Читать книгу Ley general de Derecho internacional privado de la República Oriental del Uruguay 19.920, de 17 de noviembre de 2020 - Asociación de Escribanos del Uruguay - Страница 87

El Acta 923, de 1991, de dicho estado establece los criterios principales para regular los casos privados internacionales. El título i del libro recoge en esencia, la doctrina de Brainerd Currie en cuanto a atender la política legislativa del Estado más gravemente comprometido. Igual solución la encontramos para la determinar el estado y la capacidad de las personas (art. 3519), las relaciones personales y los efectos del divorcio (art. 3522). Se prohíbe el reenvío (art. 3517). Se considerará válido el matrimonio reconocido como tal por la ley del lugar de su celebración o del primer domicilio matrimonial (art. 3520). En cuanto al régimen de bienes en el matrimonio se distingue entre bienes muebles —que se regirán por la ley del domicilio del cónyuge adquirente a la fecha de la adquisición, cualquier sea su lugar de la situación (art. 3523)—; y bienes inmuebles, que se regirán por la ley del Estado de Louisiana si están allí situados (art. 3524). Hay un criterio de favor hacia el testamento tomando en consideración que será considerado válido si lo es de acuerdo a la ley del Estado de Louisiana, o a la ley del Estado de su otorgamiento, o a la ley del domicilio del testador a la fecha del otorgamiento o del deceso, o a la ley del lugar de situación de los bienes inmuebles (art. 3528). La calificación y los derechos reales referentes a bienes inmuebles se rigen por la lex rei sitae (art. 3535). Las obligaciones contractuales se someterán a la ley del Estado cuyos objetivos de política legislativa se hallaren más gravemente comprometidos, salvo que se haya ejercitado la autonomía de la voluntad (art. 3537 y 3541). Hay numerosas reglas pro validitatem: la capacidad contractual se regirá por la ley del domicilio del contratante o por la ley del contrato (art. 3539). La forma de los contratos puede quedar sometida al juego de cuatro leyes (art. 3538). El respeto a la política legislativa del Estado más comprometido también se tomará en consideración en cuanto a las obligaciones delictuales y cuasi delictuales (art. 3542).