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CONCLUSIONES

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La manera como se ha venido estructurando la realidad del sector minero colombiano ha generado ciertos efectos negativos, principalmente expresados en una notable disminución en la renta percibida por parte del Gobierno y en la intensificación de múltiples conflictos tanto sociales como ambientales expresados en los territorios, lo anteriormente mencionado ha venido acompañado por el final del ciclo económico denominado “boom de los commodities (2004-2013)”123. La combinación de estos factores ha consolidado una nueva realidad para la actividad que deberá ser afrontada y que, al mismo tiempo, se constituye como una oportunidad de corregir el curso y lograr afirmar al sector minero como motor de desarrollo y eje central de la economía del país.

En el estudio encontramos varios factores sobre los que se deberá prestar más atención en la búsqueda de la obtención de mejores resultados para los años venideros, se pueden mencionar, entre algunos de los componentes trabajados en el artículo: la búsqueda de una mayor coordinación institucional en la toma de decisiones, el mejoramiento del sistema de justicia y sus tiempos de respuesta, la búsqueda de una mayor coherencia del ordenamiento e institucionalidad ambiental, la solución a través de acciones constructivas de las movilizaciones sociales opuestas a la actividad minera, el mejoramiento de los sistemas de información que den respaldo a la creación de las políticas públicas para el sector, la efectiva formalización de la actividad y la lucha contra la minería ilegal.

Otro punto vinculante en la definición del futuro de la actividad minera en Colombia, que resulta más que relevante, es el de la participación y talante que tendrá la Rama Judicial del poder público frente al sector extractivo, en especial los efectos de la jurisprudencia de las altas cortes relacionadas con la minería han venido determinando la realidad de esta actividad económica en el país, por tanto, resulta muy importante el establecimiento de reglas de juego claras y estables que construyan una serie de decisiones, las cuales permitan mejorar la perspectiva que posee el país frente a la inversión minera en su territorio.

En el texto se destacó la oportunidad que tiene el país de utilizar la coyuntura del proceso de paz para alcanzar mejores resultados en términos de crecimiento económico en Colombia, lo anterior es una constante que se ha establecido en otras latitudes y que se respalda en factores como el aumento en la tasa de inversión, el crecimiento de la confianza inversionista, una mejoría del comercio en general, el aumento de las exportaciones, el incremento del consumo de los hogares, la mejora en la tasa de ahorro de la economía, un ascenso del ingreso disponible, la progresión de la demanda interna y en una mejoría general de la economía en países que abandonan el conflicto en sus territorios. Lo anterior no es para nada despreciable cuando la inversión social de los años venideros es determinante en el éxito del proceso encaminado a la obtención de la paz. Hasta el momento, la inversión estatal se proyecta fundamentar en tres pilares básicos consistentes en el éxito de los sectores extractivos, la aplicación de una reforma tributaria y una posible reducción del gasto militar.

Las situaciones positivas que se destacan en el presente escrito no se limitan únicamente a resultados macroeconómicos, por el contrario, existen algunos efectos tangibles que tendrán mayor representación en los territorios, dentro de los anteriores encontramos: la protección efectiva del ambiente, el apoyo y mejor ejecución de los planes de ordenamiento territorial, el fortalecimiento de herramientas como los catastros y mapas de inversiones y, por último, la obtención de nuevas oportunidades laborales para los actores y víctimas del conflicto.

El rol de capital privado en toda esta transformación resulta determinante, consideramos que la aplicación de políticas de RSE en las que se fortalezcan las capacidades de los habitantes de los territorios y se apliquen programas de contenido local crearán una ventana de oportunidad que aspiramos permita reconstruir las relaciones con las comunidades y la obtención de una legitimidad para el sector minero.

La coyuntura ofrecida por la aparición de un posible nuevo escenario de posconflicto y espacio para la paz puede llegar a ser aprovechada para la realización de un esfuerzo combinado entre lo público y lo privado, que permita consolidar a la minería como un sector determinante en la economía colombiana. Ahora bien, esta posibilidad requerirá de una estabilización económica que puede llegar a tardar algún tiempo, es importante advertir lo anterior con el objetivo de evitar falsas expectativas que, a la postre, generen frustraciones y aspiraciones de éxito prematuro en el país. Colombia debe asumir varios retos con respecto al sector minero con el cual cuenta; no obstante, venimos en un proceso de nueva construcción de institucionalidad que tiene por principal objetivo el mejor aprovechamiento de sus minerales, esperamos que estas acciones resulten exitosas y permitan obtener mayores réditos durante los ciclos de precios altos, que sean revertidos en el aumento de la calidad de vida de los habitantes del país.

Temas de derecho minero-energético

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