Читать книгу ¿La imagen educa? - Sarah Corona Berkin - Страница 13

Para hablar de la imagen de los docentes en los tiempos actuales, cuando ha sido promulgada la llamada reforma educativa del periodo presidencial del licenciado Enrique Peña Nieto, necesitamos exponer algunas consideraciones preliminares, por ejemplo cómo entender la profesión docente y cómo contextualizar la mencionada reforma en el marco de una serie de políticas externas a México que la han impactado. Esta, como otras reformas, ha generado reacciones y movimientos magisteriales de resistencia que indudablemente han tenido la atención de la prensa y que nos proponemos analizar, ya que las notas periodísticas se acompañan de fotografías que han generado una imagen colectiva del docente que salió de las aulas para apoderarse de las calles y plazas con la finalidad de expresar su inconformidad ante las nuevas reglas laborales, alterando así la armonía que idealmente privaba en las aulas.

Empecemos por aclarar que entendemos la docencia, al menos en la educación básica, como una profesión de Estado, pues históricamente este ha ordenado el proceso de formación a través de la regulación de las escuelas normales como instituciones formadoras de los docentes. Además, los profesores son trabajadores, en su mayoría, al servicio del Estado, que es el principal empleador; regula salarios y mecanismos para la obtención de una plaza que tradicionalmente era inamovible y en algunas entidades federativas hasta heredable. Por lo tanto, son empleados sujetos a la política educativa que no está exenta de la negociación gremial; en este caso, el poder del sindicato de profesores cobró una fuerza importante, con lo cual disminuyó paulatinamente el control del Estado sobre la educación en su conjunto.

Históricamente se ha tenido una imagen idealizada del profesor, sobre todo a partir de la educación rural, que le otorgó cualidades no sólo de apostolado sino también de agente de cambio social. Para Olac Fuentes, actualmente la imagen de los profesores se sitúa entre dos extremos: un apostolado uniforme y menesteroso y un ejército de simuladores y holgazanes (Fuentes, 2013). Lo que sin duda es cierto es que los profesores han sido responsables, ante la opinión pública, de la baja calidad y del escaso logro educativo de los estudiantes, medido en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Esto ha creado una imagen deteriorada de la calidad de los docentes y la enmarca en una serie de tensiones que Catalina Inclán resume en tres:

 De la idealización docente a la docencia como actividad conflictiva.

 Del oficio a la profesión.

 De la responsabilidad de sus acciones a la rendición de cuentas (Inclán, 2013).

En este sentido, es importante destacar que cuando hablamos de los docentes es necesario considerar la enorme diversidad de contextos y situaciones sociales, culturales y económicas donde se ejerce la docencia. No es lo mismo el profesor de la zona urbana que el que se ubica en una escuela multigrado, marginada, o en una ranchería en donde los alumnos son niños desnutridos y las clases se imparten bajo un techo sin bancas ni pizarrón.

México, al igual que otros países de Latinoamérica, fue impulsado por organismos internacionales —la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y la Unesco— para echar a andar una serie de reformas tendientes a la evaluación del profesor. La OCDE, por ejemplo, recomendó definir claramente estándares del desempeño docente, aplicar exámenes de ingreso, crear periodos de inducción y prueba, evaluación de los profesores en servicio y rendición de cuentas, además de estímulos de acuerdo a la calidad de la enseñanza. Todos estos elementos se encuentran presentes tanto en la reforma educativa actual como en el Plan Sectorial de Educación 2013-2017. En 2012, la Organización Regional de Educación para América Latina y el Caribe (orealc) y la Unesco publicaron un diagnóstico acerca de las políticas docentes en ocho países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Trinidad y Tobago. En él se enfatiza que deben ingresar los mejores candidatos, evaluar los conocimientos disciplinarios y estimular la acreditación comparada; insiste en la baja calidad de competencias básicas de los alumnos que ingresan a las normales y establece la inminente necesidad de evaluar el desempeño y el retiro definitivo de los profesores mal evaluados en dos años consecutivos (Peredo, 2015).

Podemos afirmar que la evaluación, eje central de la reforma educativa del 2013, no es un tema sexenal ni sólo nacional; es transexenal y supranacional. No sólo tiene un impacto laboral sino que ha originado una nueva retórica de la que no está exenta la imagen de los profesores.

En este contexto hay distintas variables intervinientes en la imagen del profesor: la política educativa regida por organismos internacionales, los que le han condicionado apoyos económicos y han impulsado acciones para la transformación del ingreso y permanencia de los docentes en el servicio público; el sindicato, que fue ampliando su margen de acción en la toma de decisiones y que ahora debería ser constreñido si se buscaba la pretendida reforma, pero además estaba la disidencia (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cnte), que desde 1979 fue ampliando su presencia en diversos estados, haciendo movilizaciones en Chiapas, Tabasco, Guerrero y La Laguna.

Hernández Navarro afirma que la imagen de los docentes había sido fuertemente erosionada por una campaña emprendida por la derecha y el empresariado. El profesor, aseguraban, es flojo, conflictivo y pendenciero, corrupto e incluso violador de niños. La crisis cualitativa de la educación pública fue aprovechada por el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que se encargaría de promover esta imagen de los disidentes (Hernández Navarro, 2011). Y aventurando una hipótesis es posible pensar que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han hecho gran cosa por dignificar la imagen de los docentes porque les conviene que la sociedad los culpabilice de la mala calidad educativa, así se mitiga la responsabilidad del Estado, entre otras cosas, de dignificar la labor del profesor, mantener escuelas en buenas condiciones, capacitar a los docentes e incentivar los salarios para evitar el dobleteo de jornadas. Lo que está en juego es la relación laboral y su implicación en la calidad educativa.

Hagamos una breve cronología para cerrar el contexto en el que se ubica la actual resistencia de los docentes ante la nueva Ley del Servicio Profesional Docente. Predominan dos grandes imaginarios colectivos difundidos principalmente por los medios informativos: los profesores son los causantes de la mala calidad de la educación pública y son perturbadores del orden público porque los mítines y movilizaciones se deben a que ellos no quieren ser evaluados y luchan por conservar sus privilegios gremiales.

En este contexto, la reforma ha mantenido su presencia en los medios: primero, vinculada al movimiento magisterial de protesta; segundo, por el seguimiento a la aplicación de la nueva normatividad y la construcción de opinión; y tercero, por un abanico de aspectos que dan cuenta de la complejidad que implica la aplicación de esta reforma (Inclán, 2013).

Las notas periodísticas —con sus respectivas fotografías— que conforman el corpus de esta investigación se clasificaron en tres apartados: 1. las relacionadas con la reforma educativa en su conjunto, que involucra a los sindicatos; 2. las relacionadas con la autoridad de la SEP, y 3. las relacionadas con los normalistas que buscan una plaza docente.