Читать книгу Temas de derecho minero-energético - Luis Bustos - Страница 20

Este asunto tiene incidencia en el comercio mundial de minerales y metales, en el que hay mecanismos comerciales certificadores como la C-TPAT (alianza aduanera y comercial contra el terrorismo), la certificación PIP (Asociación de Protección de Canadá) y la AEO (operador económico autorizado) de la Unión Europea⁴.

La C-TPAT es una asociación pública-privada que busca mejorar la cadena de abastecimiento con incentivos y beneficios para acelerar el flujo de mercadería, incorporando principios internacionales de cooperación y coordinación; además, brinda apoyo a otros programas de la Aduana de Estados Unidos⁵. Participar implica cumplir criterios mínimos de seguridad. La AEO une a comerciantes que trabajan en cooperación con autoridades aduaneras para lograr seguridad en la cadena de suministro, lo cual les da derecho a beneficios en la Unión Europea⁶. Es vital para los agentes económicos asegurar y garantizar que sus negocios tengan continuidad, determinando y controlando las vulnerabilidades que pueden interrumpir el flujo de abastecimientos, por ejemplo, usando la norma ISO 28000[⁷] de gestión de seguridad de la cadena de suministro, norma orientada a la identificación de los riesgos que amenazan ese flujo, adopta controles y procedimientos para gestionar la seguridad en la cadena de suministro, manejo transporte y producción de bienes.

Otro organismo es el Responsible Jewer Council (RJC), principal ente certificador de joyas y piedras preciosas, alineado con los requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el suministro responsable de minerales y el RJC “promueve prácticas sociales y ambientales responsables, éticas y de derechos humanos, en toda la cadena de suministro del oro y los diamantes empleados en la joyería, desde la extracción hasta su comercialización”⁸. El sector joyero impulsa “herramientas para iniciar el abastecimiento responsable”⁹. Todos muestran el reconocimiento de quienes son eslabones, pues desempeñan un significativo papel y desarrollan tareas y funciones que demandan de ellos responsabilidades emanadas de la forma en que cumplan sus objetivos económicos, si usan métodos, mecanismos, análisis y herramientas de desempeño para cuidar la cadena, registrándose en los instrumentos públicos que les den visibilidad ante ciudadanos y Estados. También que investigan y divulgan, comunicando cómo hacen uso de sus insumos y cómo se usa lo elaborado con esos componentes; saben que esa información debe estar registrada en las plataformas correspondientes, incluyendo en esa cadena a aquellos agentes que actúan como intermediarios o usuarios finales en la búsqueda de ofrecer a las partes interesadas, la información necesaria desde el comienzo del ciclo productivo hasta su conclusión, cuando se traspasa el bien producido al consumidor sin importar el tamaño de este último.

La industria, los países industrializados, los países productores de materias primas, la sociedad civil y los organismos, como la OCDE, buscan identificar los riesgos asociados a la cadena, las zonas donde es crónico o puede serlo, el uso de la fuerza para vulnerar los derechos humanos o la apropiación indebida de las materias primas necesarias; además, generan mapas de uso, como herramienta comunicacional, y discuten en redes con las partes interesadas¹⁰. Es un proceso de intercambio de información que facilita el proceso comunicativo. En la minería, su instrumento más importante es la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para las Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en áreas de Conflicto o de Alto Riesgo (en adelante “la Guía”).

Las directrices de la Guía son de carácter gubernamental y multilateral para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de las áreas de conflicto, se aplican al suministro de los minerales de estaño, tantalio, tungsteno, sus minerales y derivados al igual que el oro¹¹, proporcionan el marco internacional de ayuda a empresas para respetar los derechos humanos y evitar conflictos con la compra de minerales, y son, en el caso colombiano, el hilo conductor regulatorio en su comercio internacional minero.