Читать книгу Política económica para decidir en tiempos difíciles - Juan Carlos de Pablo - Страница 31

Basado en la experiencia argentina, al analizar las actividades de los empresarios, en de Pablo (1991) distinguí entre trabajar y estar ocupado. Lejos de constituir un juego de palabras, el empresario trabaja cuando dedica sus energías a averiguar qué quieren los potenciales demandantes, qué novedades tecnológicas aparecieron en su sector, en qué andan sus competidores, y está ocupado cuando le tiene que prestar atención a los economistas y a los abogados, no se pierde ninguna reunión de la cámara que agrupa a los productores de su sector, o vive pendiente de lo que se les puede ocurrir a los funcionarios que establecen y modifican las reglas de juego relevantes.37

Un elemental comportamiento maximizador les lleva a asignar su tiempo entre trabajar y estar ocupado, en función de la diferente rentabilidad esperada en cada actividad. ¿Por qué es esto importante? Porque el PBI real de un país aumenta, pero en serio, cuando a los empresarios les conviene más trabajar que estar ocupados.

Krueger (1974) modeló un caso particular de este principio cuando comparó los costos que tiene obstaculizar el comercio internacional vía aranceles, o a través de restricciones cuantitativas. En esta última alternativa el costo es mayor “porque el sector privado destina recursos a competir por las licencias”. “En este artículo acuñó el término rent seeking (búsqueda de rentas) (Lal y Snape, 2001),38 una actividad socialmente improductiva, pero privadamente lucrativa, que para lograr sus objetivos utiliza recursos humanos y materiales. Incluye actividades como el lobby, las coimas, etc… Siempre se pensó que la corrupción solo implicaba una transferencia de recursos, pero que no afectaba la producción. A la moderna teoría de la búsqueda de rentas también contribuyeron John R. Harris y Michael Paul Todaro, Yoram Barzel, Gordon Tullock y Richard Allen Posner” (Krueger, en Blaug y Lloyd, 2010).

El enfoque planteado por Krueger en 1974 es fácilmente generalizable, porque su planteo también es aplicable al caso de la promoción sectorial o regional, la aplicación de aranceles diferenciales, el control de los precios, el acceso al crédito o energía eléctrica racionados, entre otros.

Importa destacar que tanto el funcionario que acepta una coima para –por ejemplo– autorizar la importación de un bien sujeto a licencias arancelarias, como el importador que la abona, cometen un delito. Ahora bien, desde el punto de vista de la toma de decisiones, distribuir la responsabilidad total en partes iguales implica no entender la naturaleza del problema. Ejemplo: pensemos en un país cuyo gobierno les dice a los constructores de obras públicas que la única forma de tener trabajo pasa por “retornar” parte de lo que cobran a los bolsillos de los funcionarios. Dada la especificidad de la maquinaria (¿para qué otra cosa sirven los equipos que asfaltan caminos, sino para asfaltar caminos?), el empresario tiene dos alternativas: cerrar la empresa y despedir a todo el personal, o bien abonar los inevitables retornos. No hago apología del delito si parto de la base de que la enorme mayoría de los empresarios opta por la segunda alternativa.