Читать книгу Ejército de Liberación Nacional (ELN). Historia de las ideas políticas (1958-2018) - Carlos Medina Gallego - Страница 20

Con la aparición de la guerrilla liberal, la violencia adquirió el carácter de una guerra civil en la cual la población campesina en armas, dirigida regionalmente por el Partido Liberal, se enfrentaba al terrorismo de Estado agenciado por el gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez.

Los grupos guerrilleros se establecieron en regiones que por sus características geográficas, sociales y políticas les permitían subsistir y adelantar la lucha de resistencia con grandes posibilidades de éxito. Se tuvo en consideración, al determinar los lugares de ubicación de la guerrilla liberal, que las condiciones topográficas fueran favorables para el desarrollo de ese tipo de lucha, que existiese un relativo aislamiento de los centros de poder, que los habitantes de la región estuviesen unidos por un cierto grado de identificación política y que, en alguna medida, los propietarios de grandes extensiones fuesen tolerantes con la presencia de grupos armados en sus territorios.

Las guerrillas se consolidaron, siguiendo estos parámetros, en tres tipos de áreas: 1) en las zonas de colonización reciente del Sumapaz y el sur del Tolima, en donde estaba aún latente el conflicto agrario por titulación de tierras y existía una base campesina politizada en otras épocas por el Partido Socialista, el Partido Comunista y la UNIR de Gaitán; 2) en las zonas de frontera abierta y colonización inicial dinamizada por el propio proceso de violencia: los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, el río Sinú y el río San Jorge; y 3) en el sureste antioqueño y otras áreas en donde la estructura agraria ya estaba consolidada. La principal característica de estas regiones consistía en ser, desde el punto de vista logístico, despensas alimentarias con capacidad de sostener durante largo tiempo grupos de hombres armados relativamente grandes.

Los guerrilleros liberales estuvieron dirigidos por hombres que fueron convirtiéndose en símbolos de la lucha armada y en leyendas y mitos en sus regiones. Son relevantes los casos de Guadalupe Salcedo, en los Llanos Orientales; Juan de la Cruz Varela, en la región del Sumapaz; el capitán Juan de Jesús Franco, en el suroeste antioqueño; Julio Guerra, en el sur de Córdoba; Rafael Rangel, en la zona santandereana 4 del Carare Opón; Saúl Fajardo, en el noroeste de Cundinamarca; Jesús María Oviedo, en el sur del Tolima, entre otros (Sánchez, 1989a).

A medida en que la lucha armada fue desarrollándose por los grupos guerrilleros liberales, comenzaron a aparecer normas y códigos de comportamiento que pronto se transformaron en leyes que guiaban las acciones guerrilleras y la dinámica de vida y convivencia en las regiones en las que operaban:

códigos que obligaban el respeto de niños, mujeres y ancianos, y leyes que prohibían expresamente la práctica de sistema de torturas y tierra arrasada a sus adversarios. Reglamentaba el uso de las expropiaciones o de su producto, subordinando los apetitos individuales a las necesidades colectivas de resistencia. Tenían tribunales propios: realizaban casamiento ente sus jefes y, en algunas zonas, las de mayor control, definían prioridades de producción y de distribución para la población civil. (Sánchez, 1989a, p. 145)

No obstante la obediencia que los grupos guerrilleros guardaban a la dirección del Partido Liberal, dos situaciones fueron creando las condiciones para que éstos fueran constituyéndose en cuerpos autónomos, con posibilidades de acumular fuerza capaz de llevarlos más allá de la resistencia o recuperación del poder político para los liberales, al logro de transformaciones sociales y económicos de beneficio general. La primera, la relación indirecta que manejaba la dirección del partido con los jefes de la guerrilla que creó una separación entre el mando militar y el mando político, dando posibilidades para que al crecer la autonomía guerrillera, se gestara un proyecto político de mayor alcance social que el ofrecido por el Partido Liberal; la segunda, la composición social de la guerrilla que unía multiplicidad de intereses, necesidades y experiencias políticas y sociales:

era una guerra dirigida en buena parte por los campesinos atados a las lealtades partidistas, pero también por campesinos que habían luchado independientemente por la tierra en décadas anteriores, por líderes populares que habían tenido experiencia revolucionaria como la del 9 de abril en calidad de alcaldes, miembros de juntas, de milicias, por policías desertores o destituidos, por luchadores rasos que se habían ganado el respeto y la admiración en el curso mismo del combate; por emigrantes, por arrieros y, eventualmente, aunque en mínima parte, por trabajadores de obras públicas y obreros con alguna experiencia sindical urbana. En suma, por cuadros representativos de una Colombia distinta a la del siglo XIX en la cual la guerra tendía inevitablemente a hacerse popular. (Sánchez, 1989a, p. 142)

A diferencia de las guerrillas del sur del Tolima, dispersas, atomizadas, en permanente confrontación, las guerrillas del Llano crecían numéricamente y se cualificaban políticamente, hasta alcanzar niveles de autonomía que las llevó a confrontar la dirección del Partido Liberal y a tomar la iniciativa en la gestación de un proceso que habría de constituirse en un fenómeno claramente revolucionario.

En agosto de 1952, se realiza en Viotá la “Conferencia de Boyacá” a la que asisten representantes de los frentes guerrilleros más importantes del país; esta asamblea se convierte en “La Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional”; durante las deliberaciones se crea una Comisión Coordinadora Nacional, con el objeto de que se encargue de impulsar las tareas acordadas por la conferencia. Este evento reviste gran importancia en la medida en que allí se expresó la autonomía política alcanzada por el movimiento guerrillero. No obstante, el hecho más sobresaliente lo constituye la práctica legislativa que comienza a impulsarse a través de la estructuración de leyes orgánicas que determinan los parámetros de comportamiento de la vida cívica y militar en un proceso que ya se concibe como revolucionario24. En estos ejercicios “legislativos” comienza a estructurarse un comportamiento que se mantendrá en el desarrollo de la lucha guerrillera de los años siguientes y es el que tiene que ver con el ejercicio del poder de las guerrillas y el rol de “Estado” paralelo, que se reclamarán hacia el futuro.

La primera ley del Llano se proclama el 11 de septiembre de 1952. En ella se organiza la aplicación de la justicia, se enuncian las funciones que deben cumplir los jefes civiles y militares, los comisarios y los agentes de orden público; se determinan los delitos contra la revolución; se consagran los garantías individuales; se instituyen las prácticas de trabajo comunitario; se imponen límites y condiciones al uso de la tierra; se establecen granjas y colonias por cuenta propia de la revolución para el sostenimiento del ejército campesino; se reglamenta el desarrollo de la ganadería y el impulso a los hatos. La expedición de esta ley muestra claramente el proceso de cualificación ideológica que se viene operando en el movimiento guerrillero del Llano25.

Durante los primeros meses de 1953 se producen importantes avances en lo político y organizativo de la guerrilla liberal llanera. Durante este periodo se redactó, bajo la concepción del abogado José Alvear Restrepo – “el más notable ideólogo de la resistencia llanera” como se le ha denominado por alguno de los autores citados (Sánchez y Meertens, 1983)–, la segunda Ley del Llano, conocida como “La Ley que organiza la revolución en los Llanos Orientales de Colombia” (Franco Isaza, 1955); esta debía ser sancionada el 18 de junio de 1953 por una Asamblea Guerrillera. La importancia de este documento de 224 artículos consiste en el hecho de concebir la revolución como un movimiento popular de liberación, encaminado a conseguir la instauración de un gobierno democrático y popular. Para ello, la ley establece un ordenamiento jerárquico para la conducción del proceso: define los criterios políticos, económicos y judiciales a través de los cuales se ha de guiar la sociedad durante la lucha revolucionaria; se trazan las líneas generales de una economía de guerra, en lo concerniente al trabajo, la propiedad, la producción y la distribución; se regulan las relaciones entre las fuerzas armadas revolucionarias y la población no combatiente; se establece un criterio educativo según el cual se subordinan las armas a la político y se concibe la instrucción revolucionaria como parte de las labores cotidianas; se legisla sobre el matrimonio civil, la legitimidad de todos los hijos, la igualdad de la mujer ante el hombre, la protección de la población indígena contra los abusos de los terratenientes y colonos, el respeto a la vida, honra y bienes de los conservadores en tierras invadidas, la prohibición de la práctica de tierra arrasada.

La dirigencia del Movimiento Revolucionario Llanero tenía clara conciencia de que la consolidación y el desarrollo de su proyecto dependía del desarrollo nacional del movimiento revolucionario y de su posibilidad efectiva de articulación en un solo proyecto. Es en este sentido que se determina que una de las funciones asignadas al Estado Mayor consiste en: “dirigir las relaciones del Llano con las demás guerrillas y grupos revolucionarios tanto de Colombia como de otros países, y procurar la unión y la cooperación con ellos en todo lo posible” (Sánchez, 1989a, pp. 148-149).

Después de la Asamblea de junio de 1953, los cosas comenzaron a definirse por distintos caminos. Mientras el movimiento guerrillero consideraba necesario elevar el proyecto de la segunda ley del Llano a la categoría de programa de la revolución nacional, y entregar la conducción militar de la lucha revolucionaria a la jefatura de Guadalupe Salcedo, sectores políticos de los partidos Liberal y Conservador en estrecha unión con los gremios económicos (terratenientes, ganaderos, comerciantes e industriales) –profundamente conmocionados por el impacto demoledor de la violencia en el que se estaban consumiendo no solamente las propiedades de los medianos y pequeños campesinos, sino también los bienes de algunos sectores de las clases dominantes que sentían que la agitación social amenazaba con sacudir de raíz las estructuras del orden tradicional–, se dieron a la tarea de madurar y colocar en marcha una salida de emergencia en la que un golpe militar se convertirá en esperanza de salvación para los colombianos y el comienzo de un proceso de pacificación que terminará, supuestamente, con el bienestar general y la concordia entre los ciudadanos. El 13 de junio de 1953 se produce el golpe que coloca en el poder al general Gustavo Rojas Pinilla (Sánchez, 1989b)26.

Tres hechos permitieron que madurara en la mentalidad de la clase política la necesidad de colocar un militar en el poder, a través de lo que posteriormente se llamaría un “golpe de opinión”. Primero, las transformaciones que se venían produciendo en las estructuras de propiedad agraria como consecuencia de las dinámicas de expropiación, venta forzada y abandono de la tierra; estas produjeron concentración de riqueza, empobrecimiento prematuro y migración, a la vez que transformaron (fortaleciendo) prácticas laborales que en condiciones normales se habían sostenido como relaciones marginales o complementarias: “[t]ierras baratas y salarios rurales altos, como precio de la inseguridad, constituían un binomio que sin lugar a dudas debían desalentar tanto a los terratenientes como a los inversionistas de mentalidad capitalista” (Sánchez, 1989b, p. 150). Segundo, la separación de hecho entre la dirección nacional del Partido Liberal y el Movimiento Guerrillero que veía que sus intereses cada vez entraban más en contradicción con los de sus jefes en la capital, quienes se negaban a encabezar la revuelta, pero se disponían en lo posible a beneficiarse de ello. Tercero, el crecimiento cuantitativo y cualitativo del movimiento guerrillero y su evolución cada vez mayor, de una táctica de autodefensa a una ofensiva enmarcada en un proyecto político de mayor alcance que el ofrecido por los liberales, e incluso por los comunistas, que se fue formando como resultado natural de la maduración de la lucha guerrillera.

En síntesis, con el ascenso de Rojas al poder se trataba de ponerle freno a un proceso en el que se había ido gestando una nueva nación, un nuevo país y un nuevo Estado, distinto al que los intereses de las clases dominantes encontraban como legítimo. Con el lema de “Paz, justicia y libertad”, Rojas inicia el proceso de reconstrucción del país recibido en medio de una crisis social y política profunda, cercado por la violencia generalizada, el terror y el caos absoluto, por un lado, y por el otro, por una bien estructurada insurgencia armada que crecía a pasos acelerados. En estas condiciones la tarea inmediata del gobierno militar no fue otra que la de entrar a controlar el terror y la anarquía existente, desarticular la guerrilla en crecimiento y reconstruir las zonas afectadas por la violencia. El discurso de la reconciliación se puso de moda al son del lema del Gobierno: “La patria por encima de los partidos”. Los directorios políticos, los gremios, la Iglesia y la prensa se colocaron al servicio de la labor emprendida por el general Rojas Pinilla y pronto comenzó a sentirse una atmósfera distinta que llenaba de esperanza a sectores sociales que habían sido duramente golpeados por la violencia.

Una estrategia predominantemente política empleó Rojas para conseguir el objetivo de desarmar y desmovilizar el movimiento guerrillero liberal: primero, ofreció una amnistía general e incondicional, con la promesa de ofrecer garantías para quienes depusieran las armas; segundo, ordenó la suspensión de las operaciones militares en las zonas de dominio y presencia guerrillera; tercero, les reconoció a los insurgentes su condición de fuerzas rebeldes y beligerantes en capacidad de negociar con el Gobierno. Esta estrategia la acompañó con una amplia labor de propaganda a través de la distribución masiva de hojas volantes, lanzadas desde aviones y helicópteros en las zonas donde estaban los principales frentes guerrilleros.

El gobierno militar logró desmovilizar en cuestión de meses las guerrillas en el Tolima, el territorio Vásquez, Santander, Antioquia y los Llanos Orientales, quedando solamente algunos grupos en regiones de influencia comunista, particularmente en el Sumapaz y el sur del Tolima, que comenzaron a desplazarse hacia zonas de defensa estratégica y apoyo logístico consistente. Ahí lograron refugiarse por algunos años hasta que se transformaran en guerrilla revolucionaria de concepción comunista.

La desmovilización no estuvo exenta de los forcejeos de la negociación, las presiones militares, el incumplimiento y los engaños. Los frentes guerrilleros más organizados colocaron a disposición del Gobierno un pliego de peticiones en el que se reivindicaban garantías elementales como el derecho a la vida y la integridad física; el desarme de los grupos paramilitares de contraguerrilla; el reconocimiento de las condiciones políticas del guerrillero; la libertad para los presos políticos; el levantamiento del estado de sitio; garantías para unas elecciones libres; libertades políticas y sindicales; libertad de expresión hablada y escrita. En lo económico, a través de la negociación se buscaba obtener créditos estatales para la reconstrucción y el uso productivo de la tierra; indemnizaciones para las regiones que habían sufrido la acción destructora de las tropas oficiales; restitución de las propiedades usurpadas a sus antiguos dueños y distribución de tierras a los campesinos basándose en el principio de “la tierra para el que la trabaja”27.

Pasada la primera etapa del gobierno del general Rojas, su administración comenzó a tomar el mismo camino de la época del sectarismo político partidista, produciéndose el resurgimiento de bandas criminales auspiciadas por gamonales, jefes políticos y los mismos organismos de seguridad del Estado, el Sistema de Inteligencia Colombiano (SIC), para hostigar campesinos, asesinar amnistiados y guerrilleros desmovilizados. Entonces, se generó en estos un sentimiento de frustración e impotencia frente a lo que consideraban una traición del Gobierno militar, en la que habían caído a través de la trampa de la amnistía general. Pronto, los exguerrilleros conformaron nuevamente grupos que se pusieron al servicio de propietarios y jefes políticos liberales, con el fin de confrontar la acción criminal del resurgimiento de los “pájaros”.

La violencia no se agenció solamente en forma efectiva y en la aplicación de lo que desde entonces podría llamarse “justicia privada”; el Gobierno al lado de los terratenientes inició una cruzada de pacificación contra una de las zonas que había servido de refugio a quienes se habían marginado cautelosamente de los beneficios de la amnistía y estaban bajo la influencia del Partido Comunista: el Sumapaz.

4 de abril de 1955, el Sumapaz es declarado ‘zona de operaciones militares’ y desde entonces ‘pacificación’ volvió o ser sinónimo de arrasamiento, ametrallamiento y bombardeo. Por lo menos seis batallones y alrededor de un tercio del total de efectivos del ejército participaron en la acción…los primeros resultados demostraron que el gobierno, los militares y los terratenientes habían subvalorado la capacidad de resistencia campesina y la operación que se pensaba iba a ser de días a semanas, se convirtió en una larga guerra de dos años, en los cuales muchos habían muerto, pero también, miles habían logrado evadir el cerco. Unos con Juan de la Cruz Varela se refugiaron en el alto de Sumapaz, otros huyeron hacia Marquetalia. La invasión militar, lo único que consiguió fue trasladar geográficamente el problema, a un costo político incalculado. (Sánchez, 1989b, p. 167)

Al hacer un balance sobre la administración de Rojas Pinilla se puede fácilmente identificar dos momentos: el primero, se caracterizó por el incremento de los recursos del Estado como consecuencia de dos factores: una activa economía exportadora, favorecida por la bonanza cafetera; y segundo la imposición de nuevas cargas tributarias a la población. Estos dos hechos le permitieron a Rojas contar con presupuesto suficiente para impulsar proyectos de interés nacional, entre los que cabe destacar el reordenamiento de la producción de hidrocarburos y el fortalecimiento de la empresa siderúrgica de Paz del Río, la inversión en la actividad agrícola mediante la compra de maquinaria y fertilizantes, la construcción de distritos de riego que favorecieron a los productores de caña de azúcar, arroz y algodón; la financiación de importantes obras de infraestructura tales como la construcción de centros hidroeléctricos, el ferrocarril del Atlántico, el aeropuerto internacional El Dorado y las instalaciones de la televisión nacional.

Esta época fue de crecientes expectativas populares con respecto a los planes de pacificación; una bien organizada campaña publicitaria, unida a acciones de bienestar social a través de la oficina de Rehabilitación y Socorro dependiente de la Secretaría Nacional de Asistencia Social (Sendas), dirigido por la hija del general, María Eugenia Rojas de Moreno, alimentó este periodo. No obstante, la imposibilidad de satisfacer la infinidad de demandas surgidas en el proceso de reconstrucción económica y social del país –debido a que las dimensiones de los problemas heredados de La Violencia superaban desmesuradamente las políticas y los recursos estatales–, fue creando falsas expectativas que pronto comenzaron a perderse en el horizonte de la credibilidad popular. Es durante los dos primeros años de gobierno que el general Rojas, en medio de las limitaciones anteriormente señaladas, genera la simpatía en los sectores populares que habrá de canalizar posteriormente hacia la creación de la tercera fuerza política, cuando los sectores que lo colocaron en el poder comienzan a retirarle su apoyo.

El segundo momento de la administración Rojas se caracteriza por la disminución de los recursos presupuestales provenientes de la economía exportadora, y por el crecimiento del movimiento de oposición al Gobierno que se agudiza a partir de que Rojas proclama la idea de hacer efectiva la creación del Movimiento de Acción Nacional (MAN), el 13 de junio de 1956, al cumplirse el tercer aniversario del golpe de opinión. A partir de ese momento, el gobierno del General comienza a derrumbarse, presionado por la alianza de las fuerzas políticas tradicionales, la Iglesia y los gremios económicos que convocan a un paro nacional contra su gobierno que lo obliga a dimitir el 10 de mayo de 1957. Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, como representantes de los dos partidos tradicionales, habían madurado en Benidorm (España) un proceso de transición hacia el pacto del Frente Nacional28.

El proceso de conciliación liberal-conservadora, resultante de los pactos de Benidorm y Sitges, logra alcanzar legitimidad a través de un plebiscito el 7 de diciembre de 1957 y, posteriormente, legalidad mediante un acuerdo constitucional en el que se establece la fórmula de la paridad y la alternación en la conducción del Estado. De tal forma, se genera allí un proceso de exclusión de toda fuerza política ajena a los partidos tradicionales, lo que daría origen, implícitamente, a una nueva forma de confrontación social y política que caracterizaría los años venideros.

Lejos de solucionar los problemas estructurales de orden social y político, la dictadura de Rojas y los primeros gobiernos del Frente Nacional redefinieron el carácter de la violencia. Un proceso de reestructuración de las formas violentas de expresión social comenzó a gestarse en el tránsito de la guerrilla liberal al bandolerismo social y político y de este a la lucha armada revolucionaria.

En este proceso de transformación de la naturaleza política de la violencia se configuran nuevos actores del conflicto y se redefinen las razones políticas de la acción violenta (Sánchez, 1989a). La violencia tomaba a partir de entonces una nueva perspectiva; ya no era la confrontación entre las fuerzas políticas que habían llevado su sectarismo al extremo de la guerra civil, sino que se produjo una transformación ideológica y política que reorientó la confrontación, ordenando las fuerzas según la dinámica de la lucha de clases y las estrategias militares de la guerra revolucionaria, según otros imaginarios.

Con la instauración del Frente Nacional, en 1958, se redefinen las estrategias de dominación que habrán de prevalecer en los siguientes 16 años de la historia de Colombia. La llamada oligarquía liberal-conservadora a la cual el gobierno de Rojas Pinilla, al pretender adquirir autonomía, había logrado unificar, establece mediante el plebiscito un acuerdo de largo plazo cuyo eje central era la aceptación del reparto pacífico del poder político. El mecanismo a través del cual se llevaría adelante este proceso sería la fórmula de alteridad en el ejercicio del poder ejecutivo y la paridad en la distribución de los puestos públicos, inaugurando con esto una nueva modalidad de exclusión de toda fuerza o movimiento político al margen de las dos colectividades tradicionales. Concebido como una salida política negociada a la violencia, en la práctica el Frente Nacional inauguraba una nueva fase de la violencia en el país: la violencia social y revolucionaria.

Con el aliento que internacionalmente les dio a los procesos revolucionarios de América Latina la Revolución cubana, es en la atmósfera social y política creada por la violencia, la dictadura de Rojas y el surgimiento de Frente Nacional que aparecen desde las entrañas de la violencia las FARC-EP y de los impactos de la Revolución cubana el ELN.