Читать книгу El feudo, la comarca y la feria - Javier Díaz-Albertini Figueras - Страница 15

Una segunda característica de lo público es su visibilidad y transparencia (Rabotnikof, 2008), mientras que lo privado y, más aún, lo íntimo, tiende a estar parcial o totalmente oculto de la mirada del resto de la sociedad. Por esta razón, el espacio público es el ámbito donde los ciudadanos formulan asuntos de interés general (Iazzetta, 2008) y también es el escenario propicio para expresar preocupaciones y demandas políticas. La línea divisoria entre la esfera privada y la pública es tenue y se encuentra en constante debate y conflicto político. Un ejemplo claro al respecto fue la intensa lucha de los grupos feministas para que el ámbito doméstico (espacio privado familiar-conyugal) estuviera abierto al escrutinio y debate público. Estudios y testimonios mostraban que, detrás de la privacidad doméstica, se encontraban casos frecuentes de abusos, maltratos y violencia intrafamiliar. Su ocultamiento era refrendado por la inacción de las instituciones estatales y las culturas complacientes que repetían que los «trapitos sucios se lavan en casa». De ahí que surgieran iniciativas e instituciones que hicieron «públicos» los derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes como espacios de defensa y promoción del bienestar de todos los integrantes de la familia.

En cuanto a la política, el espacio ha resultado esencial en las luchas democráticas. La burguesía y los trabajadores se adueñaron de calles y plazas en su enfrentamiento contra la aristocracia. Le arrebataron a la monarquía el espacio público, el cual, según Foucault (2002), era el ámbito donde esta expresaba su poder y lo ejercía⁷. Para Salcedo (2002):

En la sociedad renacentista la idea de una esfera pública estaba incompleta. La burguesía estaba aún integrada a la estructura tradicional del poder y acomodaba sus demandas a las condiciones políticas de la sociedad. La aparición de la esfera pública requería del cuestionamiento burgués a la forma de gobierno. Una vez que este desafío se presenta, aparecen nuevas instituciones (y también espacios), que se convierten en centros de poder democrático y ciudadanía: conferencias, espectáculos públicos, salones y prensa escrita. (p. 5)

El espacio público, que los monarcas ilustrados construyeron, embellecieron y expandieron como parte del discurso modernizador que buscaba legitimarlos ante la burguesía, terminó siendo un lugar de encuentro, discusión y consolidación de voluntades democráticas. Las fuerzas democráticas, entonces, se apropiaron del espacio y ello fue fundamental en el derrocamiento de las monarquías. Sin embargo, los gobiernos burgueses pronto descubrirían que las calles y los parques también podían ser apropiados por otros sectores, continuando así los conflictos de poder sobre la base de las diferencias de clase social. En términos políticos, las calles se transformaron en el espacio de la política de oposición manifestada por el proletariado y otros sectores excluidos. Según Salcedo (2002), ahí nace un acuerdo implícito entre la burguesía y las organizaciones obreras, por el cual las calles se constituyeron en parte de la estrategia política de los sectores menos favorecidos. A pesar de que esto podría generar conflictos, en términos generales, favorecía una forma de expresión democrática que en la mayoría de los casos no significaba un peligro para el poder, sino que brindaba legitimidad al sistema democrático.

Para Iazzetta (2008), lo público no solo consiste en ser el ámbito de expresión y encuentro ciudadano, sino que también se construye sobre las capacidades colectivas que el Estado debe garantizar para conformar un espacio común y compartido⁸. Además de la universalidad en el acceso y uso de lo público, la acción estatal tiene que garantizar la igualdad ante la ley y la equidad en oportunidades. Pero estas garantías no son suficientes si los mismos ciudadanos y ciudadanas no tienen la capacidad de ejercerlos. Por eso, otra importante capacidad colectiva está relacionada con la vigencia de los derechos y el potencial de ejercerlos, lo cual implica que el Estado debe ser un promotor activo de las condiciones que fortalecen la democracia vía la educación de calidad, el funcionamiento apropiado de sus instituciones y una renovada capacidad de sanción cuando fuera necesaria. Akkar (2005) denomina esto como el «acceso a la información y a la discusión» en la determinación de los espacios públicos.