Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 32

En las postrimerías de 1961 fue detenido el periodista Lautaro Ojeda (militante del PADENA, corresponsal y director gerente de The Associated Press en Chile)⁴²⁰. El gobierno interpuso una querella por infracción a la ley de seguridad interior del Estado. Fue detenido, acusado de ser responsable de una crónica publicada en el periódico que él dirigía, El Paredón, que era el órgano oficial del Partido PADENA, bajo el título de «Fallo inmoral»⁴²¹. El diario La Nación informó de su detención, señalando que fue puesto a disposición del ministro Roberto Smart E., quien lo acusó por el delito de injurias contra los miembros de la Corte Suprema por el mencionado artículo, redactado con términos calificados como injuriosos respecto del desafuero de los tres parlamentarios del PADENA⁴²².

El artículo criticaba duramente la sentencia de los tribunales desaforando a los diputados Minchel, Lavandero y Leyton, «en contra de quienes, según lo anuncia la prensa de hoy, se piden penas de presidio»⁴²³. Ojeda negó haber escrito el artículo, pero rehusó identificar al autor. El Siglo informó a principios de enero de 1962 que el gobierno pidió que se le condenara a pena de cárcel por las supuestas injurias⁴²⁴. El propio periodista se defendió a través de la prensa, analizando la injusticia de su detención⁴²⁵.

En la Cámara, el diputado Foncea declaró que Ojeda «se halla en la cárcel desde hace 28 días, por el tremendo delito de difundir la verdad. Fue detenido con violencia, como si se tratara de un delincuente común; y fue vejado e incomunicado arbitrariamente en el cuartel de Investigaciones, donde sus familiares y amigos pudieron ubicarlo después de desesperados esfuerzos para establecer su paradero»⁴²⁶. Foncea denunció que «el Ministro sumariante, en actitud sin parangón en los anales judiciales, se ha negado a recibir las pruebas y testimonios ofrecidos por la defensa del reo, y en forma intempestiva procedió a cerrar el sumario negándose tercamente a reabrirlo»⁴²⁷. Insistía en que era del todo legítimo analizar y criticar los fallos judiciales: «Los fallos judiciales se publican incluso en revistas subvencionadas por el Estado y se difunden, no para que todos aplaudan esos pronunciamientos, sino para que ejerciten libre y soberanamente la facultad de crítica y de protesta»⁴²⁸.

Honorable Cámara, cuando el Senador de la República don Baltazar Castro, en un arresto de hombría de bien no frecuente en los tiempos que estamos corriendo, reconoció ser el autor de la crónica, el Gobierno «libertario» y «desapasionado» que nos rige, ante el peligro de que se produjera la libertad de Lautaro Ojeda, como debió ocurrir, inició otra acción judicial en su contra, fundada en publicaciones del mismo periódico El Paredón, correspondiente a una edición que no pudo circular como consecuencia de la censura oficialista⁴²⁹.

Casi dos semanas después, el mismo diario informaba que la Corte Suprema había denegado la apelación del abogado Sergio Recabarren sobre un recurso de queja presentado contra el ministro sumariante Roberto Smart. Denunció que «ahora la Corte Suprema refrenda el criterio político con que han actuado en este proceso tanto el ministro Smart como la Corte de Apelaciones, lo que constituye una confirmación de la falta de independencia del Poder Judicial»⁴³⁰.

El senador Salvador Allende llamaba a «un gran debate sobre la administración de justicia en el país», cuestionando la imparcialidad, independencia y legitimidad del Poder Judicial:

El pueblo desde siempre lo ha sabido: la cárcel para quien roba un pan o una gallina; el prestigio de «gerente» para quien entrega las riquezas básicas de nuestra tierra o para quienes defraudan millones o para quien medra a la sombra de la especulación, de las alzas de precios o del «dato» oportuno llegado por las gratas vías de la información confidencial.

(…) Y cuando esta misma máquina de la Justicia es llamada a intervenir en las contravenciones de carácter político, se torna ella de una dureza granítica si se trata de eliminar a quien, poseyendo el limpio título de un mandato popular, se atreve a denunciar irregularidades de las gentes vinculadas al Gobierno. En cambio, se alcanza una ceguera insuperable si se trata de reprimir los desmanes que hieren en lo más respetable a hombres que militamos en las corrientes que no llevan tras de sí las increíbles sugestiones que ofrece el poder con sus expectativas burocráticas.

(…) Me asiste el convencimiento de que se hace indispensable que los sectores progresistas de Chile promuevan un gran debate sobre la administración de Justicia en el país, en todos sus grados y matices. Nosotros, a través de años, hemos creado conciencia nacional acerca de las características de nuestra realidad económica y social (…). Ahora, sin lugar a duda, hay que encarar de firme y con pie derecho y sin prejuicios el análisis del Poder Judicial. La vida del Estado es una y en él no caben sectores intocables. Sé que el FRAP y los partidos que lo integran se echarán sobre sus hombros, sin vacilaciones, tan importante como impostergable tarea⁴³¹.

Procesado por presuntas injurias contra el Poder Judicial, Ojeda estaba en la cárcel y el 23 de enero de 1962 inició una huelga de hambre. El PADENA propuso una acusación constitucional contra el ministro Roberto Smart y contra todos los ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema que habían intervenido en el caso. Esta propuesta no prosperó, aunque el FRAP acordó en su congreso a fines de febrero que se trataba de «un notable abandono de deberes» en que incurrió el Poder Judicial en los procesos contra Minchel, Leyton y Lavandero y del periodista Lautaro Ojeda. La declaración del congreso del FRAP afirmó que los tribunales superiores del Poder Judicial habían «demostrado una absoluta falta de independencia» ante los requerimientos del gobierno. Por este motivo acordaron instruir a su representación parlamentaria que presentara una acusación constitucional contra los ministros que intervinieron en los últimos procesos. Acordaron también incorporar al programa del FRAP que todos los cargos del Poder Judicial, en resguardo de su autonomía, debieran ser renovados en «determinados plazos legales y mediante una generación democrática». De ser legislada la propuesta se produciría una transformación revolucionaria de la carrera y de las atribuciones de los ministros del Poder Judicial, sometiéndolos a la «generación democrática» de su cargo. El FRAP proclamó ante el país que «la próxima elección presidencial [1964] será un plebiscito con contenido revolucionario»⁴³².

El director del diario Clarín, Enrique Gutiérrez, fue interrogado por el ministro Remigio Maturana de la sexta sala de la Corte de Apelaciones por el titular «Cuchareo político», en el que se refería al ministro de Economía Luis Escobar Cerda, quien se querelló por injurias. En el caso del artículo por el fallo en relación con los diputados del PADENA, Clarín dijo que «el Gobierno prefirió seguir el camino más fácil. No desmintió los cargos formulados por los diputados y se querelló por injurias. No lo hizo por calumnias porque no las había»⁴³³.

Al mismo tiempo, en la quinta sala se llevaban a cabo los alegatos por el proceso contra Ojeda, declarado reo y condenado a 200 días de prisión. Fue defendido por el abogado Arturo Zúñiga Latorre, quien pidió que fuera revocado el fallo de primera instancia⁴³⁴. Por el Ejecutivo alegaba Manuel Guzmán Vial, solicitando la confirmación del fallo⁴³⁵. A inicios de marzo, en la inauguración del año judicial, el Presidente de la Corte Suprema había reivindicado la independencia del Poder Judicial. En abril se dictaron las sentencias condenatorias de los diputados del PADENA y del periodista Lautaro Ojeda⁴³⁶.

El abogado Sergio Recabarren enjuició lo que caracterizó de «actuaciones políticas de los jueces». Señaló que la acusación constitucional acordada por el FRAP debía permitir el profundo y descarnado análisis de la justicia chilena». En su declaración criticó las sentencias condenatorias contra Ojeda y los diputados del PADENA. Afirmó que las querellas se fundamentaron en una «tinterillesca» confusión entre crítica fiscalizadora impersonal al gobierno y a los tribunales y ataque difamatorio de las personas del jefe de Estado y los ministros de la Corte Suprema⁴³⁷.

Por lo visto, los ministros de los tribunales superiores eran blancos directos de la crítica y de la propaganda política del FRAP. No sólo la presidencia de la República estaría en juego en 1964 sino la formación, atribuciones y funcionamiento de las instituciones judiciales. La izquierda había declarado la «guerra» a la instrumentalización del Poder Judicial por la «dictadura» alessandrista y contra la «justicia de clase» que decía reinar en el país.

A fines de marzo de 1962, El Siglo informaba que el gobierno había ordenado la detención de centenares de bancarios en huelga del norte al sur del país. Jaime Faivovich y Alejandro Pérez, abogados defensores de los empleados bancarios encarcelados, presentaron un recurso de amparo solicitando la inmediata libertad incondicional de 31 de los detenidos. El ministro del caso, Luis Sanhueza, los incomunicó y a juicio de los abogados no tenía razón para hacerlo⁴³⁸. El gobierno puso como condición para desistirse de las querellas que los bancarios se reintegraran al trabajo. No obstante, se mantuvieron en huelga hasta mediados de abril. Mientras tanto, hubo huelgas de larga duración en el sector minero, incluyendo El Teniente y Cerro Imán (Copiapó, mina de hierro).

Mientras se acentuaba la polarización política e ideológica en el país, el Poder Judicial seguía bajo sitio. Entre 1962 y 1964 las tomas de terrenos, protestas callejeras, huelgas ilegales, «recuperaciones de tierras» por comunidades mapuche, desafueros de parlamentarios de izquierda y acusaciones constitucionales nutrieron ataques fundamentales contra el Poder Judicial y la «justicia clasista» que reinaba. En palabras del diputado Luis Pareto, «Cuando en 1964, y de eso estoy convencido total y absolutamente, haya un Gobierno popular que rija los destinos de este país, deberá pedir cuentas, empezando por nuestros “prestigiosos” estrados judiciales. Y ellos han de ser los primeros en rendir cuentas al gran tribunal del pueblo para que se diga si los parlamentarios deben presentar certificados de buena conducta a fin de obtener su excarcelación»⁴³⁹ .

Asimismo, los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano «manifestaron en esta Cámara, su protesta apasionada y violenta, por el atropello al derecho, a la Constitución, a nuestra Carta Magna, que contienen estas sentencias judiciales al dar lugar al desafuero de nuestros colegas»⁴⁴⁰. En particular, reclamaron, que el ministro Pomés «los declaró reos, pero en vez de buscar un procedimiento acorde con el mínimo de deferencia que se debe tener con miembros de otro Poder del Estado, con parlamentarios que han sido elegidos por el pueblo, por inmensa mayoría, a través de la República, prefirió notificarles la encargatoria de reo a través de la detención por Investigaciones, igual que si se tratara, como lo señaló un Honorable colega, de simples delincuentes, de ladrones de bancos o de asesinos de conductores de taxi». El diputado Lorca afirmó: «Este procedimiento significa, en el fondo, una complicidad con la política del Ejecutivo que, con su actitud, ha pretendido atropellar el fuero parlamentario» ⁴⁴¹.

Pero la crítica al Poder Judicial y al sistema de «(in)justicia» iba mucho más lejos que los desafueros de parlamentarios de oposición. El Partido Comunista proponía, mediante reformas constitucionales, transformar la manera de componer el Poder Judicial, para «democratizarlo», y terminar con la carrera judicial histórica.

Hay que democratizar la justicia para hacerla realmente justiciera y expedita. Corresponderá modificar los códigos y las leyes existentes de forma que lleven a resguardar los derechos y los intereses del pueblo. Será necesario establecer un Ministerio Público autónomo que responda sólo al más alto Poder del Estado y esté encargado de supervigilar el escrupuloso acatamiento a la ley y la preservación de los derechos del pueblo. Los jueces y los tribunales inferiores deben ser elegidos por medio de un sistema de votación similar al que se emplea para designar a los diputados. Debe reformarse totalmente el actual sistema carcelario.

(…) En este proyecto de reforma constitucional, proponemos, igualmente que se eliminen de las atribuciones del Presidente de la República aquélla a que me acabo de referir y la facultad de nombrar a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los jueces letrados. En cambio, proponemos que esta atribución se entregue al Senado de la República y que en el artículo 83 de la Constitución se establezca que los ministros y fiscales de la Corte Suprema sean designados, cada cinco años, por el Senado de la República, a fin de que no puedan constituirse en una especie de casta administrativa, de que sean plenamente responsables ante el país y haya una generación representativa, democrática, de su mandato.

En la misma forma, proponemos que los ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones sean designados de acuerdo con las ternas señaladas en la actual Constitución, pero por el Senado de la República y para durar tres años en sus cargos. Asimismo, patrocinamos que los jueces letrados duren dos años en sus cargos y que su designación quede en manos del Senado de la República⁴⁴².

En junio de 1963, el diputado socialista Clodomiro Almeyda diría: «En Chile nos encontramos en estos momentos en los comienzos de un proceso político-electoral, en el cual están en juego nada menos que el Gobierno mismo de la República, la orientación del Estado, la estructura económica y social del país»⁴⁴³. Para los jueces y ministros del Poder Judicial era evidente que los partidos de izquierda propugnaban transformar la supuesta autonomía, independencia y apoliticismo de la carrera judicial en «puestos» judiciales, sujetos a la fiscalización del «pueblo» en comicios cada dos, tres o cinco años.

²¹² Luis Corvalán L., «La vía pacífica y la alternativa de la vía violenta», Principios (octubre de 1961): 15.

²¹³ Cámara de Diputados. 13ª Sesión (especial: de 20 a 22.19). 6 de noviembre de 1961: 771.

²¹⁴ Cámara de Diputados. 22ª Sesión (especial: de 10.45 a 14.02). 22 de noviembre de 1961: 1375.

²¹⁵ Carlos Andrade Geywitz, Elementos de derecho constitucional chileno, 2ª edición, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1971: 57-58.

²¹⁶ Véase Brian Loveman, «The Political Architecture of Dictatorship: Chile before 1973», Radical History Review, 125 (Enero de 2016): 11-42.

²¹⁷ Ley 12.927, 6 de agosto de 1958. Véase comentarios sobre esta disposición en Jorge Mera, Felipe González M., Juan Enrique Vargas V., «Ley de seguridad interior del Estado y derechos humanos 1958-1973», Cuaderno de Trabajo, N. 8, Academia de Humanismo Cristiano, s.f.

²¹⁸ Así denunció el senador Salomón Corbalán en 1961, señalando: «No hay dirigente de nuestros sectores que en estos instantes no esté vigilado» (Senado. 45ª Sesión [ordinaria: de 16 a 19]). 5 de septiembre de 1961: 2651). Durante su gobierno, Alessandri no decretó estado de sitio (aunque sí zonas de emergencia); hubo sólo 3 decretos de insistencia, en comparación con 355 de Ibáñez y 63 de Eduardo Frei Montalva (1964-70). Sergio Carrasco Delgado, Alessandri. Su pensamiento constitucional. Reseña de su vida pública, Santiago: Editorial Jurídica, 1987: 50. Tampoco se usó con frecuencia la «reanudación de faenas» con intervención militar para «solucionar» huelgas ilegales, como había sido la costumbre en el pasado de acuerdo con las disposiciones del artículo 626 del Código del Trabajo de 1931, Ley 12.927 sobre seguridad interior del Estado (1958), y el decreto ley 520, de 1932.

²¹⁹ Oficio del Señor Ministro del Interior, 836, 14 de abril de 1959; Cámara de Diputados. 62ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 17.46). 28 de abril de 1959: 4107. Cursiva de los autores.

²²⁰ La Ley 11.146 de 1953 había autorizado al Ejército a imponer «diversos grados de control en tiempos de paz a toda institución e industria nacional que se considerara aprovechable, táctica o estratégicamente, en tiempos de guerra». Esta ley le confirió autoridad a la inteligencia militar, la que prácticamente fue ilimitada. Véase Dauno Tótoro Taulis, La cofradía blindada. Chile civil y Chile militar: trauma y conflicto, Santiago: Planeta, 1998: 61-62.

²²¹ Corte de Apelaciones de Santiago, 31 de octubre de 1961. «Desafuero parlamentario de los diputados don Jorge Aravena Carrasco y otros». Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Santiago, LVIII, N. 9/10, noviembre-diciembre de 1961, 2ª parte, sección 4ª: 321-330; desafuero de diputados don Jorge Aravena Carrasco, José Foncea, Víctor González, Esteban Leyton, Luis Minchel, Jorge Lavandero, Jorge Oyarzún, Luzberto Pantoja, Luis Pareto, Rafael de la Presa y Juan Tuma (Partido Democrático Nacional); Corte Suprema, 21 de noviembre de 1961.

²²² «El Gobierno adoptó medidas para asegurar la normalidad pública», La Nación, 24 de agosto de 1961: portada; «Gobierno garantiza normalidad del trabajo», El Diario Ilustrado, 24 de agosto de 1961: portada, titular; «Dos profesores y cuatro obreros de la salud quedan detenidos», La Nación, 29 de agosto de 1961: 3; «Nuevos detenidos hubo ayer en procesos por huelgas ilegales», La Nación, 30 de agosto de 1961: 5; «26 detenidos por atentados y coartar la libertad de trabajo», La Nación, 31 de agostode 1961: 4.

²²³ «Prosiguen gestiones para resolver conflicto del personal ferroviario», El Mercurio, 17 de agosto de 1961: 19; «Acuartelamiento de las Fuerzas de la Guarnición», El Mercurio, 20 de agosto de 1961: 49.

²²⁴ «Se aplicará la ley para hacer efectiva la responsabilidad de instigadores del Paro ilegal», El Mercurio, 25 de agosto de 1961: 21; «La Unión: La policía arrestó a 91 huelguistas», El Diario Ilustrado, 29 de agosto de 1961: 16.

²²⁵ La Ley 12.927: (Art. 27) estipulaba «Cometen delito contra el orden público: a) Los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública; b) Los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la patria y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, o a los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido». Esta práctica se mantendría durante la dictadura (1973-90) y después de 1990. Véase, por ejemplo, Juan Pablo Cárdenas, «Querellas contra dirigentes opositores», Análisis, Año IX, N° 130, 1986: <http://saladehistoria.com/Revistas/Analisis/pdf/Analisis-130.pdf>.

²²⁶ «Desistimiento de querellas contra personal del SNS. Circular telegráfica enviada a intendentes de todo el país», El Diario Ilustrado, 2 de septiembre de 1961: 5; «Gobierno se desiste de denuncias contra el personal de la salud», La Nación, 2 de septiembre de 1961: 2.

²²⁷ Véase: Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970, Santiago: LOM, 2002; Armando De Ramón, «La población informal. Poblamiento de la periferia de Santiago de Chile 1920-1970», Revista EURE XVI, 50, Santiago, 1990: 5-17; Cecilia Urrutia: Historia de las poblaciones callampas, Serie Nosotros los chilenos, N° 11. Santiago: Quimantú, 1972.

²²⁸ «Contra Salomón Corbalán y otros». Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales. Vol. LVII, 1960: 181-183.

²²⁹ «Gobierno presenta denuncia contra Diario El Siglo», El Mercurio, 21 de julio de 1960: 22; «El Gobierno se querelló contra El Siglo y Salomón Corbalán», La Nación, 24 de julio de 1960: 5; «Querellas contra Salomón Corbalán y Diario El Siglo», El Mercurio, 24 de julio de 1960: 37.

²³⁰ «Querella contra Diario El Siglo», El Mercurio, 28 de julio de 1960: 19.

²³¹ «Por defender a los damnificados, detenido nuestro director. Motivo: nuestra oposición a la venta de la harina canadiense», El Siglo, 4 de agosto de 1960: titular, portada.

²³² «A 150 días de presidio en primera instancia fue condenado Sergio Villegas Salas», El Siglo, 11 de diciembre de 1960: portada; «Dictaron sentencia de primera instancia. cinco meses de prisión para director de El Siglo por defender ayuda de damnificados. El fiscal Manuel Rivas había solicitado 200 días de prisión», El Siglo, 11 de diciembre de 1960: portada.

²³³ «No hubo avenimiento entre las partes ayer. El abogado del Gobierno debe declarar ante el juez por injurias a El Siglo» , El Siglo, 7 de agosto de 1960: portada.

²³⁴ «Presentación de querellas por injurias o calumnias», El Mercurio, 20 de julio de 1960: 15; «Confusa declaración de la Secretaría General de Gobierno. ¿Retira su sometimiento a la prueba por la oposición de sus afirmaciones?», El Siglo, 30 de julio de 1960: 8.

²³⁵ El Siglo, como vocero del Partido Comunista, denunció esta campaña represiva contra políticos, periodistas y sindicalistas desde julio hasta noviembre de 1960: «Detenido Hernán Millas», El Siglo, 18 de octubre de 1960: titular, portada; «En proceso a Clarín: Reos Millas y Hernández», El Siglo, 20 de octubre de 1960: portada; «Proceso a Clarín: Libres Millas y Hernández. Hoy la Corte decide libertad de Gamboa», «El Siglo, 25 de octubre de 1960: portada; «Para variar: El director de Investigaciones se querella contra periodista», El Siglo, 3 de noviembre de 1960: última página.

²³⁶ «Confusa declaración de la Secretaría General de Gobierno. ¿Retira su sometimiento a la prueba por la oposición de sus afirmaciones?», El Siglo, 30 de julio de 1960: 8. Mayúsculas y cursivas en el texto original.

²³⁷ «Contra Salomón Corbalán y otros», Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales. Vol. LVII, 1960: 183.

²³⁸ «Pena de relegación para Corbalán en proceso por injurias a S.E.», La Nación, 13 de noviembre de 1960: 12; «Corte confirmó fallo contra don Salomón Corbalán», El Mercurio, 22 de diciembre de 1960: 45.

²³⁹ Senado. 17ª Sesión extraordinaria, 22 de noviembre de 1960: 815.

²⁴⁰ Ibíd., 817.

²⁴¹ «Denunció irregularidades con la ayuda. 100 días de relegación para Salomón Corbalán», El Siglo, 22 de diciembre de 1960: última página.

²⁴² «Suprema ratificó relegación de Corbalán: 100 días a Freirina», El Siglo, 30 de diciembre de 1960: portada, titular.

²⁴³ «Sostiene Corbalán: “Mantengo mis cargos: se han robado las ayudas. Recurriremos a la Corte Suprema. Queremos agotar todos los trámites de la justicia de esta democracia para que el país conozca con exactitud hasta donde es efectivo que nuestro Poder Judicial es independiente y está ajeno a los intereses de clase”», El Siglo, 23 de diciembre de 1960: portada. Cursiva de los autores.

²⁴⁴ Boletín del Comité Central PS, enero de 1961, No 6, pp. 1 y 2. Cursiva de los autores.

²⁴⁵ «Indulto para don Salomón Corbalán», El Mercurio, 31 de enero de 1961: 30.

²⁴⁶ «Gobierno indultó a Secretario General del Partido Socialista don Salomón Corbalán González», El Mercurio, 1 de febrero de 1961: 32.

²⁴⁷ Senado. 3ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 7 de junio de 1961: 140.

²⁴⁸ Ibíd., 141.

²⁴⁹ Ibíd.

²⁵⁰ Cámara de Diputados. 6ª Sesión (especial: de 21.15 a 2 horas del día miércoles 7). 6 de junio de 1961: 408.

²⁵¹ Ibíd., 431.

²⁵² Cámara de Diputados. 5ª Sesión Ordinaria. 6 de junio de 1961: 374.

²⁵³ Ibíd.

²⁵⁴ Cámara de Diputados. 6ª Sesión Ordinaria. 6 de junio de 1961: 438.

²⁵⁵ Los integrantes de la Comisión Investigadora fueron Clodomiro Almeyda, Luis Valente, Salvador Correa, Orlando Millas, Eugenio Ballesteros, Luis Pareto, Fernando Maturana, Julio Subercaseaux, Constantino Suárez, entre otros. «Cámara designó una Comisión Especial a fin de Investigar acontecimientos producidos», El Mercurio, 7 de junio de 1961: 19.

²⁵⁶ Senado. 3ª Sesión. 7 de junio de 1961: 145.

²⁵⁷ El Siglo, 7 de junio de 1961: portada, titular.

²⁵⁸ Senado. 3ª Sesión. 7 de junio de 1961: 147.

²⁵⁹ Ibíd., 148.

²⁶⁰ Ibíd., 149.

²⁶¹ Ibíd., 150.

²⁶² Ibíd., 151.

²⁶³ Ibíd., 151-52.

²⁶⁴ Véase «Injurias contra Carabineros. Contra Roberto Landaeta Martínez» (artículo del diario El Siglo, 7 de junio de 1961). Archivo Judicial Militar. La multa era equivalente a USD 48 (a la época la tasa de cambio fijada por el Banco Central era de 1.05 escudos por dólar. Véase <http://www.bcentral.cl/>).

²⁶⁵ Senado. 3ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 7 de junio de 1961: 124. Cursiva de los autores.

²⁶⁶ «Jefes de carabineros fueron interrogados por Comisión Investigadora de la Cámara», El Mercurio, 9 de junio de 1961: 21.

²⁶⁷ «Estudiantes secundarios pusieron fin a la huelga», El Mercurio, 9 de junio de 1961: 19.

²⁶⁸ «Los alumnos de comercio vuelven a sus actividades», El Mercurio, 16 de junio de 1961: 25.

²⁶⁹ Cámara de Diputados. 8ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 20.08). 13 de junio de 1961: 513.

²⁷⁰ «A la justicia serán remitidos antecedentes de investigación parlamentaria», El Mercurio, 14 de junio de 1961: 23.

²⁷¹ El proyecto de 21 artículos que reformaría el Código de Justicia Militar se encuentra en: Cámara de Diputados. 14ª Sesión Ordinaria. 27 de junio de 1961: 992-93.

²⁷² «En Comisión Investigadora de la Cámara otra vez Queirolo “se lavó las manos”. Sin sonrojarse dijo: “Ordené que se le diera el mejor trato a los estudiantes en huelga”», El Siglo, 27 de junio de 1961: portada.

²⁷³ «Desde hoy a las 0 horas: paro secundario en el país. Declaración entregaron los normalistas», El Siglo, 26 de agosto de 1961: última página.

²⁷⁴ Senado. 43ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 29 de agosto de 1961: 2355.

²⁷⁵ Senado. 45ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 5 de septiembre de 1961: 2682-83; Senado. 46ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 6 de septiembre de 1961: 2819.

²⁷⁶ «Corte Suprema, 30 de septiembre. Oficio del H. Senado de la República», Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales. Sección cuarta (nov. y dic. de 1961): 265.

²⁷⁷ Ibíd., 267.

²⁷⁸ Ibíd., 268.

²⁷⁹ Ibíd., 269-74.

²⁸⁰ «Corte Suprema, 30 de septiembre. Oficio del H. Senado de la República», Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales. Sección cuarta (nov. y dic. de 1961): 265 y ss.

²⁸¹ Osvaldo Illanes Benítez fue Presidente de la Corte Suprema y miembro de la Comisión Internacional de Juristas. Durante los inicios de la dictadura militar (1973-74) contribuyó a organizar una misión convocada por el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra, cuyo informe fue rechazado por el gobierno militar, provocando la renuncia de Illanes Benítez al Consejo Mundial de Iglesias.

²⁸² «Al rojo acusación constitucional contra dos miembros del tribunal calificador. Documento notarial ratificó la sensacional denuncia de Rillón», El Siglo, 27 de mayo de 1961: última página.

²⁸³ Cámara de Diputados. 3ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 21.15). 30 de mayo de 1961: 160 y ss.

²⁸⁴ Ibíd., 161.

²⁸⁵ Cursiva de los autores.

²⁸⁶ Cámara de Diputados. 3ª Sesión. Supra. 30 de mayo de 1961: 163.

²⁸⁷ Ibíd., 169.

²⁸⁸ Ibíd., 186-96.

²⁸⁹ Cámara de Diputados. 4ª Sesión (especial: de 10.15 a 18.32). 31 de mayo de 1961: 261.

²⁹⁰ Cámara de Diputados. 3ª Sesión. Supra. 30 de mayo de 1961: 226.

²⁹¹ Ibíd., 226-227.

²⁹² «Comisión declaró inadmisible acusación contra ministros del Tribunal Calificador», El Mercurio, 30 de mayo de 1961: 19; «Inconstitucional es acusación contra Ministros del Calificador», La Nación, 30 de mayo de 1961: 5; «Acusadores no prueban ninguno de los cargos del libelo», La Nación, 31 de mayo de 1961: 5.

²⁹³ Luis Eduardo Castillo Godoy, «Las acusaciones constitucionales en contra de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, con especial referencia a la acusación que destituyó al Ministro de la Corte Suprema, Señor Hernán Cereceda Bravo», memoria de prueba para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2003: 116.

²⁹⁴ Cámara de Diputados. 10ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 21.08). 14 de junio de 1961: 713- 716.

²⁹⁵ Causa «Incumplimiento de deberes militares y sedición o motín». Rol N° 2417 y Rol 2419. Juzgado Naval de Valparaíso, año 1961. Legajo 184 y legajo 219 A. Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional.

²⁹⁶ Ibíd.

²⁹⁷ En agosto de 1973 sería abogado defensor de los marinos acusados de sedición por oponerse al golpe de Estado. Jorge Magasich, Los que dijeron «No». Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, tomo I, Santiago: LOM, 2008: 240.

²⁹⁸ Ibíd., 239.

²⁹⁹ Ibíd., 240.

³⁰⁰ Ibíd., 241.

³⁰¹ Contardo fue entrevistado por Magasich en 2001. Citado en ibíd., 242.

³⁰² Ibíd.

³⁰³ Cámara de Diputados. 10ª Sesión. Supra. 14 de junio de 1961: 713 y ss.

³⁰⁴ Ibíd., 715.

³⁰⁵ Ibíd.

³⁰⁶ Senado. 36ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 22 de agosto de 1961: 1986-1987.

³⁰⁷ Causa «Incumplimiento de deberes militares y sedición o motín». Rol N. 2417 y Rol 2419. Juzgado Naval de Valparaíso, año 1961. Legajo 184 y legajo 219 A. Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional.Aunque el proceso 2424 figura en el registro, el expediente no se encontraba en el Archivo Nacional.

³⁰⁸ Ibíd.

³⁰⁹ Ibíd., en p. 600 (vol. 1). En el proceso citado se encuentra el documento del procesamiento por incumplimiento de deberes militares.

³¹⁰ Magasich, I (2008): 242.

³¹¹ Para la discusión de la ley de amnistía véase Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las ardientes cenizas del olvido. La vía chilena de reconciliación política: 1932-1994. Santiago: LOM-DIBAM, 2000: 208-215.

³¹² Senado. 43ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 29 de agosto de 1961: 2371-72.

³¹³ Ibíd., 2372.

³¹⁴ Ibíd., 2383.

³¹⁵ Ibíd., 2387.

³¹⁶ Ibíd., 4621.

³¹⁷ Cámara de Diputados. 67ª Sesión (especial: de 15 a 15.58). 13 de septiembre de 1961: 4656-57.

³¹⁸ La expresión «poblaciones callampas», de uso habitual en la época, describía conjuntos de viviendas precarias de autoconstrucción no regularizadas legalmente y casi siempre sin servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado).

³¹⁹ Una mini-historia del caso Santa Adriana se encuentra en Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970, Santiago: LOM, 2002: 196-221. Garcés proporciona una revisión de la prensa sobre este caso.

³²⁰ Peter S. Cleaves, Bureaucratic Politics and Administration in Chile, Berkeley: University of California Press, 1974: 287-88; Joaquín Pastrana y Ernesto Duque, «La movilización reivindicativa urbana de los sectores urbano-populares en Chile: 1964-1972», en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 4, Santiago, diciembre de 1972: 259-293.

³²¹ «Los movimientos populares de todos los días no son agitaciones artificiales», El Siglo, 28 de agosto de 1961: 4.

³²² Partido Socialista, Biblioteca Clodomiro Almeyda, «El Impacto de la Revolución Cubana». http://www.socialismo-chileno.org/PS/index.php?option=com_content&task=view&id=80.

³²³ «El Partido Liberal protesta por la ocupación ilegal de terrenos de Santa Adriana», El Mercurio, 2 de agosto de 1961: 23.

³²⁴ Garcés (2002): 206-7; «Gobierno denunció ocupación ilegal de terrenos fiscales», El Mercurio, 23 de julio de 1961: 55.

³²⁵ «Querellas criminales contra invasores de “Santa Adriana”», La Nación, 25 de julio de 1961: 2; «Ministro en Visita instruirá sumario por ocupación ilegal de población Santa Adriana», El Mercurio, 26 de julio de 1961: 25.

³²⁶ Garcés (2002): 2008; «La Corvi formalizó querella contra los ocupantes ilegales de la población Santa Adriana», El Mercurio, 25 de julio de 1961: 19; «Ministro en visita instruirá sumario por ocupación ilegal de los Terrenos de Santa Adriana», El Mercurio, 26 de julio de 1961: 25; «La Corporación de la Vivienda y la ocupación ilegal de los terrenos de Santa Adriana», El Mercurio, 28 de julio de 1961: 28; «Querellas criminales contra invasores de “Santa Adriana”», La Nación, 25 de julio de 1961: 2.

³²⁷ Para una historia del movimiento poblacional y la urbanización de Santiago véase: María José Castillo Couve, «Producción y gestión habitacional de los pobladores, participación desde abajo en la construcción de vivienda y barrio en Chile», Cuadernos Electrónicos, N° 6, Derecho a la Vivienda y a la Ciudad, (2010): 30-71.

³²⁸ «En concentración de ayer: “Santa Adriana”: pobladores piden entrega de terrenos», El Siglo, 31 de julio de 1961: portada; «El drama de Santa Adriana. Una población sitiada», El Siglo, 6 de agosto de 1961, suplemento: portada.

³²⁹ «La Crisis de la vivienda», Principios, 61 (septiembre de 1961): 50, citado en Garcés (2002): 238.

³³⁰ «Triunfaron pobladores de Santa Adriana», El Siglo, 30 de agosto de 1961: portada.

³³¹ Cámara de Diputados. 63ª Sesión Especial. 12 de septiembre de 1961: 4387.

³³² En el caso de la huelga ferroviaria se incorporó personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros y se adoptaron «las medidas necesarias para asegurar la normalidad de la Empresa: Adoptadas todas las medidas de seguridad y resguardo en servicios ferroviarios», La Nación, 14 de agosto de 1961: 14.

³³³ «Sobre pago de instalaciones en el caso de los pobladores de “Santa Adriana” en los terrenos fiscales de “Santa Rosa”». Oficio 13.681, 11 de septiembre de 1961 dirigido al Contralor General de la República por Carlos Granifo Harms, vicePresidente ejecutivo suplente de la CORVI, en Corporación de la Vivienda, Volumen 488, ARNAD, 1961.

³³⁴ Cámara de Diputados. 1ª Sesión (especial: de 16.15 a 16.38). 4 de octubre de 1961: 17.

³³⁵ «En terrenos de San Rafael: 320 familias en el barro. Pobladores acusan al gobierno y CORVI de no cumplir compromisos», El Siglo, 2 de septiembre de 1961: portada. Una descripción del traslado y la historia de San Rafael, con entrevistas a pobladores originales, se encuentra en Sebastián Cayul Zuzarte, «La constitución de la población de San Rafael y los vínculos entre los pobladores y el Partido Comunista (1960-1970)», proyecto de tesis para alcanzar el grado de Licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela de Historia, 2013.

³³⁶ «Un 18 con casa propia celebran los pobladores», El Siglo, 20 de septiembre de 1961: 5.

³³⁷ Diputado Tomás Reyes (PDC), Cámara de Diputados. 14ª Sesión Ordinaria. 7 de noviembre de 1961: 820-21.

³³⁸ En este como otros casos, que se mencionan en distintos capítulos, el proceso judicial ha sido reconstituido desde la prensa, dada la inexistencia de gran parte de los archivos del Ministerio del Interior para el período y por la imposibilidad de acceder a los expedientes judiciales correspondientes. No es claro si esta dificultad se debe a las irregularidades en la tramitación de los casos judiciales en estudio, muchos de los cuales fueron interrumpidos por los desistimientos del Ejecutivo. Pero la imposibilidad de conocer esos desenlaces se ve agravada por la falta de un archivo judicial debidamente organizado y accesible para los procesos del período que se investiga.

³³⁹ Senado. 46ª Sesión Ordinaria. 6 de septiembre de1961: 2819.

³⁴⁰ «50 panificadores detenidos», El Siglo, 31 de agosto de 1961: 5.

³⁴¹ «En libertad por falta de méritos panificadores que estuvieron 5 días incomunicados», El Siglo, 8 de septiembre de 1961: portada.

³⁴² «Se intensifica la represión. Detenidos 9 profesores y 5 panificadores», El Siglo, 23 de septiembre de 1961: portada, titulares.

³⁴³ A causa del proceso contra los panificadores N. 12-61 por ley de seguridad interior del Estado, muchos de ellos ingresaron a la Cárcel Pública en calidad de detenidos el 14 de septiembre de 1961; algunos fueron puestos en libertad bajo fianza unos días después. El listado de los detenidos se encuentra en «Cortes». Fondo Cárcel Pública, ARNAD, volumen 281.

³⁴⁴ «C. de Santiago. 11 de julio de 1962. Contra Andrés Celis y otros». Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Volumen LVIII, 1962, Segunda parte, Sección cuarta: 120-121.

³⁴⁵ Ibíd., 122.

³⁴⁶ Ibíd.

³⁴⁷ Ibíd., 123.

³⁴⁸ Eduardo González Ginouvés sería Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago en 1969.

³⁴⁹ «C. de Santiago. 11 de julio de 1962. Contra Andrés Celis y otros». Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Volumen LVIII, 1962, Segunda parte, Sección cuarta: 123.

³⁵⁰ Ibíd., 117-120.

³⁵¹ «Gobierno denunció a la Justicia un plan destinado a subvertir el orden público», El Mercurio, 27 de agosto de 1961: 51; «Más detenciones por el complot. En libertad Juan Bruna», El Siglo, 3 de septiembre de 1961: portada.

³⁵² «Descubiertos preparativos para insurrección armada», La Nación, 27 de agosto de 1961: 10; «Desafuero para Salomón Corbalán», El Siglo, 27 de agosto de 1961: portada.

³⁵³ «Desafuero para Salomón Corbalán», El Siglo, 27 de agosto de 1961: portada. En la misma noticia se dice que en círculos oficiales rondaba el rumor que el complot lo encabezaría Óscar Squella, exjefe de Línea Recta.

³⁵⁴ La Vanguardia Española, Madrid, 29 de agosto de 1961, 11: «Complot frustrado en Chile. Al estilo de Fidel Castro».

³⁵⁵ «Gobierno denuncia Subversión. Contrabando de armas a Perú y Bolivia. Denuncia senador socialista a la justicia. Respaldo político se ofreció al Ejecutivo», El Diario Ilustrado, 27 de agosto de 1961: portada, titulares.

³⁵⁶ Senado. 43ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 29 de agosto de 1961: 2406-07. Corbalán también mencionó la colaboración del FBI (EE.UU.) para inventar el complot que incluía un supuesto tráfico de armas.

³⁵⁷ Ibíd., 2409.

³⁵⁸ «Catorce detenidos en investigaciones. Complotados pretendían instalar su “Sierra maestra”», El Diario Ilustrado, 27 de agosto de 1961: 16.

³⁵⁹ «Sucedió en la semana», El Diario Ilustrado, 27 de agosto de 1961: 6.

³⁶⁰ «Declaración Oficial del Gobierno sobre el plan subversivo», El Diario Ilustrado, 27 de agosto de 1961: 16.

³⁶¹ «A defender las libertades. Denuncia el PC: “complot prefabricado para reprimir al movimiento popular”», El Siglo, 27 de agosto de 1961: portada, titulares.

³⁶² «Señala Montero Schmidt, Presidente del FRAP: “Argucia política destinada a conseguir las facultades”. “Corbalán: quieren represión antipopular», El Siglo, 27 de agosto de 1961: portada.

³⁶³ «Buscan a ocho cabecillas que preparaban la subversión», La Nación, 28 de agosto de 1961: 15; «Continúan investigaciones sobre el hallazgo de armas y elementos para propiciar el estado subversivo», El Mercurio, 28 de agosto de 1961: 25; «Magistrado trabajó en los interrogatorios hasta las últimas horas de la noche», El Diario Ilustrado, 29 de agosto de 1961: 8.

³⁶⁴ «Varios incomunicados en el proceso seguido por intento de subversión del orden público», El Mercurio, 29 de agosto de 1961: 21; «Incomunicados 13 implicados en los intentos subversivos», La Nación, 29 de agosto de 1961: 1.

³⁶⁵ «En libertad dos detenidos por intento de subversión», La Nación, 30 de agosto de 1961: 1; «Diligencias en el proceso por actividad subversiva», El Mercurio, 30 de agosto de 1961: 27; «Complot: 2 detenidos en libertad», El Siglo, 30 de agosto de 1961: portada, titular.

³⁶⁶ «Declarado reo el Dr. Sotomayor por intento de subversión armada», La Nación, 31 de agosto de 1961: 1; «Proceso por subversión», El Mercurio, 1 de septiembre de 1961: 21 y 27.

³⁶⁷ «A la justicia antecedentes sobre la internación de armas», La Nación, 31 de agosto de 1961: 2.

³⁶⁸ «La Justicia investigará denuncia de Óscar Waiss contra Salomón Corbalán», La Nación, 1 de septiembre de 1961: 2.

³⁶⁹ «Renovada la incomunicación a los implicados en intento subversivo», La Nación, 2 de septiembre de 1961: 3; «La Corte no dio lugar a excarcelación de implicados en el complot subversivo», La Nación, 11 de octubre de 1961: 2.

³⁷⁰ «Se extiende “caza de brujas” por complot», El Siglo, 31 de agosto de 1961: 7.

³⁷¹ «“Más detenciones por el complot”». El ministro del Interior designó a Miguel Schweitzer, abogado de Gobierno para el caso del complot que se dio a conocer 8 días atrás», El Siglo, 3 de septiembre de 1961: portada.

³⁷² «Más detenciones por el complot. En libertad Juan Bruna», El Siglo, 3 de septiembre de 1961: portada.

³⁷³ «Detención del campesino Bruna es una brutal arbitrariedad», El Siglo, 6 de septiembre de 1961: 7.

³⁷⁴ Juan Bruna, militante comunista, era casado y tenía 9 hijos, vivía en la hacienda (después, el asentamiento) La Tranquilla en el valle del Choapa y fue un dirigente activo en el proceso de reforma agraria. Murió en Salamanca el 25 de febrero de 1974 a los 62 años. Fue acusado de tenencia de armas, permaneciendo detenido desde «pocos días después del golpe militar hasta la fecha de su fallecimiento. Su cuerpo fue entregado en una urna sellada, no permitiendo a sus familiares verlo». La Comisión Rettig se formó la convicción que murió a causa de las torturas y malos tratos. Véase Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago, tomo 2: 497; tomo 3: 61 (edición de 1996).

³⁷⁵ Recopilado en el fundo «La Tranquilla» por María Eugenia García, abogada, en ese entonces estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Los autores agradecen su gentileza de permitirnos incluir este poema con el fin de dar a conocer la visión de Juan Bruna sobre su detención.

³⁷⁶ «7 campesinos detenidos en Limache acusados de participación en el complot del gobierno (activistas de la “sedición campesina”)», El Siglo, 7 de septiembre de 1961: 4.

³⁷⁷ «Proceso por subversión. Prosigue actuación de ministros que instruyen procesos», El Mercurio, 3 de septiembre de 1961: 53.

³⁷⁸ «Sumario por subversión», El Mercurio, 7 de septiembre de 1961: 28; «Proceso por Subversión: Los nueve detenidos en el proceso del Ministro Jorge Cerrutti continúan incomunicados en la Cárcel Pública», El Mercurio, 8 de septiembre de 1961: 21; «Proceso por subversión», El Mercurio, 9 de septiembre de 1961: 29; «Sin variaciones proceso a cargo de tres ministros», El Mercurio, 12 de septiembre de 1961: 41.

³⁷⁹ «Dos coroneles de Carabineros declararon por el “complot”», El Siglo, 9 de septiembre de 1961: 8.

³⁸⁰ «Confirmada encargatoria de reo del Dr. Sotomayor», El Siglo, 9 de septiembre de 1961: última página.

³⁸¹ «Diligencias en pueblo de Catemu realizó el ministro sr. Cerrutti», El Mercurio, 29 de septiembre de 1961: 25.

³⁸² Concedida libertad a detenidos en juicio por actos subversivos», El Mercurio, 27 de octubre de 1961: 29.

³⁸³ «Proceso por subversión», El Mercurio, 26 de octubre de 1961: 25.

³⁸⁴ Cipriano Pontigo, Presidente del FRAP. Cámara de Diputados, 68ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.45 horas). 13 de septiembre de 1961: 4698. La expresión sintético en la época se refería a objetos producidos con materiales que eventualmente eran resultado de diversos procesos «artificiales», pero cuya apariencia podía dar la ilusión que se trataba de materiales naturales.

³⁸⁵ «Contra los 12 detenidos por el complot: Represión carcelaria por huelga de hambre», El Siglo, 19 de octubre de 1961: última página.

³⁸⁶ «Cortes». Fondo Cárcel Pública, ARNAD volumen 281.

³⁸⁷ La Corte de Apelaciones de Santiago solo registraba que el proceso se había originado por un parte de la Intendencia de Santiago y por un parte de «Rosendo Cid y otros» que figuraba para el rol 11-A.El archivo judicial emitió un informe señalando que el expediente no se encontraba en sus archivos. Véase el documento al final del capítulo.

³⁸⁸ Mario Planet dirigió en la década 1962/72 la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde introdujo la cátedra de periodismo interpretativo. Murió en Santiago el 28 de junio de 1980. En septiembre de 2016, en el centenario de su nacimiento, se anunció la presentación del libro Mario Planet, periodista y maestro en la Sala Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile. Gustavo González, ed. Mario Planet, periodista y maestro, Santiago: Editorial Universitaria, 2016.

³⁸⁹ Citado por Leonardo Cáceres C. en «Querella contra periodista desata polémica nacional», Mensaje, 105 (dic. de 1961): 625-27.

³⁹⁰ «Declarado reo Mario Planet. Gobierno retiró la querella», El Siglo, 9 de noviembre de 1961: última página.

³⁹¹ «En Tribunales», El Mercurio, 10 de noviembre de 1961: 25.

³⁹² «En Tribunales», El Mercurio, 11 de noviembre de 1961: 29; «En Tribunales», El Mercurio, 15 de noviembre de 1961: 29.

³⁹³ «Colegio de periodistas pide retiro de querella contra Mario Planet», El Siglo, 12 de octubre de 1961: última página; Leonardo Cáceres, Mensaje, 105 Supra: 625-627.

³⁹⁴ Citado por Cáceres en Mensaje (1961): 627.

³⁹⁵ Los documentos y resoluciones judiciales en este caso se encuentran en Cámara de Diputados. 25ª Sesión Ordinaria. 28 de noviembre de 1961: 1554 y ss.

³⁹⁶ «Gobierno logró su propósito: Corte desaforó a diputados Minchel, Lavandero y Leyton», El Siglo, 1 de noviembre de 1961: portada; «Padena apela a la Suprema. Esta tarde presentará el recurso pidiendo que se deje sin efecto el desafuero de tres diputados», El Siglo, 2 de noviembre de 1961: portada.

³⁹⁷ «Desafuero parlamentario de los diputados don Jorge Aravena Carrasco y otros». Corte de Apelaciones de Santiago, 31 de octubre de 1961. Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Santiago, Chile, Tomo LVIII, N° 9/10, noviembre-diciembre de 1961, 2ª parte, sección 4ª: 321-330.

³⁹⁸ Cámara de Diputados. 22ª Sesión (especial: de 10.45 a 14.02). 22 de noviembre de 1961: 1380- 1382.

³⁹⁹ Para un análisis amplio del tema véase: Hernán Javier Castillo Barrera y Raimundo Meneses Costadoat, «Control constitucional, judicial y ético de los parlamentarios», Cuadernos del Tribunal Constitucional, 53, 2013 (premio Tribunal Constitucional, 2013).

⁴⁰⁰ Ibíd., 1562.

⁴⁰¹ «Libres los diputados del Padena. “Probaremos acusaciones al gobierno”, dicen Lavandero y Leyton», El Siglo, 28 de diciembre de 1961: portada, titular.

⁴⁰² «Aravena Carrasco, Jorge y otros (desafuero parlamentario)». Corte Suprema, 21 de enero de 1961, Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Vol. LVIII, 1961, 2ª Parte, sección 4ª: 320 y ss.

⁴⁰³ Cámara de Diputados. 13ª Sesión (especial: de 20 a 22.19). 6 de noviembre de 1961: 771. Cursiva de los autores.

⁴⁰⁴ Cámara de Diputados. 20ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.11). 21 de noviembre de 1961: 1327-28.

⁴⁰⁵ «Inviolabilidad de diputados y senadores. Rol 14729 contra Jorge Aravena y otros». Fallos del Mes. Noviembre de 1961, N° 36: 258-261. Las prevenciones ocurren cuando un ministro concurre al fallo, pero agrega argumentos o no comparte algún(os) considerando(s). Las prevenciones pueden ser fundadas (explicadas jurídicamente) o sin fundamento escrito.

⁴⁰⁶ Cámara de Diputados. 22ª Sesión (especial: de 10.45 a 14.02). 22 de noviembre de 1961: 1375. Cursiva de los autores.

⁴⁰⁷ Ibíd., 1399.

⁴⁰⁸ Ibíd., 1391. Cursiva de los autores.

⁴⁰⁹ Cámara de Diputados. 31ª Sesión (especial: de 11.15 a 12.46). 13 de diciembre de 1961: 2060. Pareto dejaría PADENA y se incorporaría al PDC en 1961.

⁴¹⁰ Ibíd., 2061.

⁴¹¹ Cámara de Diputados. 16ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.45). 14 de noviembre de 1961: 1068-69.

⁴¹² Ibíd., 1071-72.

⁴¹³ Cámara de Diputados. 31ª Sesión (especial: de 11.15 a 12.46). 13 de diciembre de 1961: 2075.

⁴¹⁴ Cámara de Diputados. 33ª Sesión (especial: de 11.15 a 21.34). 19 de diciembre de 1961: 2218-19. Las demandas 3 y 4, si bien modificadas, serían incorporadas en el programa básico de la Unidad Popular en 1970.

⁴¹⁵ Senado. 52ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 16 de enero de 1962: 2357.

⁴¹⁶ Ibíd., 2359.

⁴¹⁷ Ibíd., 2362.

⁴¹⁸ Cámara de Diputados. 52ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 20.23). 13 de marzo de 1962: 3600.

⁴¹⁹ Cámara de Diputados. 72ª Sesión(ordinaria: de 16.15 a 19.32). 8 de mayo de 1962: 5230. La comunicación desde el Poder Judicial aparece en la sección «documentos» de la misma sesión. Los fallos de primera instancia de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema se encuentran en Cámara de Diputados, 25ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 23.40). 28 de noviembre de 1961: 1554-1567.

⁴²⁰ Había sido jefe de publicaciones del ministerio del Trabajo y reportero de La Nación en 1932. Escribió sobre Isla de Pascua y trabajó hasta lograr liquidar el contrato de arrendamiento de la isla en 1952. En 1962 tenía 53 años de edad.

⁴²¹ En la práctica, el gobierno había censurado la edición número 5 de El Paredón, que no salió a circulación. Véase la intervención del diputado Foncea en Cámara de Diputados, 41ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.30). 10 de enero de 1962: 2888-90.

⁴²² «Lautaro Ojeda detenido por injurias al Poder Judicial», La Nación, 14 de diciembre de 1961: 17.

⁴²³ Cámara de Diputados. 41ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.30). 10 de enero de 1962: 2888.

⁴²⁴ «Relegación para diputados y cárcel para periodista Ojeda pide el Gobierno», El Siglo, 2 de enero de 1962: portada, titular.

⁴²⁵ «Director de El Paredón hace fuego. Tempestuoso “Yo acuso” desde la cárcel: Un inocente no va a pedir justicia a la injusticia», Vistazo, 30 de enero de 1962, N° 489: contraportada y pp. 20-21.

⁴²⁶ La intervención de Foncea está «censurada» con puntos suspensivos en la versión oficial, lo que solía corresponder a expresiones «antiparlamentarias» suprimidas de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados (con frecuencia eran groserías, garabatos o expresiones de grueso calibre no aceptadas por el reglamento).

⁴²⁷ Cámara de Diputados. 41ª Sesión. Supra. 10 de enero de 1962: 2888-2890.

⁴²⁸ Ibíd., 2889.

⁴²⁹ Ibíd.

⁴³⁰ «Suprema confirmó fallo contra Lautaro Ojeda», El Siglo, 14 de enero de 1962: portada.

⁴³¹ «Acusación constitucional contra los ministros de Corte anuncia Padena a raíz del proceso seguido al periodista Lautaro Ojeda»; «Dice Allende en carta a Sergio Recabarren: “Se encarcela al que roba una gallina mientras los grandes delitos quedan impunes”», El Siglo, 26 de enero de 1962: última página.

⁴³² Ibíd.; «En Las Vertientes declararon los partidos del FRAP: La próxima elección presidencial será plebiscito con contenido revolucionario», El Siglo, 28 de febrero de 1962: 10.

⁴³³ «Hoy sale el asombroso fallo», Clarín, 10 de marzo de 1962: última página.

⁴³⁴ Lautaro Ojeda fue fundador de la Unión Nacional de Pensionados de Chile en 1963; sirvió como secretario en la comisión que elaboró «el pacto de la Unidad Popular» en 1969, firmado el 26 de diciembre de 1969. Fue subsecretario del ministerio de Tierras y Colonización al momento del golpe militar de 1973. Fue detenido en el Ministerio de Defensa. Volvió a ser detenido en 1986. Véase: «En libertad Presidente de los pensionados», La Tercera, 7 de agosto de 1986: 15.

⁴³⁵ «Encarcelado director de El Clarín. Gobierno continúa persecución contra la prensa de oposición: Proceso de “El Paredón” volvió a la Corte», El Siglo, 29 de marzo de 1962: portada.

⁴³⁶ «Los procesos llegaron a su término con sentencias condenatorias», El Siglo, 16 de abril de 1962: portada.

⁴³⁷ «¡Proceso a la Justicia!», El Siglo, 16 de abril de 1962: portada, titular.

⁴³⁸ «Detienen en masa a los bancarios», El Siglo, 27 de marzo de 1962: portada; «Gobierno ordena detener a 450 bancarios», El Siglo, 29 de marzo de 1962: portada; «Presentan recurso de amparo para bancarios», El Siglo, 1 de abril de 1962: última página.

⁴³⁹ Cámara de Diputados. 31ª Sesión (especial; de 11.15 a 12.46). 13 de diciembre de 1961: 2062.

⁴⁴⁰ Diputado Gustavo Lorca, ibíd., 2065.

⁴⁴¹ Ibíd., 2066. Cursiva de los autores.

⁴⁴² Ibíd., 2076-2077.

⁴⁴³ Cámara de Diputados. 14ª Sesión (especial: 11 a 22.01). 26 de junio de 1963: 1141.