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Honduras

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Como muchos países del cuadrante inseguro-excluyente de la gráfica 2.2, los problemas del registro electoral de Honduras son un componente más de una amplia gama de amenazas a la integridad electoral. La política hondureña ha sido profundamente inestable en la década que siguió a la crisis constitucional de 2009 y posterior golpe de Estado que removió de su cargo al entonces presidente Zelaya tras su intento de eliminar límites al mandato presidencial (Powell, 2012, p. 1018). La elección de 2013 estuvo marcada por distintas y graves malas prácticas electorales que la EOM de la Unión Europea (UE) informó como “casos de violencia e intimidación” y “flagrantes violaciones de las regulaciones de la campaña sobre financiamiento y propaganda” (EU EOM, 2013, p. 4). La valoración del registro electoral en Honduras fue particularmente mala y por lo tanto la EOM de la UE recomendó modernizar el registro electoral, incluyendo la despolitización de la distribución de tarjetas de identidad (EU EOM, 2013, pp. 3-4). La descripción del registro electoral afirmaba que no era “preciso ni confiable”, pues incluía casi un tercio de registros de personas fallecidas o de ciudadanos que habían emigrado (EU EOM, 2013, pp. 3-4). En otros casos, los ciudadanos vivos encontraron que habían sido eliminados del registro electoral, los habían registrado como fallecidos o cambiado su residencia sin su conocimiento (EU EOM, 2013, p. 15). Una combinación de errores administrativos y fraude absoluto socavó gravemente la credibilidad del registro electoral y la confianza pública en la celebración de elecciones en Honduras.

Las elecciones de 2017 en Honduras han sido todavía más cuestionadas, y han estado marcadas por el fraude, la intimidación y la violencia, dejando a más de treinta personas muertas (Kinosian, 2018). La EOM de la OEA denunció dichas elecciones por su “falta de integridad” y no respaldó el resultado, afirmando que “la única forma posible para establecer un vencedor es que el pueblo de Honduras sea convocado nuevamente a elecciones generales” (OAS EOM, 2017b). Otra vez se facilitó el fraude por numerosos errores en el padrón electoral que contó con gran cantidad de personas fallecidas y de emigrados (OAS EOM, 2017c, p. 8). Si la convocatoria a una “auditoría integral del registro electoral” de la EOM de la OEA (2017c, p. 9) no se atiende, no puede garantizarse que los problemas del registro electoral, endémicos de las elecciones en Honduras, no continuarán. Si bien esto puede parecer poco probable a la luz de muchos otros problemas de integridad electoral que enfrenta este país, hay motivos para el optimismo. El análisis de la EIP de más de mil recomendaciones de la EOM de la OEA en 71 elecciones nacionales en América encontró que alrededor de la mitad de sus recomendaciones habían sido puestas en práctica, parcial o totalmente (Martinez i Coma, Nai y Norris, 2016, p. 8). La implementación de medidas para resolver los problemas que señaló la EOM de la OEA y las deficiencias en el registro electoral es parte integral de la prevención de complicaciones durante la elección que socava las normas centrales de la democracia (Norris, Frank y Martinez i Coma, 2015).

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