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Ferrán Martínez i Coma

Votar es un acto más complejo de lo que parece a primera vista. Votar conlleva desafíos logísticos y políticos. Entre los primeros está todo lo relacionado con la mera organización de la elección: desde la contratación de la empresa que imprimirá las boletas, hasta asegurar que el centro de votación se abre el día específico en el momento adecuado, o la coordinación de todas las fuerzas de seguridad relevantes. Los desafíos políticos no son menos importantes: garantizar que la votación sea un acto libre para controlar que las fronteras de las circunscripciones electorales no cambien de un día para otro (es decir, la gerrymandering); y monitorear que los medios públicos están balanceados en su cobertura para asegurar que ningún partido o candidato compita con recursos inapropiados y un largo etcétera.

Los desafíos logísticos son conceptualmente diferentes de los políticos, aunque la línea divisoria entre ellos puede no ser siempre clara. En las elecciones nacionales de Australia de 2016 hubo más de siete mil colegios electorales. Es posible que algunos de ellos no funcionaran con total normalidad. Estadísticamente hablando, si tan solo 0.01 de las casillas de votación no funcionaran adecuadamente, eso se traduciría en setenta lugares que sufrirían alguna alteración de los planes iniciales. En democracias establecidas, esto no suele ser un problema. Sin embargo, si de repente, en un país donde las mesas electorales de un distrito en particular no se abren en un área que tradicionalmente apoya a la oposición, es muy probable que nos enfrentemos a un problema que es más político que logístico.

Incluso las grandes disparidades en el número de colegios electorales pueden ser un asunto polémico. Así sucedió en las recientes elecciones en Kenia. La Comisión Electoral tuvo que explicar la fórmula utilizada para distribuir los colegios electorales. Algunas de sus decisiones despertaron sospechas. Por ejemplo, la circunscripción de Maara con 68 729 votantes asignó 182 centros de votación, mientras que la de Jomvu con 69 307 votantes dispuso de 109, una diferencia significativa.

Un ejemplo menos extremo que ilustra la línea fina que divide lo político y lo logístico: ¿qué hacer con las filas para ir a votar? Piense en las elecciones de 2015 en España: hubo 2365 mesas menos que en 2011. Sin embargo, el censo había aumentado en más de 341 000 votantes. La ley también es muy clara tanto con la apertura como con el horario de cierre de la cabina de votación. ¿Qué se debe hacer con las personas que llegan a las 19:58 a la escuela y se ponen en fila? ¿Pueden votar? Aunque hay leyes que consideran estos asuntos, en algunos países no está claro en absoluto. En Florida, durante las elecciones de 2012, el tiempo promedio de espera para votar fue de 45 minutos (en algunos casos, ¡más de tres horas!), lo que llevó al presidente Obama a crear una Comisión Presidencial.

Esto es importante porque votar está de moda. Se lleva. Es algo habitual. Se vota en democracias. Se vota en no democracias. Un vistazo al mundo nos indica que los países en los que no se vota son pocos y excepcionales, siendo China —aunque se celebran contiendas locales— y varios estados del golfo Pérsico (Arabia Saudí, Qatar, Emiratos…) las irregularidades más obvias.

De lo anterior se desprende que las elecciones no son una característica exclusiva de las democracias. Y aunque haya diferencias obvias entre democracias y dictaduras, el proceso electoral en ambos tipos de régimen se puede realizar de acuerdo con criterios internacionales establecidos. De esto también se desprende que estas dos formas de gobierno son distintas y diferenciables.

Cuando se vota hay muchos elementos que debemos considerar: desde el registro de los votantes y candidatos o partidos, y el sistema de conteo, hasta la regulación de los medios de comunicación o el asunto recién mencionado de las fronteras electorales. Si nos fijamos, y dado que hay muchos aspectos de la votación que están relacionados con las acciones humanas, es sorprendente que en general las elecciones vayan bien.

Hay dos tipos de razones ideales por las que las elecciones pueden no ir bien. La primera es burocrático-administrativa: el organismo encargado de organizar la contienda electoral carece de personal cualificado, de recursos materiales, tiempo, etc. para llevar a buen puerto su tarea. La segunda es que los actores implicados, normalmente el gobierno, manipule el marco legal, la decisión de voto y/o la administración electoral. Las dos razones pueden ir de la mano, y, en ocasiones observamos que, por ejemplo, la entidad encargada de administrar la elección no dispone de los recursos suficientes, porque el gobierno no se los concede; o el máximo representante de dicho organismo o tribunal es nombrado por (y depende del) gobierno.

En cualesquiera de los dos casos (o en su combinación), cuando las elecciones no van bien decimos que la integridad de la elección se ha visto comprometida. Aun a riesgo de parecer evidente, no está de más comentar, aunque sea brevemente, las razones por las que abordar este asunto es importante. En primer lugar, aunque las dictaduras también celebren elecciones, no hay democracia sin elecciones. Y aunque para muchos la democracia implica algunos otros aspectos que van más allá de las elecciones “libres y justas”, sin estas condiciones no hay sociedad que se pueda considerar democrática. En segundo, sin integridad electoral se merma la calidad objetiva de los representantes, puesto que los elegidos se inclinarán más a seguir sus propias agendas que los intereses de sus representados. En tercer lugar, se reduce la calidad de la democracia, puesto que a ojos de los representados se debilita la legitimidad del sistema y entonces participan menos (Birch, 2010). En cuarto, se es más proclive a caer en otras formas de corrupción. En breve: si el proceso electoral está viciado, es difícil pensar que otras facetas del Estado no lo están. Quinto, como bien se ha demostrado en estudios cuantitativos económicos y politológicos, las instituciones corruptas conducen a un peor desempeño económico y a una peor calidad de la democracia. En sexto lugar, y en relación con lo anterior, como bien explican Norris, Frank y Martinez i Coma (2015), cuando una elección tiene baja integridad es más probable que acabe desestabilizando al Estado y en acciones violentas.

Como se ve, la integridad electoral es un fenómeno complejo. Esta parte del capítulo, por tanto, tiene por objeto dar una visión general del concepto de integridad electoral, definiéndolo e introduciendo el ciclo electoral que nos servirá para presentar sus componentes y las implicaciones de la definición mencionada. En la parte que sigue se abordan las posibles mediciones, además de explicar la propuesta del Electoral Integrity Project (EIP). Posteriormente se exponen brevemente los factores que llevan a que una elección pueda considerarse como íntegra. Por último, se ofrecen algunas conclusiones.