Читать книгу La economía de Perón - Javier Ortiz - Страница 18

Desde que en 1890 el gobierno nacional monopolizó la emisión de la moneda a la que le dio curso legal, toda obligación pública o privada podía saldarse entregando billetes de curso legal por su valor escrito. Durante los años de la Primera Guerra y los de la posguerra –en que suspendió la convertibilidad– se iniciaron acciones judiciales en casos en que se había establecido la obligación de pagar en otras monedas.

Debido a la fuerte devaluación que se produjo tras el cierre de la Caja, y las sucesivas de 1931 y 1933, se llevaron varios casos a la Corte Suprema, que en 1934 dictó una sentencia con una nueva interpretación sobre el valor de la moneda. La Corte entendía que la moneda se utiliza por el poder de compra que tiene, pero que cuando debido a circunstancias excepcionales, ajenas a la voluntad de las partes, esa moneda tiene un mayor o menor poder de compra, esa circunstancia producirá un enriquecimiento (o empobrecimiento) ilegítimo sin causa para sus titulares, por lo que debían ajustarse las obligaciones.

“La ausencia de una definición jurídica del valor ha dado origen a que las leyes supongan implícitamente que el valor se mide con la moneda, aun a través del tiempo, como si ella lo midiera en la forma que el litro, el kilo o el metro miden el contenido, el peso o la extensión.”

“Ante la valorización o desvalorización catastrófica o muy apreciable de la moneda, la justicia va viéndose obligada a suplir esa ausencia de una definición jurídica del valor.”

“Los derechos contractuales, en moneda, entran, en tales casos, en conflicto con otro derecho más fundamental y más general que se funda en el de reclamar el bien dado y el deber de devolver el bien recibido.” (Revista de Economía Argentina, 1935, p. 21)

Se iniciaba así un largo período de nuevas experiencias monetarias en muchos casos con consecuencias perdurables muy negativas.