Читать книгу Manual práctico del instructor de los procedimientos sancionadores administrativos y disciplinarios - Antonia Gómez Díaz-Romo - Страница 11

La Constitución española1), aunque no lo haga de una forma expresa, otorga a las Administraciones Públicas, y a las Corporaciones locales, potestad o facultad para imponer sanciones a sus administrados.

Esta potestad sancionadora no ha sido constitucionalmente concedida por puro arbitrio, sino que está justificada en el hecho de que la sanción se imponga precisamente para reprimir transgresiones que se han producido en un ámbito administrativo cuya tutela ha sido encomendada a la correspondiente Administración.

Además, esta potestad que faculta para sancionar está sujeta a rigurosos límites, siendo los dos principales los siguientes:

A) Para que la Administración pueda imponer una sanción tiene que existir una previa regulación normativa sustantiva en la que se ampare la misma, debiendo estar la infracción previamente tipificada como ilícita, y acompañada por la determinación de la sanción que procede imponer por su transgresión.

B) Además, debe seguirse de forma rigurosa un procedimiento administrativo, que también ha estar previamente establecido en una norma.