Читать книгу AMLO y la 4T - Hernán Gómez Bruera - Страница 13

Parte del reclamo dirigido a López Obrador de no ser “de izquierda” tiene que ver con un pensamiento político desprovisto de un componente progresista. Para Carlos Illades, por ejemplo, la firme creencia de este presidente en la familia como la institución más importante de la sociedad le imprime a su gobierno un carácter conservador. Lo mismo las constantes críticas de amlo al individualismo, junto con su preferencia por valores comunitarios de convivencia o incluso —podríamos decir— ese tono moralizante y catequizante de su discurso que podría acercarlo más a la tradición latinoamericana de la teología de la liberación.

Habría que reflexionar, en cualquier caso, si el presidente ha buscado imponer sus creencias morales al resto de la sociedad. No veo mayores evidencias de que haya sido así. La Guía ética para la transformación de México o la edición de la Cartilla moral de Alfonso Reyes parecen más una anécdota graciosa de las ocurrencias presidenciales que un esfuerzo articulado y serio por adoctrinar a la población, aunque eso crean algunos opositores. En cualquier caso, hay que saber diferenciar al presidente de su partido y la coalición que encabeza. Como fuerza política al menos, Morena tiene una agenda progresista con sectores importantes que la promueven en su interior tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Naturalmente, la coalición gobernante incluye grupos conservadores contrarios a dicha agenda, en un acto que ya hemos calificado de pragmático.

Independientemente de cuál sea la postura personal del presidente, resulta un exceso afirmar que la 4T le ha dado la espalda al pensamiento progresista de izquierdas. A dos años de gobierno, esa agenda está más presente de lo que a primera vista parece, más incluso que en gobiernos anteriores. En materia de feminismo, por ejemplo, se conformó el tan anunciado primer gabinete paritario en la historia, aunque lamentablemente esto todavía no se ha traducido en un cambio sustantivo en la forma de hacer política ni en el impulso a una perspectiva de género. También es importante mencionar la aprobación de una reforma constitucional que redefine la participación política de forma paritaria, donde se establece como un derecho de la ciudadanía “poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular” (artículo 35, fracción II).¹⁵ Esta reforma establece la paridad en los nombramientos de las y los titulares de secretarías de Estado a nivel federal y estatal, así como en la integración de ayuntamientos y órganos autónomos.¹⁶

En materia de interrupción voluntaria del embarazo, diputadas de Morena presentaron en febrero de 2021 una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, en materia de progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, en la que se promueve, entre otras cosas, despenalizar el aborto a nivel nacional antes de las 12 semanas de gestación. Además, Morena impulsó ya su legalización en Oaxaca, y se han promovido también reformas al Código Penal Federal que aumentan las penas por el delito de feminicidio. Con el voto del partido del presidente también se aprobaron en el Congreso las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal para sancionar la violencia digital (la llamada “Ley Olimpia”).

En el caso de las personas lgbttti, con todo y las críticas que se le han hecho a López Obrador por su postura aparentemente conservadora frente al tema, algunos estados con mayoría morenista —Puebla, Oaxaca, Baja California Sur e Hidalgo— legalizaron el matrimonio igualitario. Incluso una de las primeras iniciativas promovidas por la 4T y presentada por el senador Germán Martínez permitió garantizar la seguridad social a las parejas del mismo sexo. En el Congreso de la Ciudad de México, además, una mayoría morenista prohibió las terapias de conversión y reformó la ley del Instituto de Vivienda para orientarse hacia la comunidad lgbttti como sector prioritario.

En materia de política de drogas fueron legisladores de Morena quienes promovieron, dictaminaron y apoyaron la despenalización y regulación del uso lúdico de la marihuana en la Cámara de Diputados, algo que el pan votó en contra. Podrá ésta no ser la reforma con la que soñaron los activistas antiprohibicionistas, pero sería mezquino negar que se trata de un avance importante.

En derechos humanos, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), presidida por Rosario Piedra Ibarra, ha estado bastante ausente y su actuación ha generado críticas de muy diverso tipo desde la cuestionada forma en que se procesó su nombramiento, la Subsecretaría de Derechos Humanos ha venido a asumir parte de la presencia y el protagonismo que perdió el organismo creado en los años noventa. Si bien la agenda de justicia transicional no ha tenido avances sustantivos y varias organizaciones de víctimas —especialmente las aglutinadas en torno al movimiento de Javier Sicilia— consideran que el gobierno no respetó sus compromisos en esta materia, la creación de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa ha representado un parteaguas importantísimo en la forma negligente en que el gobierno anterior había tratado el caso, negándose incluso a entablar diálogo con las organizaciones sociales vinculadas al tema. En contraste con la forma en que la administración de Peña Nieto menospreció el dolor de los familiares de los jóvenes desaparecidos, la Subsecretaría de Derechos Humanos ha trabajado muy de cerca con los familiares y con las asociaciones que los acompañan, como el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y Fundar, y las autoridades se han involucrado con mucha más decisión y voluntad en la búsqueda de personas desaparecidas. Además, se logró desmontar la llamada “verdad histórica” con la que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, pretendió cerrar el caso de una forma por demás ignominiosa, mientras que la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa ha promovido nuevas líneas de investigación a partir de la premisa de que “la única verdad es que no hay verdad” respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.¹⁷

Si bien falta demostrar qué tan lejos se puede llegar para esclarecer el caso, para septiembre de 2020 —según informó el subsecretario Alejandro Encinas— se habían girado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, y se ha detenido a 34 personas, entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo y servidores públicos, lo que sumaba 80 personas detenidas hasta ese momento. Como parte de las investigaciones, ha informado también el subsecretario, se han analizado 80 millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018 y una serie de acciones que permitirán determinar la operación del grupo delictivo y sus células, así como la participación de las fuerzas de seguridad.¹⁸ Todo esto hace pensar que efectivamente hay elementos para suponer que se puede estar rompiendo el “pacto de silencio e impunidad” que ha caracterizado este caso. No en balde más de uno cree que la seriedad del trabajo con las víctimas de los familiares de este terrible acontecimiento es uno de los mayores avances de este gobierno.

La Ley de Amnistía también ha sido un hito importante, en la medida en que permitirá liberar a personas presas en cárceles mexicanas por delitos contra la salud y robo simple, además de mujeres criminalizadas por realizarse un aborto, junto a los médicos o parteras. La ley beneficiaría también a indígenas que en sus procesos no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, a presos políticos o de conciencia acusados por delitos inverosímiles, así como a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea por tratarse de consumidores acusados de narcomenudeo o personas que se vieron inmersas en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenaza.

Otra medida genuinamente progresista promovida bajo el manto de la 4T es la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades afromexicanas, por medio de la cual se agregó un apartado donde se reconoce que estos grupos son parte de la composición pluricultural de la nación (artículo 2°, apartado C). Con ello, los afrodescendientes, históricamente invisibilizados y objeto de un profundo racismo estructural, podrán disfrutar los derechos que la Constitución ya reconocía a los pueblos indígenas, con el fin de garantizarles su libre determinación, autonomía e inclusión.¹⁹ Más allá de la reforma, el tema ha tenido una implementación nítida en la política cultural, en cuanto se han generado por primera vez políticas, convocatorias y espacios dedicados y orientados específicamente a las comunidades afromexicanas y afrodescendientes.

En general, la 4T ha tenido una contribución importante en posicionar el tema del racismo en un lugar más destacado en el debate público. Nunca antes un presidente de México había reconocido explícitamente en un discurso que tenemos un problema de racismo en nuestra sociedad, como lo hizo López Obrador en noviembre de 2019, en Nayarit, cuando aseveró: “Los verdaderos dueños de México son ahora los más pobres, los más marginados, los más ofendidos y humillados. Porque todavía, desgraciadamente, sigue habiendo racismo. Se esconde por hipocresía, no se expresa, no se manifiesta, pero sí hay racismo en México”.²⁰

Otro tema importante de mencionar son las consultas públicas organizadas por la 4T, desde antes incluso de ser gobierno, y que ciertamente han dejado mucho que desear: han sido criticadas por una baja participación, la improvisación y falta de rigor y control, así como por la formulación de preguntas tendenciosas. En particular, la consulta llevada a cabo en octubre de 2018 sobre el aeropuerto de Texcoco fue especialmente cuestionable porque su resultado iba en una dirección diametralmente opuesta a los resultados que arrojaban las encuestas. Así, por ejemplo, la de El Financiero de finales de agosto mostraba que 56 por ciento de los encuestados estaba por la continuación del proyecto y 28 por ciento por cancelarlo. En una encuesta posterior, elaborada por el mismo diario, el apoyo a la continuación era de 63 por ciento.²¹ En realidad, más que un ejercicio de democracia participativa se trató de una movilización de la militancia obradorista para legitimar una decisión ya tomada.

Con todo y lo mal que se han hecho hasta ahora la mayoría de las consultas, pienso que tienen un sentido democratizador que no debe descartarse. Las reformas legales promovidas por este gobierno representan un avance en la medida en que podrán ahora celebrarse con menos trabas que en el pasado. Otro cambio relevante en esta materia es la revocación de mandato del presidente de la República, que podrá ser solicitada con 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores y requerirá más de 40 por ciento de los votos para ser válida junto a una mayoría absoluta a favor de la revocación. Aunque un sector considere este tipo de ejercicios como “populistas”, pueden servir para profundizar la democracia y favorecer un cambio en nuestra cultura política. Para ello, sin embargo, hace falta que este gobierno se tome el tema mucho más en serio. Dudo lamentablemente que el remedo de consulta para enjuiciar a expresidentes, aprobado por la Suprema Corte el 1 de octubre de 2020 a través de una maroma de triple dificultad, abone en esta dirección.