Читать книгу Delincuencia económica - Covadonga Mallada Fernández - Страница 97

La doctrina jurisprudencial, partiendo de la acción típica que se concreta en negar o impedir la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, entiende que el precepto penal protege «la actividad de control de los órganos administrativos que tienen atribuidas facultades inspectoras o supervisoras». Ello supone que, a diferencia de los otros delitos societarios, no se tratan de tutelar los intereses económicos de la propia sociedad, de los socios o de terceros relacionados con ella74).