Читать книгу Integridad electoral - Pippa Norris - Страница 18

El registro electoral en Estados Unidos se encuentra altamente politizado. Las normas de elegibilidad de los electores y facilidad de acceso han tenido durante mucho tiempo importantes repercusiones electorales y por lo tanto han servido a propósitos dobles: asegurar que solo los electores elegibles puedan votar; y permitir los intentos para limitar la participación electoral de los partidarios del partido opositor (Tokaji, 2008, p. 453). Mientras que los debates más recientes en muchas democracias reflejan la tensión entre maximizar la inclusión y minimizar el fraude (Atkeson et al., 2010), se realizan fáciles analogías con los históricos impuestos para votar y los requisitos de pruebas de alfabetización (Keyssar, 2009). Tal despliegue cínico para inscribirse en el registro electoral con fines políticos fue prohibido con la aprobación de la Voting Rights Act of 1965, la cual establecía que: “No se debe imponer calificaciones o prerrequisitos para votar, ni imponerse o aplicarse norma, práctica o procedimiento por cualquier Estado o subdivisión política para negar o restringir el derecho de cualquier ciudadano de los Estados Unidos a votar por motivo de raza o color.” (Voting Rights Act of 1965, párr. 3.º).

Sin embargo, en tanto que las leyes de inscripción electoral garantizan que solo los votantes elegibles voten y que lo hagan solo una vez, muchos alegan que dichas leyes reducen desproporcionadamente la inscripción y participación electoral de los marginados socialmente (Bentele y O’Brien, 2013, p. 1106). Tener requisitos exigentes de identificación de votantes y su aplicación heterogénea afecta a los electores de las minorías (Atkeson et al., 2010). Pero los que lo proponen señalan que esto es necesario para garantizar la seguridad de las elecciones.

El espectro del fraude electoral se colocó en el centro de atención durante la campaña electoral de 2016 en virtud de las repetidas afirmaciones de Donald Trump sobre el registro y votación ilegal a gran escala. El presidente Trump sigue haciendo tales denuncias, afirmando que él ganó el voto popular “si usted deduce los millones de personas que votaron ilegalmente” (Shear y Huetteman, 2017). Para que esto fuera cierto se requeriría que al menos 2.8 millones de votos fraudulentos hubieran sido emitidos, lo que es inverosímil (Cottrell, Herron y Westwood, 2017, p. 1). Por otra parte, los demócratas alegan que la supresión de electores le costó a Hillary Clinton cientos de miles de votos cruciales (Priorities USA, 2017). Hay una lógica política clara en esto. Las leyes de registro electoral más estrictas marginan a grupos tradicionalmente alineados con los demócratas, lo que beneficia a los legisladores republicanos que controlan el Congreso, el cual se encarga de aprobar las leyes. Los tribunales han intervenido en esta compleja área y han desempeñado un papel crucial con decisiones críticas, incorporando la intervención de la Corte Suprema en asuntos complejos de manipulación de la distritación electoral con fines partidistas.

Ha habido intentos de superar el estancamiento partidista, como el informe sobre el Centro de Política Bipartidista (Bipartisan Policy Center) de la Comisión de Reforma Política. Si bien en dicho informe se reconoce que “los demócratas temen que muchas personas que son elegibles para votar queden fuera de las listas del registro electoral y los republicanos temen que las listas de electores del estado sean infladas con electores duplicados y difuntos lo que pueda conducir al fraude”, se sugieren también numerosas formas para atender ambas preocupaciones (Bipartisan Policy Center, 2014, p. 40). Se recomienda aprovechar nuevas soluciones tecnológicas, tales como las técnicas avanzadas de búsqueda y compatibilidad de datos y una mayor cooperación en todos los niveles de la burocracia del gobierno, o abandonar el registro electoral en papel, pues se argumenta que es muy vulnerable y afecta negativamente la seguridad y la inclusión (Bipartisan Policy Center, 2014, p. 42). De igual modo, el Centro Pew ha criticado la situación actual afirmando que “el registro electoral en Estados Unidos refleja en gran parte sus orígenes del siglo XIX y no ha cambiado con el avance de la tecnología y una sociedad móvil”. Además de la posibilidad de fraude y obstáculos para el registro de electores elegibles, se nota una generalizada incomprensión pública de la naturaleza del sistema, e informa que un cuarto de los electores entrevistados tenía la impresión de que los registros electorales se actualizaban automáticamente, por ejemplo, por las autoridades electorales o por el servicio postal, lo cual en la realidad sucede raramente (The Pew Center on the States, 2012, p. 7).

Algunas evaluaciones de la adopción de políticas restrictivas de acceso a votantes, diplomáticamente concluyeron que estas son “consistentes con un escenario en el que la desmovilización dirigida a los votantes de minorías y personas de raza negra es un motor central de los recientes desarrollos legislativos” (Bentele y O’Brien, 2013, p. 1088). Hicks, Mckee, Sellers y Smith (2015, p. 18) hallaron que los legisladores republicanos están asociados con la aprobación de leyes de identificación de votantes, pero lo más importante es que este efecto es significativamente más fuerte en estados electoralmente competitivos que en estados seguramente azules o rojos. Por lo tanto, mientras que tales leyes son generalmente redactadas en un lenguaje de prevención del fraude electoral y preservación de la integridad electoral (Bentele y O’Brien, 2013, p. 1091), los hallazgos de que las leyes de identificación de votantes benefician a la derecha política sugieren que estas afirmaciones no pueden acumularse hasta ser sujetas al escrutinio (Hajnal, Lajevardi y Nielson, 2017, p. 363).

¿Cuál es el reto más grande en materia de registro electoral según los expertos del PEI 5.5? ¿Qué es más importante en Estados Unidos: la inclusión o la seguridad? Como se observa en la gráfica 2.2, las calificaciones de los expertos apoyan la afirmación de que este país tiene dramáticos problemas de inclusión y relativamente pocos de seguridad, al tiempo que se desvía considerablemente del patrón internacional del desarrollo simultáneo de ambas dimensiones del registro electoral y se ubica en el primer tercio del índice del registro general de electores como resultado. En última instancia, el caso de Estados Unidos pone de relieve que asuntos importantes de integridad electoral pueden ocurrir incluso en las democracias establecidas cuando las políticas electorales se subordinan a la política. Mientras que Chile y Estados Unidos muestran algo de lo mucho que puede salir mal en el registro electoral, el siguiente caso de Brasil demuestra cómo importantes variaciones institucionales dan lugar a un sistema de registro electoral altamente eficaz frente a grandes obstáculos.