Читать книгу La aplicación judicial de los derechos fundamentales - Aharon Barak - Страница 42

La política pública es uno de los conceptos válvula más importantes. El mismo opera tanto en el derecho público como en el privado. A través de este concepto, “el ordenamiento jurídico asegura el flujo constante de valores fundamentales hacia el derecho privado. Esto promueve armonía en el ordenamiento jurídico. A través de la ‘política pública’ el ordenamiento jurídico asegura un comportamiento adecuado en las relaciones interpersonales”⁶³.

Los principales componentes de la política pública son los valores que conforman el aspecto objetivo de los derechos constitucionales. La política pública constituye la satisfacción de valores como la dignidad humana, la libertad, la privacidad, la propiedad y la libertad de ocupación. Por supuesto, junto a estos valores se encuentran otros valores adicionales que reflejan el interés público. Estos valores colisionan.

Frecuentemente, estos principios básicos colisionan el uno con el otro […] La libertad de ocupación de una persona limita la libertad de contrato de otra. La libertad de expresión de un individuo limitad la dignidad humana de otro. Esto es especialmente obvio dentro del marco de ‘política pública’ del derecho de contratos, ya que uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico es la libertad contractual […] y uno de los derechos fundamentales del hombre que tiene que ser tomado en cuenta es la autonomía de la voluntad individual. Esto es parte de la dignidad humana y la libertad. Una relación contractual es una expresión de esta autonomía. La libertad de contrato es un derecho constitucional. Cuando el contenido de un contrato limita la libertad de ocupación, la dignidad humana, la libertad de movimiento, la libertad de consciencia y religión o la libertad de expresión, la ‘política pública’ no debe entenderse con base en la simple aplicación de esos principios⁶⁴.

La solución a este conflicto se encuentra en una ponderación adecuada que refleje la importancia relativa de los valores en colisión. “Cuando se determina el ámbito de la ‘política pública’ tiene que llevarse a cabo una ponderación interna entre los valores e intereses en conflicto”⁶⁵.

Únicamente cuando el peso de los principios relacionados con la libertad de contratos y con la autonomía de la voluntad del individuo es menor que el peso del valor que se le opone, habrá espacio para invalidar una estipulación contractual, o la totalidad de un contrato, debido a un conflicto con la política pública⁶⁶.

El juez Procaccia tenía razón cuando expresó que “determinar el ámbito de la política pública requiere una ponderación delicada y compleja entre los valores e intereses en colisión”⁶⁷. Dicha ponderación se puede aprender, a través de la analogía interpretativa, de las reglas de ponderación de la proporcionalidad constitucional⁶⁸.