Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 26

En un ambiente político caldeado se produjo un caso de «indisciplina» entre alumnos de la Escuela de Ingeniería Naval de Valparaíso. Los que, a primera vista, parecían acontecimientos de menor importancia llegarían a incitar debates en el Congreso sobre el funcionamiento de la justicia militar, la polarización política en el país, el uso de las amnistías como instrumento reiterado para «pacificar» los ánimos y las relaciones cívico-militares en una república democrática.

Por oficio reservado 6075/9 del director de la Escuela de Ingeniería Naval (EIN) Jorge Cause Anwandter, capitán de navío e ingeniero director, dirigido al comandante en jefe de la 1ª zona naval, le informaba sobre graves faltas a la disciplina cometidas por personal de la EIN. Indicaba que el teniente 2º José Concha Vidal le expresó que «circulaban rumores que algunos grupos de personal habían manifestado disconformidad con ciertos aspectos del régimen interno (…) la que pretendían dar a conocer negándose a almorzar hoy día miércoles 10». Dejó constancia que se adoctrinó a los señores oficiales de la Escuela «para que separaran al personal y le dieran a conocer los rumores existentes a fin de prevenirlos a cometer actos de graves consecuencias en circunstancias que quedaba abierto el camino a las peticiones directas (…) a la hora del rancho un grupo de 70 alumnos, cuya relación se adjunta, se manifestó definitivamente dispuesto a no almorzar aduciendo razones de salud»²⁹⁵.

Se realizó una investigación sumaria administrativa entre el 10 y el 23 de mayo de 1961, la que fue «ordenada instruir por la comandancia en jefe de la primera zona naval, en averiguación del movimiento indisciplinario acaecido el miércoles 10 de mayo de 1961, que consistió en que el personal de alumnos de la escuela de ingeniería naval se negó a almorzar en la fecha indicada». Fue designado fiscal el capitán de navío Sergio Vattier Bañados y secretario, el capitán de corbeta (auditor) Aldo Montagna Barguetto.

En virtud de la investigación sumaria fueron arrestados 43 marineros de la 1ª brigada, cuyo listado fue firmado por el capitán de corbeta Fernando Villanueva Moreno; y 31 marineros de la 2ª brigada, el listado firmado por el capitán de corbeta Fernando Cevallos Jones. Fueron procesados 23²⁹⁶.

El abogado socialista Emilio Contardo asumió la defensa de los marinos detenidos²⁹⁷. El historiador Jorge Magasich señaló que la situación se originó cuando 74 marinos se negaron a concurrir al rancho y fueron arrestados por destacamentos de infantes de marina. A ese movimiento se plegaron los estudiantes de ingeniería naval²⁹⁸. Negarse a almorzar era calificado por los reglamentos como indisciplina. De acuerdo con las informaciones de prensa hubo centenares de detenidos²⁹⁹.

Magasich indica que «el cabo Mariano Ramírez se había enterado que todas las escuelas del sector Las Salinas (Ingeniería, Telecomunicaciones y Artillería) habían formado una coordinación para protestar “porque las comidas eran muy malas”, pero finalmente sólo los de Ingeniería se plegaron al bandejazo»³⁰⁰. El abogado Contardo relató que los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Naval se negaron a consumir alimento y que un oficial lo consideró insubordinación, los hizo salir, los hizo formar y dio la orden de volver a las aulas pero nadie obedeció: «Entonces era insubordinación, era motín. Destruía la esencia de la disciplina de ellos. Y decidieron procesar a todo este personal por el delito de sedición o motín que figura como uno de los delitos más graves en el Código de Justicia Militar»³⁰¹.

De acuerdo con la ley de seguridad interior del Estado no se podía procesar por sedición o motín sin requerimiento del Presidente de la República, del ministro del Interior o del intendente respectivo. Ante la falta de esa orden, la Corte Marcial acogió el recurso de amparo presentado por el abogado y, dado este procedimiento, él pudo entrevistarse con los detenidos. Allí descubrió que habían sido torturados³⁰².

Seis diputados por Valparaíso pertenecientes a cinco partidos políticos se entrevistaron con el intendente de Valparaíso, vicealmirante Cubillos Rivera. Además recibieron a un grupo de jóvenes licenciados de la Escuela de Ingeniería Naval. Sobre esa conversación, el diputado Volodia Teitelboim informó a la Cámara que:

En primer término, se quejaron por la suspensión de permisos especiales, incluso en ciertos casos calificados. También lo hicieron con respecto a la mala preparación del rancho en circunstancias de que, según sus declaraciones, la ración de la Armada es de primera calidad. Además, reclamaron por el trato incorrecto de los señores oficiales Humberto Sciacaluga y Fernando Ceballos, que no corresponden a los de un oficial para con sus subalternos, habiendo demostrado, según su versión, absoluto desconocimiento del artículo 91 de la ordenanza de la Armada, que dice que no se deben usar palabras inconvenientes o ultrajantes, ni modales incorrectos o hirientes³⁰³.

Los estudiantes reclamaron por los frecuentes castigos y por el rigor desmedido al aplicar sanciones. En vista de esta situación, «el personal, en forma absolutamente espontánea, se negó en un día determinado a almorzar, razón por la cual fueron licenciados alrededor de ciento cincuenta muchachos. (…) al visitar el día lunes la Sección de Detenidos de Valparaíso, tuve la desagradable sorpresa de encontrar entre ellos a uno de los muchachos que había venido a la Cámara»³⁰⁴. Señaló más adelante Teitelboim que la Corte Marcial acogió, respecto de los primeros procesados, la apelación de la encargatoria de reo, rechazando la idea de sedición y motín y sustituyéndola por «incumplimiento de deberse militares». El intendente de Valparaíso, vicealmirante Cubillos Rivera, presentó el requerimiento por infracciones a la ley de seguridad interior del Estado. Así se agravaron bruscamente las cosas y se produjeron detenciones por parte de la Justicia ordinaria³⁰⁵.

Los parlamentarios Rafael Tarud y Raúl Ampuero habían oficiado el 26 de julio al ministro del Interior para que el Ejecutivo desistiera de la denuncia del intendente de Valparaíso en contra de los alumnos de la Escuela de Ingeniería Naval. La respuesta del ministro, de fecha 9 de agosto de 1961, fue la siguiente: «debo manifestar a V. E. que en consideración a la gravedad de los hechos que motivaron esa denuncia, los cuales han vulnerado seriamente fundamentos básicos en que descansan las Instituciones Armadas, como son la subordinación y la disciplina, al Ministro infrascrito no le es posible acoger tal solicitud de desistimiento. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Sótero del Río Gundián» ³⁰⁶.

De las pruebas e interrogatorios realizados en el proceso que aparece caratulado como «incumplimiento de deberes militares», iniciado en la justicia naval, se estableció que se «desprenden presunciones fundadas para atribuirles a cada uno la responsabilidad de autores del referido delito». Fueron inculpados los exmarineros de la Armada Héctor Figueroa Espinoza (fs. 106 vta. y 545), Claudio Arriagada Vicencio (fs. 93 vta. y 548) y Reinaldo Jorge Encina Toro ( fs. 143 y 569). Se les declaró reos y se les sometió a proceso, dejándolos en libertad provisional. Fueron acusados separadamente como instigadores de los delitos de sedición o motín, dando origen al proceso rol 2424³⁰⁷.

El 31 de agosto de 1961, «mediante el decreto ordinario N° 1630/252, se decretó el retiro de las filas desde el 1 de septiembre por la causal “necesidades del servicio” (pérdida de aptitudes militares), “sin valor militar”, al siguiente personal actualmente en la guarnición orden y seguridad: V.A. Vergara, Gambino, Mendoza, Tabilo, Peters y Núñez Pérez, Luis». El decreto fue firmado por Alfredo López Costa, vicealmirante director general del personal. A través del decreto del 4 de agosto de 1961, por las mismas razones y bajo la misma firma, Guarda, Gómez, Esponda, Sánchez, Rojo, Pérez, Rubilar, Lobos, Cid y Flores fueron separados del servicio. No aparece información sobre los demás procesados³⁰⁸.

Por otra parte, en el proceso iniciado en Valparaíso el 4 de septiembre, se estableció que se encontraba «justificada en autos la existencia del delito de incumplimiento de deberes militares que contempla y sanciona el art. 299 N: 3 del Código de Justicia Militar»³⁰⁹. El delito se fundamentaba en el hecho de no haberse presentado a almorzar el día 10 de mayo un número determinado de estudiantes, la mayoría de los cuales fueron procesados por ello. De acuerdo con lo señalado por el abogado Contardo, los marinos habrían sido torturados en un recinto de detención de la Escuela de Infantería de Marina en Las Salinas. Los familiares se organizaron para solicitar una amnistía. El Partido Demócrata Cristiano encargó el caso al diputado Eugenio Ballesteros, los comunistas designaron a Volodia Teitelboim y el Partido Socialista al abogado Contardo³¹⁰.

El proyecto de amnistía fue presentado por cuatro senadores de oposición. El debate del proyecto se llevó a cabo en el Senado el 29 de agosto de 1961³¹¹. La mayoría de la comisión informante recomendó la aprobación de la amnistía sólo en el proceso referente a incumplimiento de deberes militares, pero no en cuanto a sedición y motín (proceso 2.424). Es preciso tener en cuenta que, en el momento del debate, habían sido declarados reos 62 individuos, por el delito de sedición o motín, que podían ser castigados con penas desde cinco años y un día de presidio hasta la pena de muerte, por haber sido cometido en un recinto militar.

El senador Fernando Alessandri insistió en que «se quiere que se investigue, porque la diferencia está en que, con la amnistía, se acaba el proceso y hay conveniencia en que se siga investigando, para hacer luz y se sepa plenamente lo que sucede». El senador Radomiro Tomic, a su vez, concordó con Alessandri en que «se investigara y aceptamos que continuara el proceso contra los ocho que, sin ser estudiantes –hay entre ellos también estudiantes– aparecen como instigadores del delito de sedición. No nos oponemos a que se investigue (…) el hecho de que se apruebe esta ley de amnistía no paraliza la investigación; paraliza la acción penal, naturalmente, pero no la investigación administrativa»³¹².

El senador Pedro Ibáñez (PL) objetó que «los actos de indisciplina dentro de las Fuerzas Armadas tienen repercusiones imprevisibles para la Nación» y que no se debía legislar sin más información sobre los hechos³¹³. El senador Julio von Mühlenbrock (PL), por su parte, también se resistía a una rápida aprobación de la amnistía, recordando las palabras de Diego Portales: «Chile será una gran democracia y una gran nación mientras el principal resorte de la máquina esté en su lugar: la disciplina, el concepto del cumplimiento del deber (...). Estamos juzgando a soldados de la República, estamos frente a hombres que visten un uniforme (...). Admito el espíritu de turbulencia que caracteriza a la juventud, el afán de innovar del estudiante en las universidades. Acepto la huelga, la lucha en las calles, en el gran problema social. Pero las Fuerzas Armadas están integradas de distinta manera (...)»³¹⁴. En la votación de la amnistía en el Senado hubo tres posiciones: los que estaban en contra; los que querían amnistiar a los «estudiantes» por indisciplina, pero no a los «instigadores» ni a los reos por sedición o motín; y los que querían una amnistía amplia, entre ellos los senadores socialistas y algunos radicales. Al fundamentar sus votos, los senadores volvieron a recordar las amnistías anteriores y a reavivar la memoria histórica.

El senador Bossay (PR) señaló que los tribunales militares, en este caso, «han tenido tiempo para establecer los grados de culpabilidad. Se ha expresado que se requieren veinte días, que pueden prorrogarse hasta cuarenta, y, en estos momentos, se llevan sobre cien días en esta etapa del sumario. En este plazo, con los elementos con que la Justicia ha contado, debe haber antecedentes suficientes para establecer la verdad de lo ocurrido. El informe, evacuado cien días después de iniciado el proceso, dice que sólo hay ocho personas que son reos como instigadores de determinados delitos: dos sargentos, cuatro cabos y dos marineros, cuyas edades fluctúan entre los 23 y los 34 años»³¹⁵.

El Partido Liberal declaró favorecer una amnistía parcial, que no incluyera a los «provocadores de este motín», pero sí a los «meros ejecutores»³¹⁶. Esta indicación, apoyada por los comités conservador, liberal y radical, fue aprobada por 67 votos contra 6. Los comités democratacristiano, socialista y comunista solicitaron que se omitiera el trámite del segundo informe, petición que fue aprobada por 49 votos contra 25, a pesar de no completar los dos tercios necesarios para prescindir del trámite del segundo informe. Sin embargo, poco tiempo después, tal acuerdo fue conseguido por aclamación³¹⁷. La amnistía se extendería al proceso N° 2.424 por sedición o motín, incoado como consecuencia de los mismos hechos siempre que tuvieran la calidad de meros ejecutores del delito, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272 del Código de Justicia Militar. Devuelto al Senado, el proyecto de ley de amnistía fue aprobado casi sin debate. La Ley 14.629 fue publicada en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 1961. La amnistía incluyó a los estudiantes «indisciplinados» y a los inculpados como ejecutores del delito de motín.

Fue así como unos sucesos, aparentemente de menor importancia, dieron lugar a debates acalorados y agrios en el Senado y la Cámara de Diputados. De una rebelión de estudiantes navales en Valparaíso se había llegado a reavivar la memoria de conflictos violentos desde el siglo XIX. A la vez se anticipaban, sin saberlo, conflictos futuros sobre la jurisdicción y procedimientos de los tribunales militares y sobre la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar.