Читать книгу Análisis práctico de sanciones en materia de protección de datos -divididas por conceptos y sectores - Elena Davara Fernández de Marcos - Страница 7

Tal y como se ha señalado reiteradamente por la doctrina constitucional la celebración de un contrato de trabajo no implica, en modo alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que le reconoce la Constitución Española1, así como que la libertad de empresa (artículo 38 CE) no legitima que los trabajadores hayan de soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas2.

De cualquier modo, estos derechos no son absolutos, sino que están sujetos a limitaciones en su ejercicio, ya que se debe compaginar con otros derechos siendo especialmente conflictiva la limitación del derecho a la intimidad derivada de la actuación empresarial en el ejercicio de la facultad de dirección y control regulado en el artículo 20.3 del ET. Así, según reiterada doctrina del TC, se puede concluir que: a) los derechos fundamentales del trabajador deben adaptarse a los requerimientos de la organización productiva en que se integra3; b) las facultades empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, que son prevalentes y constituyen un límite a sus facultades sancionadoras, de organización y de gestión4; y, c) cuando se prueba indiciariamente que una decisión empresarial puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales incumbe al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho de que se trate y que es preciso garantizar en tales supuestos que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales5.

Pues bien, todo tratamiento de datos personales en al ámbito laboral va a implicar la existencia de una serie de riesgos para los derechos de los trabajadores6 por lo que, atendiendo a cada supuesto, como decimos, requiere realizar una evaluación del equilibrio entre el interés legítimo del empresario de proteger su interés empresarial y la expectativa razonable de privacidad de los trabajadores. Pero esto no siempre es sencillo, tal como puede advertirse en la profusa actividad jurisprudencial que analizaremos en este trabajo7.