Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 29

En agosto de 1961, el gobierno informó sobre el descubrimiento de los preparativos de una insurrección armada para derrocarlo. La policía de Investigaciones realizó allanamientos a viviendas y detuvo a numerosas personas. El ministro del Interior Dr. Sótero del Río solicitó a la Corte de Apelaciones la designación de un ministro para investigar los hechos.

La denuncia ingresó a la Corte de Apelaciones mediante un parte de la intendencia de Santiago³⁵¹. Se designó al ministro Eduardo Ortiz para que instruyera el sumario. El subsecretario de Interior informó que se había allanado una propiedad en Salamanca y otra en San Antonio, pues se sospechaba que se habían desembarcado armas. Por orden del ministro sumariante se detuvieron 14 personas que permanecieron detenidas en el cuartel de Investigaciones. Entre ellos se encontraba el médico y militante comunista Gustavo Mujica. El gobierno informó de la existencia de un folleto donde se señalaba que, en el último pleno del Partido Socialista, el senador Salomón Corbalán había expresando haber recibido dinero de procedencia cubana y que este había sido ocupado para la adquisición de armas³⁵². Poco después el gobierno solicitaría a la Corte el desafuero del senador y secretario general del Partido Socialista³⁵³.

La información oficial estableció que se trataba de un complot «al estilo de Fidel Castro», con el propósito de provocar la insurrección en el país. Jaime Silva, subsecretario del Interior, declaró que por lo menos 50 personas habían sido detenidas y que en la capital, cerca de San Felipe y en el puerto de Valparaíso habían sido confiscadas numerosas armas y municiones³⁵⁴. Según voceros del gobierno, «algunos de los detenidos confesaron su participación en un plan subversivo y otros, tener conocimiento de él como asimismo haber participado en el embarque de armas y municiones en camiones que han estado haciendo el traslado de estos elementos y de propaganda hacia las provincias»³⁵⁵.

Salomón Corbalán caracterizó el anuncio del complot como «una farsa» y un pretexto para reprimir al movimiento obrero y justificar la solicitud de facultades extraordinarias, ya que «este Gobierno no ha tenido ni siquiera imaginación para saber hacer un complot. ¡Como no la tiene para gobernar, tampoco sabe cómo hacer un complot!»³⁵⁶. Preguntaba retóricamente Corbalán: «¿Creen los señores parlamentarios que se defiende el sistema democrático cuando se obliga a los jueces, al Poder Judicial, a preocuparse de una tontería como ésta?»³⁵⁷.

Fue designado Jorge Cerrutti como ministro sumariante. La denuncia del gobierno incluía el ingreso de armas «y elementos para su fabricación». Fueron detenidos por Investigaciones: José Cortés (expulsado de Cuba), Víctor Opazo Cossio (exilado cubano en Miami), Rivas Vicuña Ponce y René Lobos Giné. Figuraba también el médico Gustavo Mujica, «que ha efectuado frecuentes visitas a diversos países situados tras la cortina de hierro». Se suponía que el movimiento estallaría «sincronizado con el clima huelguístico imperante». El gobierno denunció que al interior de Llay Llay, en un fundo del sector Chagres, hallaron un arsenal (armas, vituallas, ropas y pólvora).

La explicación que se filtró sería que «los protagonistas del singular suceso iban a partir desde diversos puntos del país, especialmente de la zona norte, Valle del Aconcagua, San Antonio, Santiago, para concentrarse al parecer en algún sector cordillerano y efectuar desde allí, aparte de la acción interna en la misma capital, un sistema de guerrillas como hiciera Fidel Castro en Sierra Maestra». La policía declaró que los detenidos y las armas serían puestos a disposición de los tribunales³⁵⁸. El gobierno hizo referencia a contrabandos de armas por Arica y San Antonio, traídos en buques alemanes, vinculados con «un foco de ocupantes comunistas de un fundo de Salamanca es lo grueso preparado por el “golpismo criollo”»³⁵⁹.

El gobierno hizo una declaración haciendo referencia a la situación política del país, reafirmando que ante los paros y huelgas ilegales se habían tomado todas las medidas necesarias para garantizar el orden público y la paz social que le otorgaban la Constitución y las leyes. Las autoridades informaron en detalle sobre los allanamientos, los hallazgos de armas, la designación de ministros en visita y la detención de personas de cuyas declaraciones se «desprendería la existencia de un premeditado plan revolucionario. Igualmente se habrían despachado camiones cargados de armas fuera de Santiago». La policía de Investigaciones fue acuartelada en primer grado³⁶⁰.

Los diputados del FRAP se entrevistaron con el ministro del Interior y con el director general de Investigaciones, Emilio Oelckers, quien reconoció la existencia de 20 detenidos incomunicados: «Les dijo que habían sido sorprendidos en un lugar donde había armamentos y documentos. Los casos a la fecha no habían llegado al Poder Judicial. Oelckers hizo referencia a que [los detenidos] serían nacistas»³⁶¹. Los representantes del FRAP afirmaron que el complot era una justificación para la represión de las movilizaciones sindicales y las huelgas³⁶².

La investigación judicial estableció el alcance limitado de los hallazgos de armas denunciados. En los días siguientes el magistrado Jorge Cerrutti, quien sustanciaba el proceso «por subversión denunciado por el gobierno», exhibió 30 armas de fuego, propaganda de partidos de izquierda, dinamita, mechas, pólvora y cinturones y brazaletes con las iniciales MRL. Según la policía de Investigaciones se trataba del «Movimiento Revolucionario Libertador». El director de Investigaciones puso a disposición del ministro a 13 detenidos, los que quedaron incomunicados después de haber sido interrogados en la misma Cárcel Pública por el ministro Jorge Cerrutti³⁶³. Los detenidos confesaron pertenecer al MRL y fueron identificados como el médico Gustavo Mujica, Héctor Valenzuela, José Cortez, Víctor Opazo, René Lobos y Alberto Pérez.

Se informó que Víctor Opazo Cossio habría participado en la lucha rebelde de la Sierra Maestra en Cuba³⁶⁴. El ministro Cerrutti dejó en libertad a dos de los detenidos, uno de ellos era el chofer del camión que según la policía había trasladado las armas y el otro era Joaquín Pinochet Donoso³⁶⁵.

A su vez, el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eduardo Sanfurgo, declaró reo al médico Humberto Sotomayor Sorucco en el proceso por intento de subversión armada, bajo la acusación de incitar a la revuelta, introducir y distribuir armas. A Sotomayor se le aplicó el art. 4º letra a) de la ley de seguridad del Estado, que trata sobre la subversión del orden público, y además se le aplicó el art. 6 letra e) que sanciona el transporte y la distribución de armas. Se informó que las intenciones del «MRL» eran apoderarse de la base aérea de Colina y del retén de Carabineros de Huechuraba³⁶⁶. El ministro Cerrutti continuó su investigación manteniendo la incomunicación de los detenidos Manuel Antonio Luna Madrigal, Rosendo Albano Cid, José San Martín Balboa, José Cortés Acosta, Luis Acuña Ponce, Enrique Mosela Guerrero, Agustín Carotti Mery y del médico Luis Gustavo Mujica Cervantes.

El gobierno amplió las aristas del caso y denunció a los tribunales los antecedentes recogidos en relación con la internación de armas que se habría producido en el puerto de San Antonio, a la vez que se publicitaron diversas medidas para controlar el comercio e internación de armas de fuego³⁶⁷. La Corte de Apelaciones designó a dos nuevos ministros para investigar los hechos denunciados por el ministerio del Interior. El ministro Luis Maldonado Boggagio fue designado para investigar la entrada clandestina al país de armamento que habría sido desembarcado en el puerto de San Antonio. El ministro Osvaldo Erbetta Vaccaro, en tanto, fue asignado para la investigación de las acusaciones del exdirigente Óscar Waiss contra el secretario general del Partido Socialista, senador Salomón Corbalán, acusado de haber recibido dinero del extranjero para comprar armas con fines subversivos. La acusación emanó de la página 9 del folleto «Por un socialismo sin gerentes»³⁶⁸. Los detenidos continuaron incomunicados hasta inicios de octubre, mientras se ampliaba la investigación³⁶⁹.

El subsecretario del Interior dijo además «que el general Pedro Arancibia, interventor ante Ferrocarriles, comunicó que el miércoles un grupo de 8 hombres armados hasta los dientes, “al parecer de carabinas”, habían irrumpido en la estación de Auco. Fueron rechazados por conscriptos de Caballería que los repelieron primero con balas a fogueo y luego de guerra, las que fueron respondidas de igual forma para arrancar posteriormente sin ser alcanzados. De estos hechos dio cuenta al Gobierno el capitán Sánchez, comandante militar en la estación Illapel, diciendo que se comunicaba con atraso por tener interrumpidas las comunicaciones. También informó que Juan Bruna, inquilino del fundo Tranquilla del Servicio Nacional de Salud, al interior de Salamanca, fue detenido por haberse descubierto armas en su domicilio, incluyendo armas de fuego. El detenido fue trasladado con destino desconocido y el diputado Cipriano Pontigo (PCCH) conversó con el ministro del Interior para saber sobre el paradero de Bruna. Pontigo aseveró que Bruna arreglaba máquinas y relojes y no sería raro que tuviera armas enmohecidas³⁷⁰. En La Serena, el ministro Octavio Montt, Presidente de la Corte de Apelaciones, a petición de la intendencia había ordenado la detención de Bruna. El subsecretario del Interior Jaime Silva señaló que el gobierno había integrado al abogado Miguel Schweitzer para colaborar con el ministerio del Interior, sus abogados y asesores en los procesos judiciales iniciados por el gobierno³⁷¹.

A los tres días Juan Bruna fue puesto en libertad, después de haber sido «acusado de ser la cabeza visible de los “complotadores” de esa región. Puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de La Serena, esta dictaminó su libertad por no haber pruebas de actividad sediciosa o “complotadora”»³⁷². Dos días después Bruna fue visitado por Carabineros con una orden de allanamiento en la que figuraban los dirigentes sindicales de Choapa. Revisaron la casa «en búsqueda de armas y como quedaron conformes se fueron. Al día siguiente lo volvieron a buscar pues el capitán quería conversar con él. Bruna creyó que sería referente al pliego de peticiones presentado por los dirigentes del valle. Al llegar quedó incomunicado en Salamanca, enviado a Illapel y luego a La Serena para ponerlo a disposición de la Corte de Apelaciones»³⁷³. Sufriría alrededor de seis meses de encarcelamiento antes de ser liberado³⁷⁴.

Juan Bruna, que era poeta, relató su detención en el poema «La escopeta de mi abuelo» con la siguiente introducción: «Esta poesía la escribió Juan Bruna “Betarraga” el año en que a don “Choche” se le antojó que él quería ser Presidente de Chile».

Pa’ celebrar Santa Rosa parece que ando terciado,

que el otro año lo pasé de fiesta y este año encalabozao.

El día veintiocho de agosto, con el último aguacero,

venía llegando a mi casa un camión de Carabineros.

Venía un oficial grandazo, un inspector de Investigaciones, traían

orden terminante de allanar mi habitación.

«Te acusan que estái conspirando

y que tenís mucho armamento y que querís ser Presidente Betarraga, roto mugriento».

Betarraga, muy asustao les dice «carabinerito,

esas son puras mentiras, le juro por mis niñitos»,

me dan vuelta todas las pilchas y los gangochos de la cama

y hasta en el corral de la chancha le escarban con hartas ganas.

Me encontraron una pistola y la escopeta de mi abuelo

y un revólver desarmado que encontraron por el suelo.

Me llevaron pa’ una mina pa’ buscar el arsenal.

Le escarbaban por muchas partes sin poderlo encontrar.

Me bajan pa’ Salamanca, me llevan a la comisaría,

me meten al calabozo pa’ sacarme al otro día

pa’que fuera a Illapel a la Gobernación a declarar

y allá un viejo pelao ni siquiera me dejó hablar.

Se puso a hacer una nota y llamó a una pareja,

me mandó dejar a la cárcel y me metieron tras de unas rejas.

Estando encalabozao y pensando con enojo

me llega a visitar un regimiento de piojos

¡a puchas la noche mala! Hacía bastante frío,

me pasé la noche en vela afiebrado con los rasquidos.

El día jueves en la noche, cuando ya sentía pena,

me sacan del calabozo pa’ mandarme a La Serena,

con una pareja de carabineros que me cuidaran en el tren

y me pasa unos pesitos González allá en el andén.

Llegando al puerto de Coquimbo me bajan en la estación,

con cincuenta carabineros me meten a un furgón,

me meten allá escondido y al pobre Betarraguita

lo tratan como a un bandido.

Me presentan en la Intendencia como a las ocho de la mañana

y allá otro viejo pelao me mandó dejar a la «cana».

Y estando yo ya precioso junto a toos los reos

me llamaron a la «Corte» pa’ presentarme al careo.

Ante un viejito ministro yo di mi declaración,

le conté los hechos ocurríos y él puso mucha atención,

me devolvió pa’ la cárcel pa’ pedir más antecedentes

porque también a él le habían dicho que yo quería ser Presidente.

Y estando yo ya encerrao se hace presente el amigo

y junto a mis compañeros, el diputado Pontigo,

la Central de Trabajadores junto a toos mis hermanos

me pusieron de abogao a un democratacristiano.

Las celdas no tienen guater en la cárcel de La Serena

y son quince horas de encierro sin tirar la cadena.

Estando encalabozao sentí olores muy raros,

era que todos los presos cacareábamos en un tarro.

El domingo en las visitas vino toda La Serena,

me trajeron hartos regalos, ¡a puchas la gente buena!

El martes falló la Corte y me dejó en libertad

y me dijeron «Betarraguita, aquí no ha pasao na».

Aquí termino de contarles mis tormentos y desvelos

y toda la culpa la tuvo la escopeta de mi abuelo.

Salamanca, 1966 ³⁷⁵.

Juan Bruna. Corporación de Reforma Agraria, «Los Asentamientos de la reforma agraria» (folleto), Santiago: Imprenta La Nación, 1966: p. 13.

Continuaron las investigaciones y las detenciones por el complot en los días siguientes³⁷⁶. El ministro Cerrutti informó en varias ocasiones que había prorrogado la incomunicación de los nueve detenidos declarados reos en la causa por subversión en la Cárcel Pública³⁷⁷. El Mercurio informaba de estas prórrogas cada cinco días³⁷⁸. Por otra parte, dos coroneles en servicio activo, dos dirigentes del gremio del cuero y calzado, un dirigente de la mina La Disputada de Las Condes, un exoficial de la Fuerza Aérea, el jefe de la policía política Fernando Llona, el subprefecto de la brigada móvil Francisco Acavel y el almacenero Fernando Barberi prestaron declaraciones ante el ministro Cerrutti³⁷⁹.

Fue confirmada la encargatoria de reo de Humberto Sotomayor Sorucco, médico de Limache, después de escuchar los alegatos de los abogados acusadores y defensores en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El ministro en visita, Eduardo Sanjurjo, había dictado dicha encargatoria por ser «autor del delito de subvertir y propender al derrocamiento del gobierno establecido». Por el gobierno intervino el abogado Germán Rodríguez Ortiz y en defensa del acusado lo hizo el abogado socialista Juan Matus Valenzuela³⁸⁰.

La investigación continuó hasta fin de octubre con diversas diligencias en relación con el transporte de armas hacia la ciudad de Salamanca³⁸¹. Finalmente salieron en libertad provisional cinco de los detenidos; la sexta sala de la Corte de Apelaciones les concedió la libertad bajo fianza a dos de los reos³⁸² y continuaron en la Cárcel Pública otros seis³⁸³.

El Partido Comunista concluiría que el «complot sintético» y el «pretexto de la amenaza de la estabilidad institucional le sirvió al radicalismo para incorporarse apresuradamente a compartir las responsabilidades de Gobierno» y que «el tiempo ha ido reduciendo este complot a sus justas proporciones: a las actividades propias de cazadores o meros coleccionistas de armas antiguas»³⁸⁴. En octubre, doce detenidos por el complot estaban en una huelga de hambre para protestar por la lentitud de las tramitaciones del proceso y el no cierre del sumario. En represalia, el alcaide ordenó el aislamiento de todos ellos³⁸⁵.

De acuerdo a los registros de la Cárcel Pública, los detenidos y procesados por infracciones a la ley de seguridad interior del Estado, en el proceso 11-61 (complot), permanecieron recluidos hasta octubre. La mayoría había ingresado el 14 de septiembre, pero salieron en libertad bajo fianza en distintas fechas. El 2 de octubre salieron Rosendo Albano Cid, 39 años, tapicero; José San Martín Balboa, 24 años, carpintero y Agustín Carotti Mery, 34 años, industrial; el 25 de octubre Manuel Luna Madrigal, 31 años, gasfíter; Luis Acuña Ponce, 41 años, industrial y Luis Gustavo Mujica, 42 años, médico. Otros dos detenidos, Enrique Mosela Guerrero, 27 años, mecánico dental y Víctor Opazo Cossio, 33 años, aviador, fueron sobreseídos y salieron también el 25 de octubre. José Cortés Acosta, 56 años, jubilado, salió el 28 de octubre en libertad bajo fianza. Otros tres detenidos que habían ingresado el 21 de septiembre, Gustavo Páez Gallardo, 24 años, mueblista, Gonzalo Villalón Manzano, 34 años, librero y Pablo Monardes Chutterbuck, 41 años, mecánico, salieron el 28 de octubre en libertad bajo fianza³⁸⁶. Los antecedentes registrados no incluyen la actividad política de los procesados. La búsqueda del expediente fue infructuosa³⁸⁷.

¿Cuál sería la verdad sobre el complot? El gobierno nunca la reveló. No fue posible saber si los detenidos pertenecían o no a una misma organización. O si efectivamente algunos soñaban replicar la «Sierra Maestra», aunque el valle del Choapa no se prestara geográficamente para semejante propósito. Tampoco fue posible establecer si el gobierno logró prevenir una amenaza real y efectiva, o como dijo la oposición, con diversos matices, que se trataba de un pretexto sumamente conveniente para controlar las movilizaciones y las huelgas.