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Después de definir y reflexionar acerca del concepto de integridad electoral, en esta sección se aborda el tipo de datos que se necesita para analizar dicho fenómeno. Se desglosan varios métodos, sus ventajas e inconvenientes para introducir la encuesta a expertos. Asimismo, se dan razones que justifican su uso, aunque podemos adelantar que ningún método por sí mismo es suficiente y que idealmente debemos intentar trabajar con fuentes complementarias para conseguir una mejor impresión de la realidad.

Una primera posibilidad es utilizar los reportes de los observadores electorales de distintas organizaciones internacionales, regionales o domésticas. Por ejemplo, desde 1966 la OEA ha cubierto con sus misiones de observación electoral diferentes elecciones nacionales por casi todo el continente americano. Del mismo modo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) despliega misiones en varios países cada año. Normalmente se estructuran con un pequeño grupo operativo —los observadores de largo plazo (LTO, por su sigla en inglés) que permanecen en el país por varios meses— y crecen de forma considerable en los días previos a la elección con la incorporación de los observadores de corto plazo (STO, por su sigla en inglés). Los observadores de la OSCE, por dar un caso, completan varios formularios a medida que llegan a los colegios electorales.

Como se deduce, la información acumulada para una elección concreta es de indudable valor. Aun así, las limitaciones de este enfoque son varias. Destacan especialmente dos: la cobertura —ninguna organización observa todas las elecciones— y los distintos criterios empleados por cada organización. En este sentido, como muestran Daxecker y Schneider (2014), el valor de los reportes puede ser discutible o contraproducente cuando distintas organizaciones alcanzan conclusiones opuestas. Por ejemplo, en la misión electoral de las elecciones presidenciales de Azerbaiyán del 9 de octubre de 2013, la OSCE muestra que la elección tuvo muchos problemas, incluyendo la intimidación de los votantes. Sin embargo, la PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) concluyó que el proceso fue “libre, justo y transparente”. De hecho, una de las conclusiones de Daxecker y Schneider (2014) es que invitar a varias organizaciones garantiza la disparidad de veredictos, lo que beneficia a los autócratas. Dejando de lado la politización de algunos de estos organismos, también hay una limitación con la estandarización del proceso de observación. Si bien es cierto que paulatinamente las misiones cada vez más siguen un mismo protocolo, aún queda mucho por recorrer para poder utilizar de la misma forma la información que recogen distintas organizaciones en distintos países.

Una segunda posibilidad son las “autopsias forenses” que diseccionan los resultados en los distritos electorales en busca de anomalías en los resultados. Los trabajos y avances en los últimos tiempos sobre este subcampo han sido muy importantes. Se han realizado análisis para elecciones de Irán (Mebane, 2010), Afganistán (Weidmann y Caller, 2013), Kenia (Kanyinga, Long y Ndii, 2010), Venezuela (Jiménez e Hidalgo, 2014) y Alemania (Breunig y Goerres, 2011), entre otros. Pero todavía no hay un consenso definitivo sobre cuál es el método más apropiado (Mebane, 2012). En cualquier caso, cabe esperar que con los avances computacionales de los últimos años estemos cada vez más cerca de fijar un procedimiento estandarizado.

Una tercera fuente de información para medir el grado de integridad electoral es la realización de experimentos de campo que permiten examinar los efectos específicos de intervenciones concretas. Tales experimentos se realizan en escenarios con dos grupos, uno de tratamiento y otro de control. Al primero se le aplica el estímulo y se compara el resultado con el de control. La gran ventaja de este método es que permite cuantificar de forma muy precisa el impacto de una intervención (Hyde, 2007). Pero hay varias limitaciones. En primer lugar, no se pueden aplicar “tratamientos” a todas las situaciones (verbigracia, las de violencia) sin vulnerar códigos éticos. En segundo, porque aunque la validez interna del trabajo sea indiscutible son más dudosas las posibilidades de generalizar dicho resultado. Por último, se suele ignorar los costes materiales y temporales por la realización de este tipo de trabajos.

La información sobre la integridad electoral de una elección puede provenir, en cuarto lugar, de encuestas a ciudadanos. Si las preguntas son iguales en los distintos países, es posible comparar respuestas. No obstante, hay que ser cauto en varios aspectos. Primero debemos ser conscientes sobre la profundidad de nuestras preguntas. Efectivamente, no podemos utilizar cuestiones demasiado técnicas o específicas, como el redistriteo o la financiación de las campañas, porque son asuntos difíciles de traducir en preguntas y se corre el riesgo de obtener altas tasas de no respuesta. Ejercicios globales como la encuesta mundial de valores incluyen reactivos directos y fáciles de contestar (se cuestiona el grado de acuerdo con frases como “los ricos compran las elecciones”), pero que apenas permiten tratar el detalle (siguiendo con el anterior ejemplo: ¿quiénes son los ricos?, ¿qué quiere decir que compran las elecciones?, ¿cómo lo hacen?). Además, y este es un problema que se ignora en mucha de la investigación comparada hecha con encuestas, está el asunto de la intercomparabilidad de las respuestas, como bien muestran King, Salomon y Tandon (2004) que se podría enfrentar mediante el empleo de “viñetas”.

Disponemos de dos fuentes de datos alternativas más. La quinta sería el análisis de casos legales que habitualmente comportan muy buena información. Tienen, a pesar de esto, dos limitaciones. La primera es que, como se comentaba arriba, la misma práctica puede ser legal en unos países e ilegal en otros. ¿Quebrantan entonces la integridad electoral? Cómo se articula esta tensión no queda claro. El segundo problema que se suele ignorar es una consecuencia del primero. Y es que, para que haya un caso legal, antes debe haber un caso. Y si nos encontramos en contextos en los que la misma situación puede ser proclive a convertirse en un caso legal (o no), estamos ante un sesgo de selección de origen.

El sexto y último enfoque se refiere al uso de los reportes e historias de los medios de comunicación acerca del fraude electoral o la violencia. Las ventajas de esto son que se pueden captar muchos de los problemas presentes en las elecciones de diferentes países. De igual modo, con los portales y buscadores de noticias es factible estandarizar dicho trabajo para conseguir un enfoque consistente. Pero hay que ser conscientes de que por distintos motivos tampoco es el medio ideal. Los medios no están exentos de sesgos ni de intereses particulares, a veces partidistas. En este sentido, pueden optar por cubrir unas historias con más interés que otras o no mostrar una parte de la realidad, presentándola de forma sesgada. De igual manera, no siempre queda claro qué y por qué un hecho deviene noticia. Por último, no todos los asuntos concitan la misma atención. De nuevo, y siguiendo con los ejemplos anteriores, discusiones técnicas (pero altamente relevantes para la integridad de la elección) difícilmente coparán las portadas de los principales medios en comparación con asuntos más espectaculares.

En definitiva, todas las aproximaciones comentadas tienen ventajas e inconvenientes pudiendo dificultar el establecimiento de evidencia confiable que sirva para distintos contextos, regímenes y culturas. Obviamente, lo ideal es optar por una combinación de métodos.

Desde el EIP se propone trabajar a partir de una encuesta a expertos para así crear el Índice PEI. La encuesta compara la calidad de las elecciones en todo el mundo ofreciendo así una información exhaustiva, sistemática y consistente. Metodológicamente, la encuesta se inspira en proyectos similares como la Chapel Hill Expert Survey (Hooghe et al., 2010) —que trata de ideologías de partidos y posiciones políticas— o el Varieties of Democracy (Coppedge et al., 2012) que aborda el grado de acuerdo con distintos criterios de democracia. En definitiva, esta parte del trabajo del EIP se encuadra en esta técnica cada vez más frecuente para evaluar diversas dimensiones de la gobernanza democrática que no pueden ser observadas de otra forma.

Elklit y Reynolds (2005) ofrecen dos razones por las que una encuesta a expertos es preferible (si bien complementaria) a otras técnicas como los reportes de los observadores electorales. La primera es que los observadores electorales juzgan la calidad de una elección “con base en una evidencia impresionista e incompleta muy centrada en la conducta electoral durante el día de la elección” (Elklit y Reynolds, 2005, p. 149), aunque muchas misiones de observación electoral ya despliegan observadores de corto y largo plazos. La segunda es porque, en palabras de dichos autores, las misiones de observación electoral “deciden el resultado de la elección de forma politizada, dividiendo la realidad del propio proceso” (Elklit y Reynolds, 2005, p. 149). Por lo tanto, las evaluaciones de los observadores consideran la calidad de una elección generalmente en términos dicotómicos, en los que la contienda ha sido buena o mala. Creemos que nuestra perspectiva es más comprehensiva y consideramos que la calidad de la elección es multidimensional y que con la dicotomía (buena o mala) se pierde una parte sustantiva de la varianza entre los casos. Es decir, al optar entre el blanco y el negro se pierden los distintos matices del gris.

Los argumentos adicionales de Martinez i Coma y Van Ham (2015) son relevantes para justificar el uso de encuestas de expertos. Primero porque el grueso de los observadores internacionales llega unos diez días antes de la fecha de la elección. Por cuestiones logísticas, los LTO suelen ser equipos reducidos. Por ello es muy alta la probabilidad de que se les escapen asuntos relevantes. Así, les es muy complejo entender las sutilezas de las leyes electorales, el acceso a los medios de comunicación o la regulación de la financiación, que se dirimen mucho antes de la semana de la elección, y esto puede afectar la calidad de la elección. En segundo lugar, para muchos asuntos de integridad electoral hay pocas alternativas metodológicas a la medición de las percepciones (como la presencia de corrupción u otras actividades ilegales). En tercero, como son los gobiernos los que cursan las invitaciones a los observadores, los países que deciden no pedir la llegada de observadores quedarían excluidos de los análisis que se fundamentan en reportes de observadores, lo que sesga la muestra global con implicaciones académicas y políticas. Respecto a las primeras, por ejemplo, los trabajos de Birch (2011) —que incluyen 161 elecciones en 61 países del periodo 1995-2007— y Kelley (2012) —1324 elecciones, de las que 442 tuvieron observadores, en 182 países del periodo 1975-2004— dependen de las invitaciones de las organizaciones para la observación. Así, la calidad de las elecciones sin observadores es incierta —y precisamente esas contiendas son más proclives a ser manipuladas—. Políticamente, basarse en reportes de observadores puede llevar a conclusiones sesgadas —cuando no equivocadas— debido a la ausencia de información al no poder comparar las elecciones de aquellos países que no han solicitado observadores. Por último, un factor que no se ha incluido anteriormente respecto a las misiones de observación electoral. Y es que, por obvio que parezca, los observadores si no hablan el idioma local, se pueden perder en medio de las complejidades de la elección.

El paso que sigue es definir quién es experto. Según Steenbergen y Marks (2007), hay muchas definiciones en relación con quién se puede calificar como experto. Por tanto, hay que ser precisos. Para el EIP, un “experto” es un politólogo (o científico social en una disciplina relacionada) que ha publicado o ha demostrado conocimiento en el proceso electoral en un país en específico. Concretamente, por “conocimiento demostrado” se entiende que se cumple uno de los siguientes criterios: 1) membresía de un grupo relevante de investigación, red profesional o sección organizada de dicho grupo; 2) publicaciones —libros, artículos en revistas científicas o ponencias en conferencias— en el campo electoral o relacionada con dicho país; 3) empleo en una universidad como investigador o profesor. Para cada elección se identifican alrededor de cuarenta expertos, buscando un equilibrio entre expertos domésticos e internacionales (Martínez i Coma y Frank, 2014). Como se explica en el capítulo de México, las definiciones para los trabajos subnacionales han seguido definiciones muy similares.

Los expertos evalúan 49 indicadores específicos de integridad electoral que miden las once dimensiones del ciclo electoral presentadas en la gráfica 1.1, cubriendo todo el ciclo electoral tal y como refieren Naciones Unidas, Elklit y Reynolds (2005) y Norris (2014). Las tres primeras partes se concentran en las percepciones sobre las leyes y los procedimientos electorales y los límites de los distritos. Las dos siguientes cubren el registro de los votantes y el de los candidatos y partidos. Las partes seis y siete se fijan en la campaña electoral —en concreto en la cobertura mediática y la financiación—. En la octava y la novena se pregunta sobre el proceso de votación y lo sucedido después del cierre de la votación. Las dos últimas indagan en la adjudicación de los resultados oficiales y el desempeño de las autoridades electorales. Por último, se hacen varias preguntas sobre la situación general de la elección, sobre la familiaridad de los expertos con la elección y algunos detalles demográficos acerca de los expertos. En tanto que el cuestionario es tan detallado y cubre todas las fases de la elección, la Encuesta a Expertos de Percepciones de Integridad Electoral (PEI, por su sigla en inglés) utiliza la idea del “menú de manipulación” de Schedler (2002).

La encuesta PEI que se analiza en este libro incluye casi todas las elecciones nacionales celebradas en el mundo entre julio de 2012 hasta finales de junio de 2017, cubriendo casi cinco años de elecciones. La elección será nacional cuando se eligen el ejecutivo o el legislativo, en la que los ciudadanos pueden votar por un candidato (o partido) y donde hay voto directo (lo que excluye las elecciones indirectas o las que eligen a un comité). En total para estos cinco años el EIP dispone de 260 elecciones (101 presidenciales) en 161 países, 29 en América cubriendo cuarenta elecciones (22 presidenciales). Cuando unas elecciones presidenciales coinciden con unas legislativas, los expertos respondían las preguntas teniendo en cuenta las primeras. De la misma forma, cuando las elecciones se celebran a dos vueltas solo se pregunta por la segunda. Aproximadamente un mes después de la elección, el EIP envía una invitación electrónica a los expertos para que tomen una encuesta electrónica. Si no se ha obtenido respuesta, y con plazos de una semana después de la invitación, el EIP envía hasta dos recordatorios. En los casos en los que la tasa de respuesta es muy baja, se envía un correo adicional. La tasa de respuesta —definida como el número de encuestas completadas dividido por el número de invitaciones enviadas exitosas— es de 28%. Para América es de 27%. El estudio se ha desarrollado en dos fases. La primera, la fase piloto, se realizó entre abril y mayo de 2013 y recogió los datos de las elecciones parlamentarias o presidenciales en veinte países. Después de los ajustes al cuestionario, la encuesta PEI se desarrolla en las condiciones apuntadas arriba. El capítulo desarrolla con mayor detalle los principales resultados del levantamiento de estos años.