Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 35

Las luchas mapuches para recuperar tierras perdidas por la fuerza, engaño, usurpación y procesos judiciales, desde fines del siglo XIX, eran continuas. Cada cierto tiempo aparecían titulares en los diarios que se referían a esa lucha. En el contexto de la demanda de una reforma agraria integral y la movilización campesina impulsada por el Partido Comunista, el FRAP y grupos social-cristianos, la demanda mapuche tenía características especiales sobre todo por una larga historia de ineficacia, lentitud y obsecuencia a los intereses de particulares en los Juzgados de Indios y en el Poder Judicial en relación con los litigios sobre lo que consideraban sus territorios⁴⁶⁰.

Muchos de los títulos de merced entregados a los mapuches desde el siglo XIX se encontraban superpuestos con títulos («legítimos» o no) de particulares. Los títulos de merced desde 1866 y las leyes desde 1927 hasta la Ley 14.511 de 1961 (véase el capítulo I) creaban derechos y títulos de dominio que eran contradictorios entre sí. Además, se había formado un sector minifundista mapuche incompatible con la «restitución» o reconstitución de las comunidades existentes antes de 1883 o de 1927. En los litigios sobre títulos entre comunidades, minifundistas mapuches y «huincas» era difícil que los derechos de los mapuches prevalecieran, especialmente en los casos de usurpaciones. Era difícil también que los Juzgados de Indios, con sus escasos recursos y personal, analizaran bien los hechos y «derechos» en los numerosos casos entregados a su jurisdicción, sin considerar los riesgos de corrupción e influencia política.

El profesor José Bengoa estimó que tal vez la cuarta parte de la tierra entregada a comunidades después de 1929 (150.000 hectáreas) fue usurpada hasta 1968, siendo «la usurpación de tierras (…) uno de los elementos centrales en la formación de la conciencia étnica del siglo veinte»⁴⁶¹. En este proceso los Juzgados de Indios habían jugado un papel central, aunque muchas veces negativo desde la perspectiva indígena. Como se dijo antes, en 1961 estos juzgados fueron incorporados al Poder Judicial por la Ley 14.511.

En marzo de 1962 el diputado Fermín Fierro (PS, Secretario General de la Federación de Campesinos e Indígenas de Chile) relataba en la Cámara:

El 4 de enero del año en curso, en la comuna de Los Álamos del departamento de Lebu, ha ocurrido un hecho interesante. Cansados de las tramitaciones de las autoridades a las que corresponde conocer de los litigios originados por usurpación de tierras, los indígenas precedieron a ocupar los terrenos que anteriormente les pertenecían y que hoy no les pertenecen, según dice un latifundista de la zona, el cual, de acuerdo a antecedentes que obran en nuestro poder, no tendría título legal definitivo alguno para ocupar dichas tierras.

(…) veinticuatro horas después de que los indígenas tomaron posesión de estas tierras llegaron los carabineros, quienes dijeron que cumplían instrucciones del Gobierno, y procedieron violentamente a desalojar a los indígenas del lugar en que se encontraban, junto con quemarles más de veinte rucas hechas a la ligera de «pasto ratonera», para guarecerse de las inclemencias del tiempo. Junto con ello les quitaron todas sus herramientas de trabajo, de diversa naturaleza, e incluso sus instrumentos musicales que usan en la celebración de las fiestas que organizan. Se han hecho gestiones ante el Juzgado de Indios de Victoria para establecer si tiene la razón el señor Carlos Larroulet, que dice que esas tierras le pertenecen, y se ha procedido a entablar una demanda en su contra por usurpación de terrenos que han pertenecido a los mapuches.

(…) Los indígenas, carentes de recursos para defenderse de los usurpadores de tierras y, además, como los intendentes, gobernadores y otras autoridades administrativas militaban precisamente en los partidos reaccionarios, debieron suspender toda acción judicial en los juzgados de la provincia de Arauco. Posteriormente presentaron sus demandas ante el Juzgado de Indios de Temuco, que tenía competencia para conocer de estos asuntos; pero en este juzgado, después de largos años de tramitación burocrática y de lento conocimiento de estas causas, se quemaron los expedientes y, como consecuencia de ello, las víctimas han sido naturalmente los indígenas, los cuales, cansados de tanta tramitación, procedieron a tomarse estos terrenos por la vía directa⁴⁶².

Una moción firmada por diputados de los partidos Comunista, Socialista, Radical, Demócrata Cristiano y PADENA pidió que el gobierno expropiara los terrenos a beneficio de los mapuche, «tomando en consideración que la letra d) del artículo 44, de la Ley 7.747, establece que “por exigirlo el interés nacional, deben declararse de utilidad pública y expropiarse aquellas tierras que no han sido cultivadas o las que manifiestamente están mal aprovechadas”, situación en que se encuentra la llamada “Isla de Pangal o Ranquilco”. Se hace necesario determinar expresamente la aplicación de ese precepto en el presente caso, toda vez que con ello se dará solución a un problema que mantiene consternados a los habitantes de la provincia de Arauco y a la opinión pública». La moción solicitó que la tierra expropiada fuera «entregada en forma gratuita a los jefes de familia de las 50 familias indígenas que en la actualidad la ocupan»⁴⁶³. Mientras tanto, en la prensa gobiernista como El Diario Ilustrado (Santiago) y El Sur (Concepción) se atacaba al diputado Santos Medel (PCCH) por su incitación a los campesinos mapuche⁴⁶⁴.

El conflicto entre la familia Larroulet y los mapuches sobre terrenos en la Isla de Pangal no tenía, en sí, significación nacional, pero era indicativo de las demandas indígenas rechazadas o postergadas, así como del mal funcionamiento del sistema de Juzgados de Indios para solucionar los litigios que afectaban los derechos comunales y particulares desde la región de Arauco hacia el sur. Después surgieron conflictos en el fundo El Porvenir, y luego en Pilpilco y en El Huape, en los que también se trataba de «usurpaciones» o «recuperaciones» de tierras. En todos estos casos se denunciaba que los tribunales de Justicia, entre ellos el Juzgado de Indios de Temuco y el Juzgado de Indios de Victoria, no habían hecho justicia⁴⁶⁵. Hacer «justicia» después de la «pacificación», iniciada en la década de 1860, no hubiera sido poca cosa, aun sin pensar en más de un siglo de historia de transacciones, lícitas e ilícitas, de propiedades y ocupaciones irregulares de las tierras australes, que antes, en muchos casos, habían pertenecido a grupos mapuche.

Una investigación sobre la reforma agraria y las tierras mapuches, publicada en 2005, determinó que «de los 2.198 títulos de merced otorgados por la Comisión Radicadora de Indígenas, los Juzgados de Indios –entre los años 1929 y 1972– revocaron 59. En las provincias de Malleco y Cautín se revocaron por sentencia judicial 18 títulos de merced, por un total de 1.451,85 hectáreas»⁴⁶⁶. En muchos casos, sencillamente, se usurpaba la tierra mapuche por propietarios colindantes, confirmándose o no dichas usurpaciones en litigios en los Juzgados de Indios o inscripciones en los Conservadores de Bienes Raíces, utilizando documentos fraudulentos o de trayectoria confusa.Los autores de la investigación expresaron que se evidenciaba que la reivindicación territorial mapuche –hasta la primera mitad de la década de 1960– se instalaba en los Juzgados de Indios, «sin que exista un proceso de recuperación de tierras de importancia»⁴⁶⁷. Por otra parte, algunos mapuches vendieron tierras a «huincas» en transacciones sanas, y no sanas, bajo figuras de venta de usufructo y cesión de terrenos hasta por 99 años, complicando aún más la «cuestión mapuche».

Ilustrativamente, el senador Contreras Labarca (PCCH) solicitó que se enviara un oficio al ministro de Tierras y Colonización, comunicándole el texto del telegrama de los indígenas Vicente Ancapán y Juan de la Cruz Ancapán de Osorno:

Juzgado de Indios de La Unión no funciona. Juzgado de Indios de Pitrufquén tiene sólo un agrimensor, pero nueva Ley de Indios dispone 15 agrimensores que no llegan. Juzgado de Indios de Pitrufquén entregamos solicitud, 24 de marzo, solicitando agrimensor para medir nuestras tierras, lugar Domopulli, Subdelegación San Juan de la Costa, donde otras personas tratan de introducirse ilegalmente, no respetando derechos de posesión de tierras de la comunidad indígena. Rogamos amparo, Supremo Gobierno, a fin de que se sirva adoptar urgentemente las medidas que procedan para atender la petición de dichos indígenas⁴⁶⁸.

En mayo el diputado Fermín Fierro (PS) denunció la violencia patronal en fundos de Arauco, incluyendo la usurpación de tierra por el doctor Raúl Carrasco, propietario del fundo Huape y cuñado de Patricio Silva Clarés, secretario general de gobierno⁴⁶⁹. Afirmó Fierro que «como tienen el Gobierno en sus manos, a estos caballeros les fue muy fácil conseguir doscientos setenta hombres armados de carabinas y ametralladoras para poder defender los terrenos que, según ellos, han sido usurpados. Así, esa fuerza armada llegó al Fundo Huape a despojar violentamente al mapuche de este terreno que, como vengo comentando, le pertenece legalmente»⁴⁷⁰.

Fierro terminó pidiendo la expropiación de varios fundos de la región para hacer justicia a los mapuche, que habían sufrido la usurpación de sus tierras por la violencia de particulares. No siempre se mantuvo dentro el protocolo parlamentario en sus comentarios, haciéndose necesario suprimir algunos de ellos en la transcripción de la sesión. De todas maneras, sus palabras eran claras:

(…) los que están alterando la tranquilidad social de mi provincia no son los indígenas ni son los diputados que nos honramos con representar a esa raza y a todos los sectores populares de Arauco en la Honorable Cámara, sino que son los sectores patronales, los propios hombres del Gobierno los que están provocando permanentemente la intranquilidad social en Arauco. Yo protesto, en la forma más airada, por la conducta del señor Ministro del Interior y por la actitud de la fuerza policial que, en forma violenta y solamente ahora, ha intervenido (…)⁴⁷¹.

El diputado liberal Gabriel De la Fuente, tratándose de otro conflicto en la zona, extendió el debate, como pasaba frecuentemente en la década de 1960, a la Guerra Fría y al comunismo internacional. Señaló que las denuncias de Fierro eran parte de la campaña de infiltración en el campo del Partido Comunista, «lo que les permitirá más tarde hacer la cosecha deseada, estableciendo un sistema “fidelista”, dependiente de la Unión de la República Socialista». Enumeraba las diversas políticas gubernamentales (habitacional, de salud, de préstamos, etc.) inspiradas en mejorar la situación de los mapuche, «con miras a integrarlos adecuadamente en la comunidad nacional».

De la Fuente enfatizaba la importancia de la Ley 14.511, «actual Ley de Indios.Dicha ley contempla especialmente procedimientos para construir la propiedad indígena sobre la base de unidades económicas a través de la división de las comunidades, expropiaciones a indígenas o particulares, y el control jurídico técnico de estas operaciones con la intervención de jueces defensores de indios y profesionales de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierras y Colonización». Hasta se pensaba destinar jeeps para cada uno de los cinco Juzgados de Indios⁴⁷².

Sin embargo, durante la aplicación de la Ley 14.511 y hasta el mes de febrero de 1971, según informes proporcionados por los mismos Juzgados de Letras de Indios, se habría recibido peticiones de división de 1.362 comunidades, de las cuales lograrían hacerlo 126⁴⁷³. En parte, este resultado correspondía a la resistencia entre grupos del pueblo mapuche a la subdivisión de las reducciones, ya que la premisa «liberal» (anti-comunal) heredada del siglo XIX se mantenía en la legislación indígena desde el gobierno de Carlos Ibáñez hasta el gobierno de Jorge Alessandri.

Sobre todo, De la Fuente advertía el peligro del comunismo, del «fidelismo» y de que la cordillera de Nahuelbutase transformara en la «Sierra Maestra» chilena: «Allí hay más de 100 núcleos de campesinos dirigidos por el Partido Comunista y no está lejano el día en que allí sea donde se levante la “Sierra Maestra de Chile”, porque todos estos núcleos están armados y preparados para la lucha»⁴⁷⁴. Era necesario, «contra esta “maleza” que corroe la sociedad, tomar las precauciones necesarias para extirparla, en defensa de ella misma»⁴⁷⁵.

A su manera, De la Fuente reconocía que las reivindicaciones mapuche y los conflictos agrarios correspondían, en parte, a las movilizaciones de las organizaciones indígenas apoyadas por el Partido Comunista y la Federación Nacional Campesina e Indígena, que patrocinaban las «recuperaciones de tierras» en Malleco, Arauco y luego Cautín. Como informaba el Partido Comunista:

Los campesinos sin tierra de las reducciones indígenas de mapuches y huilliches, como asimismo los colonos ocupantes, han desarrollado diversas formas de combate que van desde la simple denuncia de sus problemas hasta la toma directa de la tierra. Este proceso, que ha adquirido caracteres de lucha muy aguda en algunas oportunidades, ha contado con la activa solidaridad de la clase obrera, enfrentándose a la violencia policial y obteniéndose significativas victorias. Los campesinos de las haciendas Santa Fe, Mundo Nuevo y Santa Elena resistieron el desalojo y consiguieron que estas haciendas se parcelaran en su beneficio. Los indígenas de Los Lolocos, Loncomahuida, Pangal, Catrihuala y Cordillera Sarao, a través de un largo y duro movimiento, lograron recuperar tierras que les habían sido usurpadas.

Fruto de estas mismas luchas ha sido la reciente parcelación de los fundos Sara de Lebu y Ranquilco, en la provincia de Arauco, y de otros doce fundos que la CORA está por parcelar y entregar a los campesinos⁴⁷⁶.

Entre 1961 y 1964 se producirían varios enfrentamientos entre Carabineros, funcionarios judiciales y grupos de mapuche desalojados de las tierras «recuperadas».Por ejemplo, en mayo de 1962 La Nación informó: «18 indígenas detenidos por ocupación de fundo. Carabineros, luego de desalojarlos de la ocupación del fundo El Huape en el departamento de Cañete, puso a los indígenas a disposición del Juzgado del Crimen de Cañete»⁴⁷⁷. Esos conflictos no hicieron sino desprestigiar más al Poder Judicial entre los campesinos y mapuche, dando crédito a las denuncias de «justicia de clase» (y raza) repetidas sin fin por sectores de izquierda y por la Democracia Cristiana, no obstante algunos intentos del gobierno por mejorar la atención de los Juzgados del Trabajo y sensibilizar a la Corte Suprema por los dilemas de la Araucanía.

El gobierno anunció que el ministro de Tierras y Colonización, Julio Philippi, junto con el subsecretario de Justicia, Jaime del Valle, se habían entrevistado con el Presidente de la Corte Suprema Rafael Fontecilla. En la reunión trataron la situación de los Juzgados de Indios, así como las normas respecto de la administración especial de Justicia que se realizaba para las reducciones indígenas. El ministro Philippi viajaría a Temuco para una reunión con los magistrados de la zona, para conocer aspectos de la judicatura sobre la aplicación de justicia en las reducciones indígenas⁴⁷⁸. Además, se informó que se estudiaría una asignación especial para los magistrados que estaban a cargo de los Juzgados de Indios, como una medida para evitar la rotación de los jueces⁴⁷⁹. Entre tanto se dijo que «las autoridades han buscado evitar las tomas, mientras los Juzgados de Indios no dicten sentencia en conflictos sobre la propiedad de las tierras»⁴⁸⁰.

La «cuestión mapuche» no se podía desvincular del funcionamiento deficiente de los Juzgados de Indios, ahora supervigilados por la Corte Suprema. Dos semanas después se anunció que a través de un decreto del ministerio de Justicia se había autorizado la compra de 5 jeeps para el uso de los Juzgados de Letras de Indios de Temuco, Nueva Imperial, Victoria, Pitrufquén y La Unión, por un valor de 25.000 escudos –un siglo después de iniciarse la «pacificación» de la Araucanía⁴⁸¹.

En el caso de la Isla Pangal (o Ranquilco), y los fundos colindantes de otros propietarios, se determinó la expropiación a pesar del convencimiento de los dueños de que tenían «títulos saneados», documentados en el Juzgado de Indios de Victoria. Se celebró un «acta de Pangal» el 4 de abril, firmada al final por el dueño oficial el 21 del mismo mes, resolviendo el conflicto inmediato. El acta estipuló que «para la radicación de los mapuches, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierras y Colonización expropiará 3.000 hectáreas de suelo del fundo Pangue, de propiedad de Félix Eyheramendy Larroulet, donde se instalará una colonia mapuche; (…) 5° Los actuales ocupantes de la Isla Ranquilco, una vez firmada la presente acta, regresarán a la zona o lugares donde estaban radicados antes de la ocupación de la Isla y serán atendidos por la Dirección de Asuntos Indígenas que, a través de almacenes que instalará en los Álamos y Cañete, entregará ayuda a los mapuches; 6° Los artículos de alimentación que la Dirección de Asuntos Indígenas entregará por 8 meses a los mapuches serán semillas para la siembra, ropa, azúcar, arroz, chuchoca, aceite, harina, madera y pizarreño para la construcción de viviendas»⁴⁸². Como parte del acuerdo, el propietario Carlos Larroulet retiró las demandas judiciales contra los ocupantes⁴⁸³.

Más de un año después, en agosto de 1963, la Corporación de Reforma Agraria (CORA), sucesora de la Caja de Colonización Agrícola, completó la compra de 8.173,8 hectáreas, incluyendo al fundo Ranquilco, por un precio calculado como promedio en la zona⁴⁸⁴. Se contemplaba la repartición de ochenta parcelas, variando en tamaño entre 27 y 109,3 hectáreas, entre colonos seleccionados por la Dirección de Asuntos Indígenas. Fue expropiado el fundo Pangue (de propiedad de Félix Eyheramendy Larroulet), incluyendo territorios de las localidades de Trauco, Pitra Cui Cui, Ranquilco y Rucarraqui. Y se parceló la tierra para su entrega a los mapuche afectados por la usurpación⁴⁸⁵.

Hasta fines de enero de 1964, el ministro de Agricultura informó que los siguientes fundos se habían adquirido para «ubicar indígenas en la provincia de Cautín»: Dax, La Mañana, Buenos Aires, Cuyinco Olea, Cuyinco Larroulet, Lo Juan y Las Hortensias –por un total de 4.898 hectáreas⁴⁸⁶. Sin embargo, en otros casos una serie de «recuperaciones» de tierras entre 1962 y 1964 terminaron en desalojos violentos por Carabineros con varios heridos y hasta muertos entre los mapuche⁴⁸⁷. La Ley 14.511 y la transferencia de los Juzgados de Indios al Poder Judicial no superaron el deficit de justicia en la tierra araucana⁴⁸⁸. Las deficiencias históricas de los Juzgados de Indios y los conflictos de tierras en la Araucanía serían legados al gobierno siguiente, encabezado por el democratacristiano Eduardo Frei Montalva⁴⁸⁹.