Читать книгу Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos: prevención y reacción frente a las conductas oportunistas - Adán Carlos González Ulloa - Страница 26

La estandarización es un fenómeno extendido en todas las áreas de la técnica. Esta amplitud y diversidad temática se puede apreciar en la Clasificación Internacional para Estándares (ICS) elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Este catálogo se organiza en tres niveles: campos, grupos y subgrupos; los cuales comprenden prácticamente todas las actividades humanas. Este carácter omnicomprensivo se observa con claridad si se examina el primer nivel: éste contiene 40 campos que representan diferentes actividades, ciencias y tecnologías como las telecomunicaciones, las matemáticas y la industria textil186.

De mayor utilidad es aquella clasificación que agrupa a los estándares en formales e informales, en función del tipo de organización que los elabora187. El art. 8 de la Ley 21/1992188, define una norma técnica o estándar formal como: “La especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un Organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa”. De esta definición es posible extraer las principales características de un estándar formal. En primer lugar, el estándar formal se debe aprobar por un organismo reconocido189, como las organizaciones de normalización reguladas por el Reglamento (UE) No 1025/2012 sobre la normalización europea190. Estas instituciones pueden ser de ámbito nacional, regional o internacional. En España se cuenta con la Asociación Española de Normalización (UNE); en Europa con el Comité Europeo de Normalización (CEN); y en el ámbito internacional con la Organización Internacional de Normalización (ISO). Los estándares formales son el resultado de un proceso participativo y transparente: las especificaciones técnicas deben ser adoptadas por consenso. Igualmente, los intereses industriales y sociales que pueden verse afectados por las actividades de los organismos de estandarización deben estar representados de forma equilibrada191.

Todos los estándares formales deben cumplir con seis condiciones en el ámbito comunitario. En concreto, el Reglamento (UE) N.º 1015/2012 señala que los estándares formales deben ajustarse a los principios establecidos por la Decisión acerca de los principios por los que se debe guiar la elaboración de normas, orientaciones y recomendaciones internacionales relativas a los artículos 2 y 5 y al Anexo 3 del Acuerdo OMC192, a saber: transparencia, apertura, imparcialidad y consenso, eficacia y pertinencia, coherencia y dimensión de desarrollo. En cuanto a la transparencia, la Decisión señala que los procedimientos de adopción de estándares formales deben establecer plazos y oportunidades para que los participantes presenten observaciones al proyecto. Dentro de las medidas posibles a adoptar se encuentran la publicación, la notificación y el envío de los proyectos de estándares. El principio de la apertura, por su parte, implica la adhesión y participación no discriminatoria en las diferentes fases de elaboración de un estándar. Esta obligación comprende no sólo los proyectos de estándares sino también la revisión de los estándares existentes. El principio de imparcialidad y consenso consiste en que todas las instituciones competentes de los miembros de la OMC podrán contribuir al estándar de modo que no favorezca ningún interés en particular. A su vez, el consenso implica que las decisiones se deben adoptar sin la oposición de ninguno de los participantes del proceso. Estos postulados se traducen en la práctica en el acceso de todos los interesados a participar en los trabajos y en que la toma de decisiones tiene lugar por consenso. El principio de coherencia significa simplemente que se deben evitar estándares incompatibles, duplicaciones o solapamientos. Por último, la dimensión de desarrollo obliga a tener en cuenta las dificultades de los países en desarrollo. En suma, se debe facilitar la participación de estas naciones y evitar que de facto queden excluidas de la discusión de los estándares formales193.

Por otro lado, los estándares informales comprenden todas aquellas especificaciones técnicas difundidas que no cumplan los requisitos para ser catalogadas como estándares formales. Por consiguiente, esta categoría abarca una amplia gama de especificaciones de origen muy diverso; es más, incluso pueden llegar a provenir de una sola empresa como Microsoft o de asociaciones privadas de estandarización como IEEE. También incluye consorcios abiertos y cerrados como Blue-ray o MP3. Por último, conviene tener presente que no existe un catálogo general que recoja todas las organizaciones de estandarización informales. Algunas estimaciones parciales en áreas como las TICs permiten afirmar que existen unas 1.200 instituciones informales de estandarización194.

Conforme a la forma de creación, los estándares se pueden distinguir en de iure y de facto. Los estándares de iure son elaborados en el interior de las organizaciones de estandarización formales o informales195. En cambio, por regla general, los estándares de facto son resultado de las fuerzas del mercado196: estos estándares se acaban imponiendo gracias a la aceptación de los fabricantes y usuarios. De esta manera, los estándares de facto pertenecen a la esfera de los estándares informales, es decir, no emanan de un proceso de formación participativo, sino que son producto de una carrera tecnológica o comercial por ganar una posición de dominio en el mercado197. Dentro de los estándares que se han impuesto de facto, se puede mencionar al Video Home System llamado también VHS, el cual se convirtió en un estándar tras desbancar a su competencia, Betamax. También, como estándares de facto, es posible mencionar al teclado QWERTY o al motor de combustión interna de los automóviles198.

Con todo, la frontera entre las categorías de iure y de facto no siempre resulta clara. Un caso especialmente discutido es el relativo a los estándares emanados de los consorcios. Ciertamente, hay argumentos que permiten su catalogación como estándares de iure, por cuanto los consorcios consisten en agrupaciones de empresas, muchas de las cuales tiene una estructura y organización similar a las de las organizaciones de estandarización. Pero tampoco faltan razones que apoyan su calificación como estándares de facto: hay consorcios que imponen sus especificaciones técnicas a los implementadores utilizando el poder de mercado de las empresas integrantes del consorcio. En consecuencia, si la suma del poder de mercado de todos los miembros es muy alta, hay pocas posibilidades de que los usuarios están en condiciones de adoptar otras alternativas199.