Читать книгу Historia de la educación en la Argentina IX - Adriana Puiggrós - Страница 16

Los gobiernos del Frente para la Victoria, presididos sucesivamente por Néstor C. Kirchner (2003-2007) (27) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015) (28) hicieron frente a los graves problemas educativos en línea con las políticas nacionales y populares que signaron más de una década en varios países latinoamericanos. Es de particular interés la coincidencia en el enfoque de la educación hacia los sectores populares, así como en la inscripción histórica de las reformas que se llevaron a cabo en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela, en alguna medida en Nicaragua y El Salvador y, aunque con estrategias de corte más neoliberal, en Ecuador. Partieron de difíciles situaciones propias heredadas y se fueron encaminando hacia la formación de un bloque regional que mostró tener posibilidades de impacto en la coordinación de políticas educativas. (29)

Los gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner retomaron los principales objetivos de las administraciones peronistas (1946-1952; 1952-1955; 1973-1974): crear condiciones para la inclusión de los sectores populares en todos los niveles de la educación obligatoria y en el nivel superior; devolver al Estado nacional su función planificadora de la educación y garante de la igualdad educativa; mejorar la infraestructura del sistema; vincular la educación con el trabajo, el desarrollo y las prioridades nacionales y orientarla hacia la defensa de la soberanía nacional.

Entre sus primeras medidas, Néstor Kirchner encaró la solución del conflicto docente, cuyos salarios recibieron importantes incrementos. Los tres gobiernos del Frente para la Victoria aceptaron establecer la convención colectiva de trabajo de orden nacional con los trabajadores de la educación, avanzando hacia la equiparación entre las provincias en materia salarial, el concurso como condición de acceso a la docencia y el derecho a la estabilidad laboral, medidas que aportaron a la rearticulación de la educación transferida por administraciones anteriores. Con criterio federalista, se sostuvo la Ley de Transferencia de 1992, pero se derogó la Ley Federal de Educación, sustituyéndola por la Ley de Educación Nacional (LEN, 26206/06), que reguló las responsabilidades de la Nación y las 24 jurisdicciones.

Concurrieron también a la reconstrucción del sistema educativo nacional el Consejo Federal de Educación (CFE), cuyas resoluciones adquirieron el carácter de obligatorias para todas las jurisdicciones, la convención colectiva de trabajo, nuevas instancias como el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), el acuerdo del CFE sobre Núcleos de Aprendizajes Prioritarios y la resolución de cumplir 180 días de clase en todos los establecimientos de educación obligatoria (Ley 25.864/2003). La LEN y las leyes de Financiamiento Educativo (LFE) y Educación Técnica y Formación Profesional (LETF) constituyeron el nuevo sostén legal del aparato escolar.

La LFE (No. 26.075/06) estableció como meta alcanzar el 6% del PBI en el año 2010, un programa de Compensación Salarial Docente con fondos nacionales destinado a superar las desigualdades en el salario inicial en las provincias menos favorecidas. Las metas de la Ley de Financiamiento fueron cumplidas casi en su totalidad, con la única excepción de la jornada escolar extendida. La inversión educativa superó el 6,70% del PBI, lo que se potenció con el aumento muy significativo de ese indicador, y sumó aportes extra en infraestructura, becas e investigación.

A diferencia de los habituales decretos o leyes impuestos por gobiernos civiles y militares a la comunidad educativa, la LEN fue producto de la convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación y de los ministerios provinciales, especialmente la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (que concentraba cerca del 40% de la matrícula nacional) a todos los sectores que actúan en el campo educativo, y aquellos de relevancia política y social. El Congreso de la Nación recibió un proyecto que se basaba en un documentado consenso.

El rasgo innovador de la LEN es la legitimidad con la que cuenta respecto a sus predecesoras, a la vez que denota un nuevo acomodamiento de los sectores volátiles de la clase media y la persistencia de la necesidad de sostener la educación pública por parte de sectores populares. La LEN estableció a la educación como un derecho personal y social, y a la educación y el conocimiento como bienes públicos; reguló el derecho a enseñar y aprender, inscritos en el artículo 14 de la Constitución nacional y en los tratados internacionales que esta incluye, y afirmó la responsabilidad principal del Estado en la educación y la gratuidad y la restituyó de los cuatro niveles del sistema. Incorporó ocho modalidades, reconstituyendo la enseñanza media (que había partido en dos ciclos el menemismo) y ampliando a trece años la educación obligatoria. El texto promueve una cultura productiva vinculada al trabajo y la incorporación de los sectores marginados y de la población de zonas desfavorecidas. Crea el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD); en los programas de capacitación participaron 1.341.597 entre 2014 y 2015 docentes de escuelas estatales y privadas. (30) Se designó como responsable de los programas de evaluación al Consejo Federal de Educación, rechazando la insistencia neoliberal en crear un órgano autónomo con tal finalidad.

El marco teórico-político de la LEN, así como de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, rechaza el conductismo y sus derivaciones neodarwinistas y predomina un constructivismo modificado por la atención a la incidencia del factor social y el efecto del significante “inclusión”, eje de la política educativa oficial. En contradicción con la orientación pedagógica mencionada, el gobierno decidió aplicar evaluaciones estandarizadas, aceptando la aplicación del PISA (Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos) que produce la editorial Pearson e impone a los países miembros la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, el Ministerio de Educación realizó Operativos Nacionales de Evaluación, tratando de avanzar con criterios más participativos y cualitativos.

El fortalecimiento de los sectores populares con programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la extensión de la obligatoriedad de asistencia escolar a los niños/as de cuatro años (Ley 27.045) y la obligación del Estado de brindar el servicio educativo a los niñas/os desde los 3 años determinó un crecimiento de la matrícula del nivel en un 24,2% en el período 2011-2013, con una matrícula nacional del 81,5% en la sala de cuatro años y un 96,3% en la de cinco años. El Plan Progresar y un conjunto de políticas sociales colaboraron en que la matrícula neta de educación primaria alcanzara del 99,8%. Se trata de un acontecimiento histórico, pues ambos niveles llegan de tal manera a la universalización (Batiuk, V., Coria, J.; 2015).

La reforma emprendida en la educación media avanzó en el orden nacional mediante la LEN, pero las culturas políticas jurisdiccionales determinaron significativas diferencias. Por ejemplo, mientras la Provincia de Buenos Aires reformó los currículos de todos los niveles e introdujo el área Educación de Ciudadanía (educación sexual integral, concepto de género, derechos humanos y ciudadanía), Salta dictó una Constitución provincial que incluía la educación religiosa en las escuelas públicas y limitaba la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150/2006). (31)

Una importante novedad de la educación media fue el programa Fines, lanzado por el gobierno de Cristina F. de Kirchner en 2008. El Fines acercó el programa al territorio donde residen o trabajan los potenciales alumnos, sumando en su tarea universidades, cooperativas, clubes barriales, sociedades de fomento, instituciones religiosas e incluso casas de familia. Desde 2008 hasta 2015 pasaron por el Fines 1.617.222 jóvenes y adultos y alcanzaron la titulación 430.054, según cifras oficiales. Debe señalarse que el Fines fue apto para una educación dialógica y menos escolarizada, pero no impactó sobre la escuela secundaria tradicional. Al no preverse la vinculación estratégica entre ambas opciones, el plan quedó en peligro de convertirse en un circuito de escolarización de menor prestigio social y fue rápidamente desarticulado por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

La Ley de Educación Técnica y Formación Profesional (28.058/05) reordenó y revivió una rama de la educación que había sido abandonada durante varias décadas, que estaba poblada de instituciones dispersas, pero que en especial había sufrido las políticas de desfinanciamiento de la década anterior. Una fuerte inversión produjo cambios en la modalidad, coherentes con la política de reindustrialización y formación técnica.

Desde 2003 hasta 2015 se construyeron 1824 escuelas. Se distribuyeron 80 millones de libros, que aportaron a la cultura familiar y apoyaron a las pequeñas y medianas editoriales nacionales. Se fomentaron las orquestas estudiantiles, repartiéndose instrumentos musicales para 113 orquestas y 139 coros. Se encaró la modernización tecnológica de la educación, optando por un programa de aplicación universal, denominado Conectar Igualdad, que fue puesto en marcha en el año 2010 usando un software de producción nacional. En julio de 2015 se habían entregado cinco millones de computadoras a estudiantes de enseñanza secundaria, educación superior y docentes. Se crearon los canales de televisión Encuentro y Pakapaka, del Ministerio de Educación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522/2009), elaborada también a partir de una amplia consulta popular, abrió la posibilidad de acceder a radios en escuelas secundarias e institutos de formación docente y técnica; la Televisión Digital Argentina y el tendido del cable coaxil conectaron a sectores populares de escasos recursos o territorios alejados y les permitieron alcanzar el servicio de televisión.

Es necesario señalar que, pese a la extensión de las políticas públicas, la matrícula en la educación de gestión estatal disminuyó cerca de un 8% para el año 2015 a favor de las escuelas privadas, pudiendo marcarse una tendencia creciente en ese sentido. Por otro lado, siguieron multiplicándose las instalaciones educativas de tipo social sin objetivos de lucro (guarderías, jardines, bachilleratos populares, universidades populares). Al mismo tiempo, empresas internacionales que ofrecen educación mediante ONG y fundaciones siguieron entrando al país y ofreciendo servicios a las instituciones educativas públicas y privadas: campus informáticos de las universidades públicas, administración de sus cuentas sueldo, de sus sistemas de seguridad, de sus aulas virtuales, capacitación de docentes, formación de “líderes”. Algunas se asociaron con empresarios nacionales interesados en realizar inversiones en el campo educativo. Hacia finales del período, la tercerización espontánea de espacios de la educación pública era un hecho.

La LEN había designado cuatro tipos de gestión educativa: pública de gestión estatal, pública de gestión privada (con y sin aporte del Estado), cooperativa y social. Este último tipo, que aún requiere ser reglamentado, alberga una variedad de formaciones educacionales y, por su magnitud, representa un área nueva en la educación argentina y una serie de problemas aún no contemplados por la legislación.

En cuanto a la educación superior (que incluye la formación docente), hubo un importante incremento de la inversión: (32) se crearon veintidós nuevas universidades y un Instituto Universitario, se realizó una fuerte inversión en infraestructura, en investigación y desarrollo y en repatriación de investigadores. Si bien en 2008 la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación realizó una consulta a la comunidad universitaria de amplitud sin precedentes con vistas a dictar una nueva ley, solo al final del período el Congreso de la Nación aprobó una ley modificatoria de la Ley de Educación Superior (LES) dictada durante la gestión de Menem. La Ley 24.5217 de 2015 estableció la responsabilidad y obligación de financiamiento del Estado en la educación superior pública y la supervisión y fiscalización de las nacionales y privadas. Garantizó el carácter gratuito de la educación superior, la prohibición de cualquier otra forma de cobro y el ingreso sin restricciones, estimulando actividades de nivelación u orientación. La modificatoria prohibió a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir convenios que alienten formas de mercantilización y avanzó en un régimen de transparencia del uso de los fondos por parte de las universidades.