Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 40

Al inicio del gobierno de Jorge Alessandri no estaba en la agenda gubernamental llevar a cabo una reforma agraria. De hecho, en octubre de 1958 Jorge Saelzer pronunció un discurso en representación de la Sociedad Agrícola del Sur, expresando que «(…) creemos que una subdivisión forzada de la tierra, a través de reformas agrarias de tipo demagógico, sería la ruina del país»⁵⁶⁶. Asumió el mismo día como ministro de Agricultura.

Después de más de tres años, el contexto político internacional e interno hacía inviable la resistencia sin más a una reforma agraria. La amenaza de la Revolución Cubana, las presiones del gobierno del Presidente John Kennedy, la Alianza para el Progreso que promovía la reforma agraria como contrapunto a la insurrección violenta (Revolución Cubana), las iniciativas de sectores de la Iglesia Católica y las movilizaciones campesinas e indígenas apoyadas por partidos de izquierda y la Democracia Cristiana confluyeron para que el gobierno propusiera al Congreso en mayo de 1962 una ley de reforma agraria⁵⁶⁷. A fines del mes se inició la Copa Mundial de Fútbol que ocuparía la atención del país, ya que por primera vez se transmitía por televisión, extendiéndose hasta el 17 de junio.

La competencia entre los dos partidos más importantes, la Democracia Cristiana y el Partido Radical (que había entrado al gobierno en agosto de 1961 con miras a la elección presidencial de 1964), y la posibilidad de una victoria del FRAP, dieron lugar a presiones fuertes para que el gobierno promoviera cambios en la agricultura. Aun así, con 53,2% de los votos en las elecciones parlamentarias de 1961, no era impensable que la coalición de derecha, incluyendo a los radicales, pudiera conquistar la Presidencia con un candidato del Partido Radical en 1964.

Durante 1961 y casi hasta finales de 1962 hubo intensos debates internos e inter-partidarios sobre el contenido de una ley de reforma agraria y los tipos de propiedades que podrían estar sujetos a expropiación. A ello se sumaron los debates sobre una reforma constitucional que hiciera posible el pago diferido (al inicio un pago al contado y luego bonos, por lo menos durante 10 años) en el caso de propiedades abandonadas o que estuvieran notoriamente mal explotadas y por debajo de los niveles adecuados de productividad, en relación con las condiciones económicas predominantes en la región para tierras de análogas posibilidades. El Presidente Alessandri usaba el controvertido veto aditivo (agregando material a la legislación aprobada por el Congreso), complicando aún más los debates legislativos que permitieran por fin aprobar una ley que firmaría el Presidente en noviembre de 1962⁵⁶⁸.

El FRAP y la Democracia Cristiana criticaban las limitaciones de la ley propuesta por el gobierno. El secretario general del Partido Comunista, senador Luis Corvalán, en dos discursos pronunciados en las sesiones de los días 24 y 26 de julio, fijó la posición del partido frente a este proyecto, denunciando su carácter demagógico y reaccionario⁵⁶⁹. Corvalán sostuvo que «una verdadera reforma agraria» debía considerar los tres tipos de propiedad que pasó a explicar:

Primero: creación de un número determinado de granjas estatales bajo la administración de los propios obreros y técnicos. Dentro de ellas los trabajadores conquistan una plena libertad y dejan de entregar la plusvalía al patrón.

Segundo: establecimiento de un determinado número de haciendas, cuyas tierras se entreguen a los trabajadores del fundo expropiado, para que las exploten colectivamente en forma de cooperativas o de granjas.

Tercero: propiedad individual más o menos de acuerdo con el concepto de Unidad Económica del proyecto en debate. Promover, al mismo tiempo, el cooperativismo entre estos propietarios. Sólo así es posible que los trabajadores del campo pasen a ser dueños de la tierra; que pueda resolverse el problema de la producción; y que pueda elevarse la condición y el nivel de vida del campesinado⁵⁷⁰.

La propuesta de Corvalán anticipaba los elementos que se incorporarían una década después en la política agraria de la Unidad Popular. Corvalán criticaba el alto costo de la reforma propuesta por el gobierno y el hecho que «las expropiaciones serán indemnizadas de conformidad con los avalúos comerciales y no con los avalúos fiscales, lo que, francamente dicho, nos parece un escándalo porque el Fisco asigna un valor determinado a los fundos para los efectos de que los latifundistas paguen sus contribuciones y les da otro valor más alto para los efectos de pagarlos cuando los expropia». Esto produjo aún más escándalo, dado que los terratenientes habían evitado pagar los impuestos desde siempre. En resumen, según Corvalán: «La inspiración del proyecto es entonces, como dije al comienzo, foránea, y los objetivos perseguidos, como también lo afirmé al principio, son oscuros. (…) tratan de impedir que en algún otro país de América Latina se produzcan cambios tan grandes, como los que han ocurrido en Cuba, y en el caso nuestro se trata de evitar la victoria del Frente de Acción Popular y del movimiento popular chileno en las próximas elecciones presidenciales»⁵⁷¹.

Los comunistas votarían en contra del proyecto por «tener el convencimiento más íntimo de que éste no es un proyecto de reforma agraria»⁵⁷². En casi los mismos términos Clodomiro Almeyda (PS) criticó el proyecto, caracterizándolo como un «gran fraude», mientras la Democracia Cristiana vio en ello un mero «plan avanzado de colonización» y no de reforma agraria integral⁵⁷³. Según la revista Topaze, la nueva ley de reforma agraria era darle al pueblo un «elefante blanco» y aceptar «gato por liebre».

Revista Topaze, N° 1551, 13 de julio de 1962. Portada.

Revista Topaze, N° 1554, 3 de agosto de 1962. Portada.

Revista Topaze, N° 1554, 3 de agosto de 1962, p. 9.

Aunque esta ley (15.020) recibiría muchas críticas políticas y técnicas desde 1962 hasta 1967 (y hasta el presente en los escritos académicos), y sería calificada como «ley de macetero» por tener objetivos reaccionarios y no atacar al latifundio, representó un hito importante en la historia agraria y política del país⁵⁷⁴. A pesar de las objeciones constitucionales formuladas en los debates legislativos y la meta limitada de instalar 5000 nuevos propietarios por año, la ley incluyó numerosas facultades extraordinarias (delegación de facultades por el Congreso al Ejecutivo para dictar decretos con fuerza de ley para implementarla). Un aspecto de suma importancia fue el establecimiento de obligaciones que limitaban el ejercicio del derecho de propiedad, estipulando (Art. 1) que «el ejercicio del derecho de propiedad sobre un predio rústico está sometido a las limitaciones que exijan el mantenimiento y progreso del orden social. Estará sujeto, especialmente, a las limitaciones que exija el desarrollo económico nacional: que todo propietario agrícola está obligado a cultivar la tierra, aumentar su productividad y fertilidad, a conservar los demás recursos naturales y a efectuar las inversiones necesarias para mejorar su explotación o aprovechamiento y las condiciones de vida de los que en ella trabajen, de acuerdo con los avances de la técnica»⁵⁷⁵.

La ley estableció la base institucional para un rol muy amplio del Estado en el sector rural: (Art. 11) «Transfórmese la Caja de Colonización Agrícola en Corporación de la Reforma Agraria. Dicha Corporación tendrá el carácter de persona jurídica de derecho público, empresa autónoma del Estado de duración indefinida, con patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. (…). Sus funciones serán las siguientes: promover y efectuar la división de predios rústicos, de acuerdo con las necesidades económicas del país y de cada región; reagrupar minifundios; formar villorrios agrícolas y centros de huertos familiares; crear centros especiales de producción agropecuaria; promover y efectuar la colonización de nuevas tierras; proporcionar a sus parceleros y asignatarios, y a las cooperativas formadas por ella, el crédito y la asistencia indispensable a los fines de la explotación, por el tiempo necesario para asegurar su buen resultado, y las demás que señalen las leyes. No sería aplicable lo dispuesto en los artículos 15° al 27° a las tierras indígenas sometidas a la ley N° 14.511, cuyas disposiciones se mantendrán en pleno vigor». Es decir, la definición de «utilidad pública», los tipos de propiedades «expropiables» (art. 15) y el nuevo sistema de tribunales agrarios no se aplicarían a la tierra indígena, sino la Ley 14.511. Sin embargo, la ley se refirió a la situación de grupos de aborígenes: «la Corporación podrá formar colonias especiales con Araucanos en condiciones concordantes con su idiosincrasia y costumbres, iniciándose así el primer ensayo científico de colonización con aborígenes practicado en el Continente Americano, como ser bonificaciones de semillas, abonos, etc., etc.»⁵⁷⁶.

La ley autorizó también la adquisición de predios rústicos para su racional división o para ser explotados por cooperativas. Además se creó el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), cuyas funciones serían amplias y sus servicios se extenderían al pueblo mapuche.

El gobierno de Alessandri no ejerció en plenitud las impresionantes atribuciones delegadas al Ejecutivo para implementar la reforma agraria entre noviembre de 1962 y noviembre de 1964. Incluso, hasta febrero de 1964 no se aplicó la expropiación, «en espera de la dictación del Decreto Supremo correspondiente que reglamente la forma en que debe procederse en estos casos»⁵⁷⁷. Hasta esa fecha se habían adquirido terrenos a particulares y se habían repartido tierras fiscales. Se informó que el número total de hectáreas entregadas a los campesinos fue: a) Proyecto Indígena, Cautín 16.068,80 hás.; b) Colonia Alfalfares, Coquimbo 732,75 hás.; c) Colonia Colicheu, Concepción, 2.430,50 hás.; d) Colonia Lipingue, Valdivia, 8.584,00 hás., por un total de 27.816 hás.⁵⁷⁸.

No obstante la reducida repartición de tierra y la autolimitación de usar la facultad de expropiar (versus comprar) propiedades agrícolas, la Ley 15.020 cambió fundamentalmente las bases jurídicas de la propiedad agraria en Chile. Para hacer efectiva la ley se requería además una reforma constitucional, permitiendo el pago de las tierras expropiadas a plazo. Tal reforma, muy controvertida, no fue promulgada hasta el 1 de octubre de 1963⁵⁷⁹. Por su importancia futura, y por la responsabilidad que asignaba al Poder Judicial, vale la pena reproducirla en su integridad.