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Integridad electoral y confianza en las Américas

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Conseguir que las elecciones vayan bien tiene consecuencias para la calidad de la democracia, la estabilidad del proceso político y la confianza pública en los procesos electorales. Esto último puede ilustrarse con la ronda 2016-2017 del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt (LAPOP, por su sigla en inglés), en la que se preguntó a los encuestados “¿Hasta qué punto confía usted en las elecciones en este país?” (Seligson y Pérez, 2017). La gráfica 2.3 muestra el porcentaje de los que reportaron confianza en las elecciones de su país y el puntaje del índice PEI. La relación positiva entre ambos indica que las mediciones de integridad electoral se vinculan a la confianza en los procesos electorales (r = 0.47, p < 0.05).

Brasil es una excepción notable pues presenta buen desempeño en los peritajes de integridad electoral, pero bajos niveles de confianza pública en las elecciones. En este caso, la confianza en los procesos democráticos ha sido socavada por la corrupción endémica (Weitz-Shapiro y Winters, 2017, p. 60). Es claro que la integridad de los procesos electorales debe separarse de lo que las élites hacen una vez que obtienen el poder. La corrupción degrada la legitimidad de un régimen (Seligson, 2002) y los analistas han advertido de la gravedad de la amenaza que representa la disminución de la confianza pública en las instituciones democráticas de Brasil (Patricio y Cleuren, 2009, p. 116). Incluso en contiendas electorales de alta calidad pueden competir candidatos motivados por la búsqueda de riqueza personal, lo que se resume en el popular refrán portugués Rouba, mas faz (“Roba, pero hace las cosas”) (Winters y Weitz-Shapiro, 2013).


La integridad electoral no es una condición suficiente para el funcionamiento de una democracia, pero es necesaria. Las malas prácticas electorales socavan la capacidad de las contiendas electorales de conferir legitimidad a los representantes del gobierno que sirven en nombre de la gente. Las normas democráticas y la confianza pública en los procesos electorales son difíciles de ganar y una vez que se obtienen resultan muy frágiles. Lo que puede tomarse décadas para ser construido rápidamente puede degradadarse por mala conducta electoral. Las decisiones preelectorales que determinan quien puede o no votar, la forma en que el registro electoral se construye y mantiene, y la discriminación de votantes potenciales tiene importantes efectos en las etapas posteriores del ciclo electoral y en la calidad y viabilidad de la democracia.

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