Читать книгу Un conde nórdico en el Caribe: - Joaquín Viloria De la Hoz - Страница 19

Mariano Montilla pertenecía a una acaudalada familia venezolana, dueños de grandes haciendas y de mano de obra esclava. En los primeros años de la República al general Montilla se le acusó de haberse beneficiado en exceso de las políticas del gobierno. Lo cierto es que a este militar venezolano, por una deuda cercana a $ 43.000, el gobierno republicano le adjudicó la casa-palacio del Marqués de Valdehoyos, tal vez la de mayor valor en Cartagena, una plantación de grandes dimensiones en las cercanías de Sabanalarga y la Hacienda Aguas Vivas, en Turbaco. Esta última tenía cerca de 12.000 hectáreas al momento en que se la entregaron a Montilla (Bossa, 1967).

Como terrateniente en Venezuela y Cartagena, Montilla participaba en proyectos económicos del sector agropecuario. Así, por ejemplo, en 1825 hizo parte en un ambicioso plan de inmigración y colonización de la Sierra Nevada de Santa Marta que tenía como socios al empresario hispano-samario Joaquín de Mier, los comerciantes cartageneros Marcelino Núñez y Lázaro María Herrera, el francés Juan Pavajeau, y los venezolanos Carlos Soublette, Pedro Gual, Juan Langlade y los hermanos Montilla. El proyecto consistía en colonizar aproximadamente 200.000 fanegadas de baldíos nacionales, para instalar una colonia agrícola integrada por familias extranjeras, dedicadas básicamente al cultivo del café, pero el Congreso no aprobó la iniciativa (Viloria, 2002). Como vemos, Montilla no era solo el militar o el político afecto a Bolívar, sino el terrateniente, el comerciante, el especulador, y en estos proyectos participaba con varios de los grandes comerciantes o militares de la época, pero de nuevo, Adlercreutz no hacía parte de su “círculo íntimo de negociantes”.

El general Padilla, al contrario de Montilla, fue beneficiario de un préstamo concedido por el vicepresidente Santander, que solo le alcanzó para comprar una casa en Getsemaní, “cerca de la cual había abierto un café donde la gente acudía a beber, jugar y hablar de política, lo cual no era del agrado de la élite […]”. Montilla, que no desaprovechaba oportunidad para desacreditar a este general, hacía comentarios con matices racistas cuando Padilla regresaba a Cartagena: “Vuelven los bochinches de colores” (Helg, 2002, p. 21; Polo, 2002, p. 34).

En cuanto al coronel Adlercreutz, no se conocen privilegios que haya usufructuado por su condición de prócer de la independencia. Por el contrario, los hermanos Narciso y Juan de Francisco Martín firmaron un contrato con Adlercreutz, para que este administrara por cinco años la Hacienda Rebolledo (a partir del 1° de diciembre de 1825), ubicada cerca de la población de Mahates (Mörner, 1961, Vidales, 2004). Existen otras evidencias de la estancia de Rebolledo. En 1825, los suecos Pedro Nisser y Carlos von Hauswolff llegaron a Cartagena, en donde fueron recibidos por su compatriota Federico Adlercreutz. Durante un viaje al río Magdalena, el coronel los llevó hasta su estancia rural llamada Rovillo (sic) o Rebolledo, la cual estaba adecuando para construir una plantación. Rebolledo se encontraba aproximadamente a 50 kilómetros al este de Cartagena, en el cantón de Mahates, y para llegar allí se debía pasar por las poblaciones de Turbaco y el propio Mahates. Cuando los viajeros suecos visitaron Rebolledo, se encontraron con unas piscinas amuralladas que se utilizaban para preparar el índigo (Adlercreutz, 1970, Nisser, 1939).

Por las coordenadas de la propiedad asignada a Adlercreutz, es de suponer que corresponde al hatillo colonial de San Cristóbal de Rebolledo. Este se encontraba ubicado en el partido de Mahates, cerca de los caseríos de San Cristóbal y Soplaviento, en la margen izquierda del canal del Dique y distante a unos 25 kilómetros del río Magdalena. En 1777 el Hatillo de Rebolledo pertenecía al presbítero Manuel Eugenio Canabal, estaba dedicado a la labranza y tenía diez esclavos (Conde, 1999).

De acuerdo con la descripción de los viajeros suecos, la estancia de Rebolledo se encontraba en proceso de reconstrucción cuando ellos la visitaron, por lo que se puede colegir que fue destruida durante los años de la guerra de Independencia. No existen mayores datos sobre esta hacienda administrada por Adlercreutz, pero se sabe que el contrato de administración concluyó en mayo de 1829, ante la imposibilidad de Adlercreutz de hacerse cargo de la hacienda. Este acontecimiento podría clasificarse como “otro fracaso” de Adlercreutz en sus intentos fallidos como administrador u hombre de negocios.

Se debe destacar que Adlercreutz formó parte de la “comisión subalterna de repartimiento del patrimonio nacional” de la provincia de Cartagena, encargada de distribuir entre oficiales y suboficiales patriotas las propiedades de españoles emigrados o que hubieran apoyado al gobierno enemigo. Estas tierras o viviendas se entregaban a los militares como recompensa por sus aportes a la causa libertadora, lo que les significaba tener un ingreso adicional y una ocupación temporal. Todo parece indicar que Adlercreutz era un hombre honesto, que no tenía la avaricia o el ventajismo característico de muchos militares de la época: a pesar de ser miembro de la “comisión de repartimiento” y presidente interino de la misma (1824), no aprovechó su posición para lucrase, pues sólo se le conoció el hatillo de Rebolledo (del cual no era de su propietario si no su administrador).

Como una crítica a los funcionarios y militares que aprovechaban sus cargos para lucrase y favorecer a sus allegados, Adlrecreutz se autodefinía como “un militar que no ha aprendido el oficio de ladrón de caminos” (Vidales, 2004, p. 95). En este sentido es posible que su desprendimiento lo acercara más al comportamiento de Bolívar, que al de Montilla o Santander, estos dos últimos muy criticados en su época por recibir grandes propiedades del Estado. En el caso de Montilla y su esposa, existen evidencias de la negociación de esclavos hasta 1831, así como de la venta de varias propiedades en Cartagena9, mientras de Adlercreutz no se ha podido establecer si fue propietario urbano.

9. Archivo Histórico de Cartagena, Notaría Primera, 1831, Tomo 1, Protocolo 25, folios 37-38; Tomo 2, Protocolo 19, folios 33-55.