Читать книгу Temas de derecho minero-energético - Luis Bustos - Страница 14

Necesariamente, en este contexto se deberá apoyar a los municipios en la estructuración de los diferentes proyectos de desarrollo ejecutados en sus territorios en una etapa de posconflicto, la intención es lograr que su falta de experiencia no sea una barrera para la buena implementación de estos, no obstante, en la actualidad, la ejecución de proyectos se constituye como uno de los déficits de gran parte de los municipios de nuestro país, sin importar su categoría.

En búsqueda de un paliativo a la situación descrita en el párrafo anterior, el DNP ha propuesto que por medio de una adecuada coordinación y participación entre tres niveles de organizaciones identificadas como: financieras de orden nacional¹⁰³, articuladores de esfuerzos con entidades territoriales¹⁰⁴ y organizaciones, tanto de capital público como privado, encargadas en sus zonas de influencia¹⁰⁵ , brindar un sustento y lograr constituir mejores resultados en la estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los municipios, en concreto, una adecuada coordinación de este grupo de entidades resultaría más que efectiva en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los territorios¹⁰⁶.

En nuestro concepto, resulta fundamental el papel que desempeña el capital privado en el esfuerzo por mejorar la calidad en la ejecución de proyectos por parte de los municipios, más aún, cuando gran parte de las empresas mineras y energéticas tienen importante presencia en los territorios. Ahora bien, este tipo de estrategias se puede ver como una ventana de oportunidad para aproximarse a las autoridades municipales y constituirse como gestores de cambio en la implementación de políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Las políticas de RSE bien pueden ser dirigidas por parte de las empresas a la construcción de capacidades en las autoridades municipales para el correcto planteamiento y presentación de proyectos de desarrollo y para alcanzar la consolidación de una buena ejecución de sus recursos, también se debe mencionar la importancia que poseen los programas de contenido local con destino a los habitantes de estas zonas del país.

La vocación de estas acciones de RSE nunca deberán tener por filosofía el reemplazo de la presencia del Estado en la ejecución de políticas públicas para el territorio, su enfoque debe consistir principalmente en la creación de capacidades por parte de los pobladores, los réditos de estas acciones se verán reflejadas en la construcción de confianza y creación de alianzas con los pobladores, quienes en últimas son determinantes en la obtención de la anhelada Licencia Social para Operar (LSO)¹⁰⁷.

Existe un plan muy ambicioso elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Colombia que plantea una serie de retos para enfrentar temas neurálgicos como el cambio climático, los desafíos del posconflicto, la desigualdad social y el desarrollo sostenible, el plan fue presentado en 2015 y tiene por pilares los siguientes aspectos: implementar sistemas de control para respaldar la transparencia en la inversión pública, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la estandarización para recaudar, procesar y verificar datos, y, por último, la búsqueda de coordinación en las políticas públicas nacionales con los compromisos internacionales¹⁰⁸.

Como resultado de lo mencionado, se aspira en el 2030 contar con un país ideal; sin embargo, cuando apreciamos en detalle las bases para la obtención de recursos para este tan esperanzador programa tropezamos con vacíos sobre la financiación de este¹⁰⁹. El DNP calcula que la iniciativa antes descrita tendrá un costo de 5,7 billones de pesos en los que 1,8 billones de pesos provendrían de la cooperación internacional y 3,9 billones deberán ser aportados por dineros públicos y aportes privados contribuidos bajo la figura de asociaciones público privadas e inversiones ciento por ciento privadas¹¹⁰.