Читать книгу Temas de derecho minero-energético - Luis Bustos - Страница 11

Cuando nos enfrentamos al análisis y estudio de la minería en el país es relevante indicar que no haremos referencia a una actividad aislada del contexto global; de manera opuesta, este sector guarda fuertes enlaces con la realidad internacional, por lo que resulta atractivo iniciar con unas referencias cortas a lo acontecido en la región y en el mundo, evitando comprender al país como un actor aislado de las tendencias globales.

Un rasgo distintivo que se puede hallar dentro de las diferentes economías en desarrollo es la aparición de las denominadas bonanzas que están vinculadas con el aumento de las exportaciones de recursos naturales, esta realidad ha llevado a varios académicos a realizar estudios destinados a buscar comprender un poco más los riesgos presentes en las economías de países denominados productores y sus efectos sobre la conservación de un crecimiento y estabilidad en el largo plazo, varios de estos han concluido que el “[…] Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se redujo durante los periodos de auge […]”, en últimas este tipo de fenómenos hacen del manejo de la economía algo mucho más incierto⁴, por lo que se debe advertir del cuidado con el que se deben enfrentar estos superávits inesperados.

En los primeros años del siglo XXI, ante un crecimiento rápido de los precios de varias de las materias primas, también se incrementó el aprovechamiento de los recursos naturales con los que contaban los países de nuestra región⁵. Como consecuencia fue necesario para el Gobierno colombiano navegar bajo ciertas situaciones anormales que pusieron a prueba tanto a los agentes económicos como al Gobierno, al tener que darle un adecuado manejo a los nuevos recursos obtenidos y a todos los efectos que provenían con este auge.

Lo anterior se debe enlazar con una época en la que aumentó el descontento y la desconfianza de los ciudadanos con respecto a todo lo relacionado con las instituciones gubernamentales y en la que el mismo contrato social ha venido perdiendo su fuerza, lo cual desestimula los incentivos de los mismos ciudadanos para continuar cumpliendo con las obligaciones y compromisos enmarcados en este acuerdo, adicionalmente un contexto global dinámico unido a demandas de la clase media en expansión y la desconexión entre ciudadano e instituciones crean un conglomerado de elementos que dejan como secuela el acrecentamiento de la dificultad para gobernar y una incapacidad institucional para ofrecer respuestas rápidas y adecuadas a las necesidades demandadas⁶.

Lo descrito anteriormente no es un defecto del cual solo adolezcamos los países de nuestra región, las múltiples tensiones presentes entre: las personas que pertenecen al mercado laboral y los que viven en la periferia, los que vivimos en ciudades y quienes hacen parte de la ruralidad y las lógicas dispares entre los más acaudalados y el resto de la sociedad vienen aumentado. Asimismo, fisuras económicas en latitudes diversas como Asia Central y Europa han impactado “la sostenibilidad del contrato social”, ya que las instituciones que se percibían como creadoras de bienestar y equidad han tenido serias dificultades al proponer soluciones para los nuevos retos sociales. Lo anterior nos ha llevado a un notable cambio de tendencia política en la que los partidos que representan ideas de corte populista han ganado espacios con la fórmula de prometer repuestas radicales a todos los que se sienten agraviados por la institucionalidad⁷.

Se puede afirmar que las demandas de la ciudadanía son cada día más dinámicas y crean dificultades para los mismos Estados en su gobernanza, por tanto, se necesita pensar en modificaciones sobre las instituciones que tengan como objetivo el mejorar tanto la confianza ciudadana como las capacidades administrativas, y que aporten en la construcción de una nueva forma de relación con los ciudadanos⁸.

Para el caso colombiano, la percepción que tienen los ciudadanos sobre la confianza depositada en el Gobierno nacional ha disminuido desde el 2006, pasando del 48 % al 26 % y siguiendo esta misma línea tan solo el 25 % de los colombianos manifestaron su confianza en los diferentes tribunales con los que cuentan; asimismo, el 86 % expresó que “[…] la corrupción estaba extendida en el país […]”⁹, toda esta percepción negativa se ha presentado por más que el total de la inversión pública aumentara, es así como para el 2007, la inversión pública, observada como porcentaje del (PIB), se encontraba en el 4,87 % y pasó al 6,14 % para el 2013, más diciente aún es el identificar que no se produjo un aumento muy determinante en el gasto corriente o en el de defensa, sino, por el contrario, el gasto terminó llegando a los rubros de inversión social, transporte, salud y protección social¹⁰.

Ahora bien, enfocándonos en el rol de las industrias extractivas y su posible aporte a esta dinámica debemos indicar que desde el 2017 se auguraron mejores tiempos para los países que hacen parte de la región, donde aparentemente contaremos con precios de las materias primas más constantes, sin ignorar que aún poseemos economías que responden a la lógica de comercialización de bienes de carácter primario, debemos señalar que esta realidad puede ser canalizada a favor de la búsqueda de una economía más diversificada para el país, la cual promueva sectores, como el de los servicios, y que responda de mejor manera a la inclusión sin desconocer y olvidar la necesidad de un progreso económico. Para lo anterior, se debe apostar por el comercio y por una integración regional que no le dé la espalda a la desigualdad¹¹; en otras palabras, el uso adecuado de los ingresos que las industrias extractivas entregan pueden ser la cuota inicial de un mejor futuro para el país, no obstante, toda esta articulación gubernamental se debe dar en un periodo de difícil manejo y credibilidad para su gestión.

Como ya se ha esbozado, resulta importante destacar que la inversión dentro del presupuesto general de la nación ha venido en curva ascendente en los últimos años, en concreto pasamos de tener una inversión de 25,7 billones de pesos en el 2010 a una inversión proyectada de 40,8 billones de pesos para el 2016. Sumado a lo anterior, el país presentó un crecimiento económico positivo del 2,5 en términos del porcentaje del PIB durante el primer semestre del 2016, lo cual indica que se sitúa en un buen nivel de crecimiento a nivel mundial. Además, el país ocupa un honroso puesto 15 cuando se compara con el desempeño económico del resto de países; de manera equivalente, si se revisan las cifras de crecimiento colombianas con la región tan solo se encuentra detrás de Perú (4,4) y México (2,8), lo anterior se debe tener muy presente, puesto que, para los próximos años, Colombia necesitará de una importante inversión en la atención de todos los retos que significa la etapa del posconflicto¹².

Bajo el entendido que una mala percepción de la actividad minera es un factor que resulta relevante para las empresas dedicadas a esta labor, ya que esta puede llegar a afectar el buen desarrollo de sus operaciones, resulta pertinente el preguntarnos: ¿cuál es la percepción que tienen de manera global los denominados stakeholders¹³ en cuanto a este tipo de empresas e industria? A causa de esto fue desarrollado un estudio por el International Council on Mining and Metals (ICMM) en el 2018, en el que se identificaron algunos de los principales problemas que deberán ser afrontados por parte de industrias de este tipo dentro de los próximos cinco años, estableciéndose las siguientes como las seis principales dificultades:

• Preocupaciones ambientales (en general).

• Temas sociales, comunitarios e imagen pública (en general).

• Volatilidad de los precios/presiones en los costos.

• Gobernanza/regulaciones aplicables a las empresas y los conflictos e inquietudes.

• Falta de aceptación de la comunidad.

• El consumo de agua.

Del anterior listado llama la atención que dentro de veinte posibilidades para escoger se encuentra, en último lugar, el problema de la minería ilegal, el cambio climático se ubica tan solo hasta la posición nueve y la afectación a derechos humanos apenas alcanza el puesto once al igual que los problemas relacionados con los indígenas¹⁴.

De este mismo estudio, se desprende que el valor o el aporte percibido por parte de los stakeholders de la región latinoamericana sobre la industria minera y de metales para la sociedad es muy alto en un 47 %, alto en un 37 %, neutral en un 14 % y bajo en un 2 %, al igual que cuando se consultó por las áreas donde se percibía que la industria minera y de metales contribuía de mayor manera para el desarrollo y prosperidad en un entorno de economías sostenibles se eligió, en primer lugar, su contribución a la economía nacional; segundo, la obtención de minerales para la infraestructura y la creación de productos de uso diario, y, en tercer lugar, su apoyo en la creación de empleos. En sentido contrario, dentro de los últimos lugares, se situó el soporte que puede ofrecer este tipo de industria a la adecuada distribución de los beneficios de la minería en la sociedad¹⁵.

Descrito el entorno y algunos de los factores relevantes que, a nuestro juicio, deben tenerse en cuenta para la construcción del futuro del sector minero, pasaremos a abordar de manera más detallada el tema de la minería en Colombia, el acuerdo de paz y los retos que deberán ser afrontados por parte de esta industria en el país.