del oficio de respuesta del ministro de Defensa Nacional con el carácter de reservado y, por ese carácter, no se transcribió en el acta de la sesión⁵⁵¹.

El proceso seguido en la justicia militar condenó a los dosacusados, Concha y Alvarado, «como autores del delito de divulgación de datos o noticias extraídos de un documento secreto que interesa a la seguridad de la República, respectivamente a las penas de tres años de presidio menor en su grado medio, con las accesorias de separación del servicio del Ejército y suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena y de 541 días de presidio en su grado medio»⁵⁵². La segunda sala de la Corte Suprema, con fecha 26 de junio de 1963, desechó la casación en el fondo con la prevención fundada de tres miembros de la sala (quienes consideraron que los artículos 456 y 457 del Código de Procedimiento Penal contienen reglas reguladoras de la prueba). Votaron los señores Julio Espinosa, Ciro Salazar, Eduardo Varas (prevención fundada), Enrique Urrutia, José María Eyzaguirre (prevención), Marcos Silva (prevención) Leopoldo Ortega y Enrique Leyton (redactor). El fallo de la Corte Suprema declaró expresamente: «Por no infringir la sentencia de la Corte de Apelaciones los preceptos legales que oportunamente se indicarán, procede desechar los recursos de casación en el fondo deducidos por los reos Concha y Alvarado contra dicha sentencia que, confirmado con la sentencia del Juzgado militar, condenó a los recurrentes»⁵⁵³. Meses después Vistazo volvería a denunciar que el Pentágono buscaba influir en la política chilena⁵⁵⁴.