Читать книгу Historia de la educación en la Argentina IX - Adriana Puiggrós - Страница 11

Los dictámenes de consenso unánime, los dictámenes de mayoría y las disidencias del informe final de la Asamblea reflejan un alto nivel de acuerdo del conjunto de los actores, lo cual permite dudar de que la Iglesia se haya impuesto completamente sobre los demás. Su voz disidente se inscribe en casi todos los dictámenes de las comisiones, pero a la vez participa de las votaciones por unanimidad. También se encuentran disidencias de los sectores progresistas laicos (Ejemplo: Comisión Honoraria de Asesoramiento, 1988, Punto 6, Comisión 1: 94). Lo que resulta importante es que el Congreso produjo acuerdos en los que se articulan las posturas básicas de todos los sectores, lo cual habla de una voluntad colectiva, en la cual hay que anotar una (y no menor) ausencia: los docentes estatales.

Además de las coincidencias entre el PJ y la UCR señaladas más arriba, las comisiones acordaron en la afirmación de la “democracia”, “la independencia nacional, la soberanía política y la justicia social” (Comisión 1, ibídem: 68). La reivindicación de la identidad nacional contra el neocolonialismo fue vinculada con la soberanía en las islas Malvinas con el dramatismo persistente desde la reciente guerra, así como con la exaltación del ser nacional y las culturas aborígenes.

Quienes participaron de las distintas actividades del Congreso Pedagógico tienen opiniones y recuerdos muchas veces disidentes sobre el tipo de hegemonía que se gestó y el poder de uno u otro de los actores. Desde los sectores progresistas del peronismo y la izquierda es frecuente el testimonio de una presencia avasallante del sector eclesiástico en las asambleas de base; desde este último llega una resignada satisfacción por lo logrado. El radicalismo considera el Congreso entre los más importantes logros del gobierno de Alfonsín.

A cuarenta años de aquel evento resulta notable, además de las señaladas coincidencias y diferencias, la construcción discursiva de las conclusiones, en especial la aceptación de algunos términos, ya fuera ocultando o confesando la verdadera postura en los dictámenes en disidencia. Tres conceptos clave para explicar esas operaciones fueron trascendencia, federalismo y educación pública.

El término trascendencia forma parte de casi todos los informes unánimes de las comisiones. Irrenunciable para la Iglesia, fue aceptado al menos por radicales y peronistas, aunque refiriéndolo a las dimensiones cultural, histórica, social, religiosa, según las “propias opiniones” (Comisión Honoraria de Asesoramiento, 1988, Comisión 1: 69; Comisión 2: 111).

El federalismo, un significante cargado por el histórico atraso y la subordinación de la educación formal de las provincias a la Nación, circuló resignificado como una estrategia de descentralización del sistema educativo. Los organismos internacionales contribuyeron a ello. El radicalismo no fue más allá del sentido que le otorga al federalismo la Constitución de 1853, es decir, dejando la cuestión sin solucionar, en tanto el peronismo lo remitió a la mitología nacional popular, al mismo tiempo que veía la provincialización de la educación como una herramienta política para los gobernadores de su signo. En línea con el reclamo por la disminución del poder educativo del Estado nacional, la Iglesia propuso la descentralización del sistema hacia las provincias e incluso los municipios, acercando los centros educativos al territorio donde contaba con mayor influencia con vistas al cumplimiento de su propósito misional.

El tercer tema de interés fue el concepto de educación pública. El sector eclesiástico y dos pequeños partidos se declararon decididamente afines a otorgar un papel secundario al Estado; el peronismo fue ambiguo, y el resto, excepto la izquierda, sustentó en términos declarativos la principalidad del Estado. La “unidad de servicio con la enseñanza oficial” y la propuesta de “designar a la escuela privada como escuela pública de iniciativa privada” fueron cuestiones abordadas con naturalidad. La educación “pública” entendida como “estatal” recibiría su golpe de gracia pocos años después (Cirigliano, G. F. J. en De Lella, C.; Krotsch, C. P., 1989: 29-46).

Por otros carriles transitaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde había triunfado el PJ con la fórmula Antonio Cafiero-Luis Macaya en diciembre de 1987. La nueva gestión recategorizó los servicios de educación privada privilegiando los que llegaban a los más necesitados, constituyó comisiones distritales con participación gremial, supervisores y consejeros escolares, consideró la escuela un centro comunitario mediante el programa Consejos de Escuela, entre otras medidas. (18)