Читать книгу Principios, valores e instituciones - Arturo Fermandois Vöhringer - Страница 13

Testimonios de la fe que los líderes tuvieron en el derecho; de la esperanza cierta que ellos sintieron en la potencialidad de sus valores, principios y normas cuando son rectamente concebidos, interpretados y ejecutados fue la restauración del imperio de los límites que el ordenamiento traza al poder para que sea juiciosa, controlada y responsablemente ejercido.

Así en las Constituciones de Italia (1947), Alemania Federal (1949), Francia (1958) y España (1978), sucesivamente, hallamos positivizados aquellos valores. Esas Constituciones se erigen en claves del nuevo constitucionalismo vivido en democracia. Marcan ellas la naturaleza y finalidad del Estado de nuestra época y de las relaciones internacionales regidas por tratados elaborados, precisamente, para forjar un mundo centrado en la dignidad, los derechos y deberes, en fin, las garantías o defensas ya aludidos.

La influencia del nuevo constitucionalismo democrático va siendo asimilada en otros países, incluido Chile en su proceso de treinta y seis reformas a la Carta Fundamental de 1980¹⁸.

Vivimos el tiempo de la Constitución de Valores, como la llamó Antonio Baldassarre¹⁹, Presidente Emérito de la Corte Constitucional de Italia. Tal es el más reciente modelo de Constitución, aunque paradojalmente puede afirmarse que es, también, el más antiguo de los paradigmas constitucionales. Suficiente resulta para demostrar esta tesis recordar la tipología de los gobiernos, buenos y malos, explicada en el libro La Política de Aristóteles más de 2.300 años atrás; o los escritos de Cicerón en La República; las enseñanzas de John Locke sobre los regímenes despóticos y las insurrecciones que provocan; o la virtud, de la cual Montesquieu hizo el rasgo esencial del gobierno legítimo.

La Constitución de Valores entroniza a la persona humana, con su dignidad y atributos esenciales, en la jerarquía del valor máximo de la civilización. El Estado debe servir ese valor, el cual se impone igualmente al prójimo, sea en cuanto individuo o asociado. En el despliegue del mismo valor va creciendo el cúmulo de los atributos esenciales, transitando de los derechos subjetivos a los del ciudadano para arribar a los derechos sociales, o de segunda generación, cuya realización, paulatina y progresiva, es un testimonio ético de progreso en la calidad de la convivencia para el bien de todos, sin discriminaciones.

Los principios de subsidiaridad y solidaridad, concretados en el esfuerzo conjunto y armónico del Estado y de la Sociedad Civil, impulsan la asunción de nuevos desafíos vinculados al bien común. Este es, sin duda, un valor y de la mayor amplitud y transcendencia.

La Constitución de Valores impone al Estado enfrentar, con leyes y otras medidas, los enormes tropiezos que padecemos en el camino hacia el buen gobierno. Me refiero a la injusta distribución de la renta nacional, con miseria, pobreza y marginalidad que provoca envidias, odiosidades y resentimientos.

La Constitución de Valores exige al Estado erradicar la corrupción, patente en los conflictos de intereses, en el cohecho, el soborno, la opacidad o falta de transparencia en las decisiones públicas, la manipulación por gobernantes que victimiza a la ciudadanía, en fin, la evasión y la elución tributaria.

La Constitución de Valores compele a los órganos del Estado a que adopten medidas eficaces para que sean estrictamente respetados los principios éticos que regulan las decisiones de los servidores públicos, trátese de gobernantes, parlamentarios, jueces, fiscales, jerarcas o funcionarios administrativos.

La Constitución de Valores demanda que el Estado fomente la filantropía y el mecenazgo de los particulares en su contribución al bien colectivo.

La Constitución de Valores presupone que el Estado y la Sociedad Civil eduquen en la formación cívica, desde la infancia, inculcando el sentido y el compromiso con la solidaridad, el sacrificio, el cumplimiento de los deberes, la abnegación, el respeto, la tolerancia y la honestidad.

En fin, la Constitución de Valores reconoce, con el rango de excepcionalmente elevado y trascendental, la incidencia de la ética en el origen de la vida, su curso, desarrollo y extinción, es decir, la bioética, desde la concepción hasta la muerte natural, tornando inexcusables e ilegítimos los resquicios que buscan quebrantarla²⁰.