Читать книгу Chile: los dilemas de una crisis - Luis A. Riveros Cornejo - Страница 13

El país no cuenta con una estrategia formalmente definida para avanzar en la próxima década en los campos más relevantes del quehacer económico y social. Los lineamientos que el país propicia en torno al desarrollo son de tipo muy general y no establecen aquellas definiciones apropiadas que se necesitan frente a diversos posibles nuevos escenarios y la interacción entre distintos problemas. Hoy en día cualquier institución debe contar con una mirada a futuro que fundamente su acción estratégica y que, sobre escenarios posibles según las oportunidades existentes, consolide sus fortalezas y apunte a la eliminación de sus debilidades. Chile no posee esa mirada de futuro y de conjunto porque nuestra clase política no ha sido capaz de generar ese consenso. No se cuenta, por ejemplo, con una estrategia de diversificación productiva para enfrentar posibles escenarios adversos en materia de exportaciones. Tampoco hay un plan de acción sobre la necesaria incorporación de mayor valor agregado a la producción, lo cual necesita de una suficiente inversión en ciencia y tecnología no inferior a 1.2 puntos del PIB anual (muy por encima de los actuales 0.3 puntos) y sobre la base de instituciones universitarias y centros de investigación privados. No cuenta tampoco con una estrategia que aborde apropiadamente la realidad social y regional que el país debe modificar en la misma medida en que progresa en sus resultados económicos generales.

El plan de desarrollo nacional no debe ser de tipo indicativo ni uno impuesto desde el Estado hacia la sociedad. Lo que postulamos es la necesidad de establecer lineamientos para el desarrollo nacional que impliquen el logro de un consenso nacional y que partan de un diagnóstico acerca del medio mundial y regional en que Chile se mueve. El plan debe contener, asimismo, una estrategia para el desarrollo del recurso humano, una visión sobre el tipo de sociedad que se anhela construir y una definición respecto de la acción que debe llevar a cabo el Estado en materia social, económica, financiera y regional, especialmente en lo educacional.

Las discusiones puramente ideológicas son poco pertinentes en esta materia. Muchos pensarán que la idea de “plan” es la que existía a mediados del siglo pasado, cuando este se consideraba una herramienta “dirigista” de la economía y la sociedad. Ya hemos dicho que nuestro concepto de “plan” se refiere a la existencia de un consenso sobre el futuro que queremos construir para el país y que debe estar constituido por un gran acuerdo nacional. Plan que debe responder a orientaciones y políticas de Estado y no solamente de gobierno, permitiendo con ello que exista una continuidad en las políticas más allá de sucesivas administraciones, debiendo renovarse quinquenalmente en sus diagnósticos y lineamientos. La estrategia contenida en el plan debe consignar la realidad en que se mueve la economía chilena y que modela sus oportunidades, poniendo a prueba sus fortalezas y permitiendo superar sus debilidades. Además, dicho plan debe orientarse por la firme definición de que la nuestra es una economía mixta, donde la iniciativa privada es libre para desarrollar la empresa y los modelos de negocio que sean propicios, acotado ello al superior interés nacional en términos del impacto social de su hacer y en cuanto a la necesidad de que la política pública establezca las orientaciones necesarias para lograr un desarrollo acorde a los grandes objetivos nacionales. Muchas naciones experimentan hoy con modelos de índole pragmática en que el Estado tiene una labor de control y de orientación y la empresa privada es libre de jugar el rol que desee, sujeta a las restricciones que impone el bien común a través de las políticas del Estado.

La “ausencia” de Estado, hoy como antes, genera incertidumbre y desconfianza y provoca reclamos válidos e insistentes por parte de la ciudadanía. El desarrollo del Estado, por otra parte, y como lo prueba la experiencia de muchos países, nosotros incluidos durante la segunda mitad del siglo XX, no puede tampoco convertirse en un freno para la iniciativa privada que es capaz de generar actividad económica y poner los recursos de inversión necesarios para ello. La cuestión consiste en adecuar el funcionamiento de un Estado activo en materia de política pública transparente y efectiva, con el de una empresa privada que tenga la posibilidad de desarrollo con los incentivos adecuados pero sujetos a reglas basadas en la búsqueda del bien común. El plan que debe buscar Chile debe reflejar un consenso respecto de aquella compleja relación, cuyo fruto será el desarrollo equitativo y estable que la sociedad chilena anhela.