Читать книгу Chile: los dilemas de una crisis - Luis A. Riveros Cornejo - Страница 14

Es evidente que el término de la transición política chilena demanda un cambio en la institucionalidad vigente en al menos los cuatro aspectos siguientes: sistema electoral binominal, régimen presidencialista, rol del Estado en educación y en materia social en general, y estatuto de concesiones para la explotación de recursos naturales. El cambio en el sistema electoral debe orientarse a edificar un modo de tipo proporcional pero capaz de evitar una atomización de partidos. El régimen presidencialista debe ser revisado para balancearlo mejor con el poder del Parlamento, otorgando a este último iniciativa legal en aspectos definidos que no vulneren la necesaria disciplina fiscal. La educación y otras políticas sociales como salud primaria y seguridad social básica, el Estado debe asumirlas como responsabilidades preferentes dado su carácter de bien público y estratégico nacional, pero sin con ello eliminar la iniciativa privada sujeta a los objetivos nacionales prioritarios. Finalmente, el estatuto de concesiones debe ser modificado para que la contrapartida efectiva sean los recursos tributarios necesarios para consolidar el desarrollo futuro del país y donde el agua sea reconocida como recurso estratégico del Estado.

Los jóvenes reclaman por un nuevo marco institucional del país, ya que ellos no están dominados por los temores del pasado que naturalmente despierta el salirnos de la Constitución vigente. La revisión de la Carta Fundamental debe estar inspirada en la necesidad de diseñar una democracia directa en muchos aspectos decisivos para el país, permitiendo iniciativa legal a los propios ciudadanos y consultando un proceso de referéndum para algunas decisiones vitales de Estado. Esa “democracia 2.0” debe diseñarse cuidadosamente y las experiencias que han ocurrido a nivel de muchas comunas del país que han consultado a sus habitantes sobre los proyectos que anhelan, han arrojado una experiencia mayormente positiva. El país podría también impulsar consultas directas para abordar problemas de singular trascendencia, imponiendo la necesidad de una mayor educación de la ciudadanía, hoy acostumbrada a un ritmo de propaganda política medial y mayormente superficial con motivo de las elecciones de autoridades representativas.

Una asamblea constituyente elegida en forma directa debe establecer los criterios para este nuevo diseño constitucional, permitiendo la participación ciudadana en este decisivo debate. Esa asamblea será garante del cambio necesario, al ser las propuestas elevadas al propio Congreso Nacional para que tenga lugar su estudio y promulgación como nueva Constitución de la República de Chile. Pero la asamblea debe tener el mérito de ser un organismo representativo de la comunidad nacional, capaz de expresar la diversidad de visiones sobre el país que se anhela. Muchos la temen como si ella fuese a ser una entidad “peligrosa” o “inadecuada”, cuando en verdad se trata de una instancia representativa de la ciudadanía y sus anhelos. Indudablemente, no se trata de excluir al Congreso Nacional de su responsabilidad en cuanto a las modificaciones constitucionales, pero sí ha de tratarse de que se escuche a la ciudadanía y que sea el peso de su opinión el que efectivamente domine en las decisiones que el país urgentemente requiere en esta materia.