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1. Introducción

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En una primera aproximación al concepto, la seguridad puede concebirse no solo como un valor jurídico, sino también como un valor social. La obligación del Estado de garantizar la libertad y la igualdad de los individuos, así como el pleno y libre desarrollo de su personalidad, convierte a la seguridad en uno de los pilares básicos de la convivencia.

Aun cuando el monopolio de la protección de la seguridad tenga carácter público, los particulares, en el marco de la normativa establecida por el Estado, también pueden adoptar medidas encaminadas, bien a disminuir los riesgos asociados al ejercicio de sus actividades industriales, bien simplemente a obtener una protección adicional a la que proporcionan las instituciones. A la consecución de estos fines, y también al relativo a la prevención de los riesgos y de posibles conductas delictivas, colabora la seguridad privada mediante la aplicación de mecanismos y medios de anticipación que permitan disminuir, en la medida de lo posible, el grado de inseguridad que siempre quedará a pesar de la actuación de los servicios públicos.

Dado que la colaboración prestada a las instituciones desde este ámbito privado podría afectar a la esfera jurídica y patrimonial de otras personas, es necesario que la seguridad privada, sus medios y fines sean regulados por una normativa estatal que permita su aplicación uniforme en cualquier parte del territorio nacional.

Medios de protección y armamento. SEAD0112

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