Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 27

El gobierno de Jorge Alessandri prometió una política habitacional de gran envergadura. Un objetivo importante era la erradicación de poblaciones «callampas» y la ubicación de los pobladores en viviendas económicas construidas por la Corporación de la Vivienda (CORVI)³¹⁸. Se daba prioridad a la zona sur de Santiago.

El 22 de julio de 1961 hubo una toma de terrenos en la exchacra Santa Adriana (cuya urbanización formaba parte de ese plan habitacional), realizada por pobladores organizados, acompañados por parlamentarios comunistas y el alcalde socialista de San Miguel³¹⁹. Esa ocupación fue una de las 74 tomas urbanas en Chile entre 1955 y 1969 (54 en Santiago entre 1964-70). Sin embargo, casi siempre los pobladores serían removidos de los terrenos ocupados después de un período de sitio policial y de negociaciones sobre el destino de los invasores³²⁰.

De acuerdo con el historiador Mario Garcés, el gobierno solicitó el desafuero de los parlamentarios comunistas que participaron en esa toma, reubicó a los pobladores y denunció que se había producido una ocupación ilegal de terrenos fiscales. Agrega Garcés que la toma tenía trascendencia por ser una «coyuntura neurálgica» para la historia del problema habitacional de Santiago. Los sitios usurpados estaban destinados a otros obreros «igual que ellos», pero con esta toma se daba gran publicidad al déficit de viviendas populares que aquejaba a la población y también a la implicación del PCCH en la organización de los «sin casa», lo que politizaba el debate; por otra parte, el hecho de que los sitios ya estaban asignados impedía que los participantes en la toma pudieran permanecer en ellos.

Para el Partido Comunista la toma de Santa Adriana figuraba no sólo como movimiento social local, sino como parte de la lucha de masas contra el sistema político vigente. Luis Corvalán declaró en la inauguración del pleno del Partido Comunista: «Lo de Santa Adriana es el drama de dos millones quinientos mil chilenos que viven en poblaciones callampas o rucos inservibles. ¡La tercera parte de la población chilena prácticamente carece de vivienda! Un millón cuatrocientas mil personas no tienen agua potable. Más de 400 mil niños en edad escolar se quedan sin educación y 34.551 niños murieron antes de cumplir un año en 1960, registrándose la tasa de mortalidad infantil más alta en los últimos 20 años»³²¹.

Clodomiro Almeyda (PS) afirmó que el pueblo «está perdiendo el respeto a la legalidad oficialista» y descubre «que esta sociedad no es la suya; (…) sólo desde el punto de vista de los intereses de los usufructuarios del orden dominante, podría estimarse repudiable esa ruptura del orden legal, acerca del cual tanto abundamiento hacen los círculos gubernativos y la prensa de derecha. Porque en realidad, si pensamos nosotros en lo que la legalidad y el orden son para los pobladores de Santa Adriana, veremos que a ellos no les ha servido ni siquiera para contar con techo y trabajo, esto es, con los más elementales medios de subsistencia»³²². Los partidos Liberal y Conservador caracterizaban la toma como parte de la agitación comunista contra el derecho de propiedad y el régimen democrático³²³.

El gobierno anunció que se querellaría contra los usurpadores de terrenos, de acuerdo con el Código Penal, y que se buscaría el desafuero de los parlamentarios involucrados. Sin embargo, desistió de solicitar el desafuero el 24 de julio de 1961, después de aclararse el carácter de la participación de los parlamentarios³²⁴. Mientras tanto, la fiscalía de la CORVI presentó una querella en el Juzgado del Crimen de San Miguel contra los ocupantes por los delitos de usurpación, hurto y daños a la propiedad³²⁵. La Corte de Apelaciones nombró a Osvaldo Erbetta como ministro en visita para conocer e instruir el proceso³²⁶.

El gobierno no podía reconocer la legitimidad de las «tomas» de terrenos, como mecanismo y movimiento social para «solucionar» el grave problema habitacional. Por su parte, el Partido Comunista y varios socialistas se relacionaron estrechamente con los comités «sin casa» y otros grupos poblacionales y, hasta cierto punto, los dirigían. Con eso se sumaba el movimiento poblacional de Santiago y de otras ciudades del país a la lucha de clases encarnada en el movimiento sindical³²⁷. Los ocupantes de la chacra Santa Adriana y sus aliados políticos exigían el retiro de las querellas presentadas por la CORVI y la firma constructora Raúl Paiva y Cía., y la entrega oficial de los terrenos ocupados³²⁸.

En 1959, Carlos Contreras Labarca había escrito en Principios que la cuestión de la vivienda debía ser una parte integral del movimiento de liberación nacional³²⁹. Desde el Partido Comunista los movimientos de los «sin casa» constituían otro frente en la lucha contra el régimen vigente, aunque para los pobladores predominaba el afán concreto de solucionar el problema habitacional y los servicios comunitarios. Precisamente por este motivo, los políticos de izquierda y de la Democracia Cristiana solían encontrarse en el papel de «mediadores» o hasta realizando lobby con las autoridades para conseguir del gobierno instalaciones de agua potable, arreglo de caminos, luz eléctrica, etc. para las nuevas poblaciones.

El 30 de agosto la subsecretaría de Interior comunicó a la opinión pública que, luego de largas conversaciones entre el gobierno y los pobladores, se había dispuesto el traslado de familias ocupantes de Santa Adriana hasta los terrenos ubicados en el paradero 35 de Santa Rosa. El Siglo informó que hubo 4 puntos fundamentales en el acuerdo para solucionar el conflicto:

1° La Corporación de la Vivienda iniciará el día jueves 31 de agosto en curso, a las 8 de la mañana, el traslado de las familias que actualmente ocupan terrenos de la Chacra Santa Adriana sin título legal. En el propósito de ubicar a estas familias en mejores condiciones, el Gobierno ha destinado un predio de 57 hectáreas de propiedad fiscal, ubicado en el paradero 35 de la calle Santa Rosa, a fin de proceder a su instalación.

2° La Dirección de Obras Sanitarias tiene a su cargo la instalación de pilones para el abastecimiento de agua potable para los nuevos pobladores.

3° Se ha impuesto instrucciones para establecer una Posta de Auxilios encargada de la atención médica de la población.

4° La Dirección de Asistencia Social promocionará a estas familias, en la Chacra Santa Rosa, algunos materiales de construcción para que los jefes de hogares levanten mejoras y algunos elementos de abrigo e iluminación³³⁰.

En agosto, la Cámara de Diputados había oficiado al ministerio del Interior proponiendo que se desistiera de las querellas contra los ocupantes de Santa Adriana como parte de la solución del conflicto. Poco tiempo después los diputados Jorge Lavandero, del comité democrático nacional, Orlando Millas, comité comunista, Albino Barra, comité socialista, y Carlos Sívori, comité democratacristiano, solicitaron desde la Cámara que el Ejecutivo se desistiera de los procesos que había solicitado instruir contra diversos sectores de trabajadores en razón de sus conflictos sociales (huelgas ilegales, protestas callejeras). Le plantearon la atención de las reivindicaciones del magisterio, de los trabajadores ferroviarios, de la salud y de los demás obreros y empleados en conflicto, modificando la política negativa que había mantenido³³¹. Así se mezclaban las «tomas» de terreno, las huelgas ilegales en el sector público y privado, las protestas estudiantiles y la política económica del Gobierno –con los procesos por centenares acumulándose en los tribunales³³².

El traslado de los ocupantes ilegales de los terrenos de Santa Adriana con la cooperación de las fuerzas armadas de la República necesitó de inversiones que la Corporación de la Vivienda no tenía contempladas. Para ello se requirió de informes jurídicos de la Contraloría, en los que se señaló que la radicación de los pobladores debía ser definitiva y en terrenos fiscales³³³.

Hacia fines de septiembre, el ministerio respondió:

N. 5078.- Santiago, 22 de septiembre de 1961.

Por oficio N. 757, de 9 de agosto último, V. E. tuvo a bien solicitar a este Ministerio que considerara la conveniencia de que el Gobierno se desistiese de las querellas iniciadas ante los Tribunales de Justicia de Santiago, en contra de los ocupantes de la Chacra Santa Adriana, como medio de solucionar el problema creado con la ocupación de dichos terrenos. Sobre el particular me es grato adjuntarle, para conocimiento de V. E., lo informado por la Corporación de la Vivienda en oficio

N. 13867-A, de 13 de septiembre en curso³³⁴.

Saluda atentamente a V. E.,

(Fdo.) Sótero del Río Gundián.

La «solución» inicial para más de 300 familias entre los ocupantes de la exchacra Santa Adriana consistía en el traslado a otros terrenos (un sitio sin mejoras ni servicios) – «San Rafael» de La Granja. El traslado fue conflictivo, en pleno invierno y con lluvia. Se transformaba, casi, en un ensayo de autoconstrucción acompañado por la presión permanente de los pobladores, del Partido Comunista y otros partidos para que la CORVI y el gobierno cumplieran sus promesas de infraestructura y servicios³³⁵. A pesar de las dificultades, el diputado comunista Orlando Millas les dijo a los pobladores para el 18 de septiembre:

Estamos celebrando aquí un dieciocho digno de O’Higgins y demás padres de nuestra patria. Es el mejor que podemos celebrar. Estas miles de banderas que flamean son todo un símbolo. Flamean sobre casas, sobre terrenos que habéis conquistado con vuestra propia lucha. Es necesario consolidar ahora esta importante victoria y, junto a las acciones generales del pueblo, ampliarla, alcanzando lo que aún nos falta mediante vuestra vigilancia, vuestra actitud combativa y vuestra unidad³³⁶.

Los pobladores recibieron apoyo de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, la Iglesia Católica y grupos estudiantiles. Los comunistas declararon que el movimiento de pobladores era parte de la lucha contra el imperialismo y la oligarquía chilena, que buscaba combinar medidas ilegales (como la toma de terrenos) con las negociaciones directas con el gobierno, pero siempre atento a mantener control sobre las directivas poblacionales. En noviembre la Democracia Cristiana, los socialistas y otros grupos denunciaron las pretensiones hegemónicas y de matonaje de los dirigentes poblacionales comunistas en Santa Adriana y la población San Rafael, constituida por el traslado de la CORVI de personas que habían ocupado Santa Adriana³³⁷.

El legado de la toma de Santa Adriana sería una lección importante, ya que las tomas ilegales habían logrado obtener como respuesta del gobierno la radicación de los pobladores en terrenos de la CORVI u otros; además, se había logrado suprimir los efectos de la represión inicial con el desistimiento de las querellas por usurpación. Los tiempos que siguieron fueron de demandas y conflictos con la CORVI y con otras instancias gubernamentales, mientras el Partido Comunista competía con otros sectores de izquierda y la Democracia Cristiana, por hegemonizar el liderazgo de los movimientos sociales urbanos. Las tomas de terrenos se multiplicarían, constituyéndose en prácticas políticas habituales de los partidos de izquierda y de los movimientos sociales de la década de 1960 y comienzos de la siguiente³³⁸.