Читать книгу La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles - José María López Jiménez - Страница 21

El simple enunciado de la noción de “transición energética” resulta en sí mismo esperanzador, en la medida en que sugiere que se ha iniciado una fase de cambio hacia una economía más respetuosa con el medioambiente y menos dependiente de los combustibles fósiles. Sólo cabe desear que el camino iniciado no permita ningún retroceso y que, de manera firme y coordinada, se adopten las medidas adecuadas para encontrar, de la manera menos traumática posible, la meta pretendida.

El avance, en una materia tan compleja en su origen y en sus efectos, no será lineal, y esta transición vendrá acompañada de avances y retrocesos, de aciertos y de errores, de la confirmación de la validez de algunas hipótesis y de la necesidad de la recalibración de otras.

Si 2030 es la fecha límite para el cumplimiento de los ODS, 2050 es el punto de llegada de esta transición. Acaso, el mayor desafío del reto climático y del buen fin de la transición energética lo podamos encontrar en un componente psicológico que arduamente se puede combatir, como es la dificultad para pasar a la acción cuando las medidas deben ser adoptadas con carácter inmediato, con desembolsos económicos sustanciales, y sus efectos sólo serán perceptibles pasados los años60.

Para Carney (2015, pág. 3), el drama del cambio climático y sus efectos consiste en que los impactos catastróficos “se sentirán más allá de los horizontes tradicionales de la mayoría de los actores, imponiendo un costo a las generaciones futuras que la generación actual no tiene un incentivo directo para solucionar”.

Por esta razón, además de las directrices contenidas en documentos de alto nivel como son los tratados internacionales o las resoluciones de organismos multilaterales, y de la formación y la información dirigida a los particulares, es conveniente que se dirijan mandatos legales claros a las empresas y a los ciudadanos, acompañados de los incentivos, en sentido psicológico, pero también en el económico, que inciten a la acción. Precisamente, este es el propósito de la propuesta de “Ley del Clima Europea”, citada anteriormente, que aspira a conseguir la neutralidad climática de la Unión Europea en 2050, y a consolidar el liderazgo europeo en la lucha contra el cambio climático con todas sus derivaciones.

Uno de los riesgos más significativos de este proceso de transición hacia una economía baja en carbono concierne al deterioro efectivo de una gran cantidad de activos, basados en residuos fósiles, anclados en el balance de compañías propietarias de recursos energéticos y, asimismo, el de otros activos dependientes de los mismos. Se trata de los denominados “activos varados” (“stranded assets”)61.

La Agencia Internacional de la Energía define estos activos como “aquellas inversiones realizadas ya pero que, en algún momento previo al fin de su vida económica, no están en condiciones de generar un rendimiento económico” (Livsey, 2020, pág. 4).

Según estimaciones, en torno a 900.000 millones de dólares (un tercio del valor actual de las grandes compañías de petróleo y de gas) se evaporaría si se aplican políticas más intensas para restringir el alza de las temperaturas a 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales durante el resto del presente siglo (Livsey, 2020, pág. 1)62.

Como subraya Livsey (2020, pág. 11), aunque la mayor amenaza por este concepto recaerá en las economías dependientes del petróleo y del gas, “los efectos de registrar el deterioro de los activos varados se sentirían en todo el mundo empresarial. Sería uno de los mayores cambios históricos en la asignación de capital”.

La transformación en la estructura de los activos financieros necesaria para la transición energética se ve dificultada por diversas deficiencias en la operatoria de los mercados (Oman, 2019, págs. 3-4): i) falta de reflejo de los riesgos climáticos por los riesgos financieros; ii) existencia de un amplio desfase entre la rentabilidad privada y el valor social de las inversiones con bajo contenido de carbono; y iii) el predominio de un gobierno corporativo que favorece las actuaciones financieras cortoplacistas puede amplificar el cortoplacismo financiero, en tanto que las restricciones en los mercados de capitales pueden llevar a un racionamiento del crédito para los proyectos de bajo carbono.

A mayor abundamiento, Steele (2020, pág. 5) sostiene que “la crisis climática está, de hecho, sembrando las semillas de una potencial crisis financiera. […] el riesgo financiero climático es una significativa fuente de vulnerabilidad para los modelos de negocio de las grandes instituciones financieras y el sistema financiero en su conjunto”.

La imbricación del sistema financiero (y de la economía real, por añadidura) con el medioambiente es manifiesta, y genera una serie de relaciones cuyos efectos se retroalimentan (esquema 3).

Esquema 3. Sistema financiero y medioambiente: una relación biunívoca

Fuente: Elaboración propia.

La adecuada representación de los riesgos climáticos en el balance de los bancos es un prerrequisito para la resiliencia del sector, y, además, para el exacto reflejo de estos riesgos en los precios, todo lo cual contribuirá a una transición eficiente y ordenada a una economía baja en carbono (Enria, 2020). Al identificar, cuantificar y repercutir en precio y capital todos los costes y riesgos incurridos, las entidades financieras “se convierten de modo indirecto en un ‘facilitador’ del cambio, al abaratar la financiación de aquellas actividades que contribuyen más a la transformación sostenible de la economía, a la vez que se desincentivan las actividades más contaminantes” (Delgado 2019b, pág. 11). Además, esta revisión de los precios para que reflejen los verdaderos costes puede ser un instrumento para el cambio de comportamiento a través de la economía (Comisión Europea, 2019a, pág. 25).

Según Enria (2020), la exposición media de las entidades bancarias significativas a compañías intensivas en el empleo de carbono alcanza el 15%. Carney (2019a, pág. 3) estima que las entidades que antes alineen sus modelos de negocio con la transición hacia un mundo sin emisiones netas de carbono serán premiadas generosamente, en tanto que las que fracasen en este empeño “dejarán de existir”. Cuanto más tarde se inicie la transición, mayor será la disrupción generada.

No es infrecuente que este proceso de transición se califique como justo, para que se preste la “debida atención y apoyo a aquellos colectivos o zonas geográficas más severamente afectados por esta transición” (Delgado, 2019a, pág. 7).