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Thomas Wynter, Pippa Norris, Sarah Cameron

Más de 350 millones de latinoamericanos acudieron a las urnas en 2018. Sin embargo, las malas prácticas electorales tienen la capacidad de socavar las elecciones en las Américas y en todo el mundo, un hecho que se observa con los casos manifiestos de intimidación de electores y protestas violentas y con las campañas más sutiles de desinformación y mala administración. En Venezuela, la coalición opositora Unidad Democrática ha demandado y solicitado una auditoría después de que casi queda fuera de las elecciones regionales en octubre de 2017. En noviembre de este mismo año, hubo numerosas denuncias de irregularidades en Honduras, lo que provocó violentas protestas que amenazaban la estabilidad del país. Asimismo, la confianza pública en las elecciones presidenciales de ese mismo mes en Estados Unidos fue minada por las denuncias de los republicanos que alegaron fraude electoral, hackeo de la inteligencia rusa y manipulación de la distritación electoral.

Muchos defectos pueden socavar la integridad de unas elecciones. Algunos de los mayores desafíos refieren a la necesidad de garantizar que el registro electoral cumpla con las normas internacionales de precisión, inclusión, seguridad, imparcialidad, verificabilidad y transparencia. Todos los ciudadanos legítimos y únicamente estos deben estar registrados. Las decisiones administrativas que rigen cómo son compiladas y auditadas las listas de electores deben ser relativamente sencillas, pero en la práctica pueden surgir numerosas deficiencias. La experiencia reciente de Chile en la transición del registro voluntario y voto obligatorio a la inscripción automática y voto voluntario demuestra la diversidad de diseños de sistemas en oferta, así como los retos asociados con reformas electorales ambiciosas.

¿Cómo se comparan los países en sus niveles de integridad electoral en general y en sus procesos de registro electoral en particular? ¿Cuáles son los principales problemas que surgen típicamente? ¿Existen casos en el continente americano que ejemplifiquen las mejores prácticas? Para abordar estas cuestiones, el capítulo se estructura en tres secciones. En la primera se describe la evidencia utilizada para evaluar las normas de integridad electoral y se elaboran comparaciones para América y el resto del mundo. La segunda sección aborda los problemas de registro electoral. Y en la tercera se comparan casos regionales seleccionados incluyendo Chile, Brasil, Honduras y Estados Unidos. Al final se presentan algunas conclusiones que resumen los principales hallazgos e implicaciones.