Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 30

A mediados de octubre de 1961, el gobierno se querelló contra el periodista Mario Planet Rojas, quien escribía para las revistas Time y Life³⁸⁸. La querella fue presentada a través del intendente de Santiago, de acuerdo con la ley de seguridad interior del Estado.

El periodista había publicado dos artículos, uno en junio y otro en agosto, que describían la situación de miseria en el norte chico y el caso de la toma de terrenos en la chacra Santa Adriana. El gobierno afirmaba que los artículos «lastiman seriamente su prestigio [del país] en el exterior y están destinados a destruir la confianza que ha de inspirar su estabilidad institucional y financiera»³⁸⁹.

Después de un mes, el ministro de la Corte de Apelaciones Ricardo Martin, declaró reo a Planet. En seguida, el ministro de Justicia Enrique Ortúzar se desistió de la querella³⁹⁰. El abogado Manuel Guzmán Vial, quien representó al gobierno en la querella contra el corresponsal Planet, presentó ante la Secretaría de la Corte de Apelaciones el desistimiento correspondiente³⁹¹. El ministro sumariante Ricardo Martin dictó el sobreseimiento definitivo del corresponsal³⁹².

Esta medida «fue calificada editorialmente de “magnánima” por El Diario Ilustrado, en su edición del 10 de noviembre. En otros círculos se la estimó coercitiva, pues se privó a Planet de la oportunidad de exponer su defensa ante los Tribunales y, según sus partidarios, de probar su inocencia. De todas maneras, el caso terminó y todos los antecedentes del mismo se remitieron al Colegio de Periodistas», que había pedido el retiro de la querella³⁹³.

Este caso tuvo una evaluación dividida en la opinión pública. Lo que no podía negarse era que demostraba los límites de la libertad de prensa contenida en la legislación pertinente y la discrecionalidad con que el gobierno podía intimidar y procesar judicialmente a los periodistas y a los medios de comunicación masiva. En opinión de Radomiro Tomic (PDC), «más que un problema de “reforma legal” sobre abusos de publicidad, lo que debemos enfrentar rápida y resueltamente es el gran problema de la Democracia Chilena: la reforma constitucional y la creación de instituciones adecuadas a las nuevas realidades que el país vive y que están desbordando por todas partes su arcaico cuadro constitucional y económico social»³⁹⁴.