Читать книгу La economía de Perón - Javier Ortiz - Страница 17

La dramática caída de los precios y el volumen de las exportaciones tuvo, aunque con un rezago, su contrapartida en la baja de las importaciones, lo que afectó los ingresos fiscales que dependían principalmente de los provenientes de aduana. Se había terminado un largo superávit fiscal primario de 1900 a 1929, resultado de las crecientes exportaciones y, por consiguiente, del aumento de la recaudación del impuesto a las importaciones –salvo los años de la guerra, 1914, 1915 y 1916, en que, por las restricciones que la guerra imponía, bajaron las importaciones (Cortés Conde, 2009)–. El gobierno provisional surgido del golpe de septiembre de 1930 adoptó medidas para tratar de compensar esa caída. Ya en los años anteriores se había advertido las dificultades que creaba la volatilidad de los ingresos fiscales dependientes de la evolución del comercio exterior y de los resultados de las cosechas.

En 1931, en previsión de que las perspectivas para el año serían extremadamente difíciles, se dictó un decreto que redujo gastos y estableció nuevos impuestos. Entre ellos uno de emergencia a los réditos, y un adicional del 10% a las importaciones, que se agregó a la contribución territorial. Luego se estableció un impuesto a las transacciones, muy criticado por su carácter de cascada, por lo que fue reemplazado (a fines de 1934) por uno a las ventas, que excluyó a los artículos de primera necesidad.

Cuando Gran Bretaña decidió abandonar la convertibilidad de la libra, retirándose del patrón oro, la Argentina decretó que todas las transacciones de cambio debían realizarse por los bancos de Capital Federal autorizados, al tipo que la comisión iba a fijar diariamente. Se fijó a 3,86 pesos por dólar que quedó un 20% debajo del de mercado.² Con esta medida se estableció el control de cambios, que consistía en el monopolio estatal de todas las transacciones con monedas extranjeras, algo que ya habían implementado Alemania y algunos países de Europa Central y que fue resistido en Francia y Estados Unidos por considerárselo un avance totalitario del Estado. Sería este un instrumento que tendría profundas consecuencias en la vida argentina y que modificaría el rol que hasta entonces había tenido el Estado.

El tipo de cambio oficial se mantuvo estable hasta 1933 y, como a ese precio oficial la demanda superó su oferta, se implementó racionamiento. El decreto del 25 de enero de 1932, que reglamentó los del 10 y 22 de octubre de 1931, obligaba a los exportadores a la presentación de un permiso previo en que constara toda venta de cambio realizada por los bancos.

Una de las razones no declaradas para el cierre de la Caja de Conversión en 1929 fue querer dejarle al gobierno la disponibilidad del oro depositado en la misma. El oro no sólo se utilizó para pagar la deuda sino que, en 1932, se empleó para intervenir en el mercado de cambios a fin de evitar una mayor caída del peso que le encarecería el pago de la deuda externa. Pero se evitó recurrir al mercado de cambios para comprar oro en una situación donde la caída de las exportaciones y de los flujos de capitales había producido una gran escasez de divisas, por lo que la competencia del gobierno demandando divisas en el mercado las encarecería fuertemente (y que, recordemos, fue uno de los factores que habían llevado a la crisis de 1890).