Читать книгу Derecho ambiental y empresa - Группа авторов - Страница 30

Basados en los principios contenidos, ahora, en una disposición normativa, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso National Farmers' Union, consideró que: «[...] cuando subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos [...]».

Es con esta lógica, a partir de la práctica jurisprudencial y la aparición de casos como el descrito en el apartado anterior, que el principio precautorio se expande, trasladándolo del ámbito del ambiente al de la salud pública. Y esto no representa, en ningún caso, la limitación de correspondencia del principio a otras áreas o casos que lo puedan requerir.

El impulso definitivo para la consolidación del principio en la jurisprudencia comunitaria lo podemos encontrar en el caso Artegodan²², en el que el Tribunal de Primera Instancia fundamentó lo siguiente:

[...] cabe de finir el principio de cautela como un principio general del Derecho comunitario que impone a las autoridades competentes la obligación de adoptar las medidas apropiadas con vistas a prevenir ciertos riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, otorgando a las exigencias ligadas a la protección de estos intereses primacía sobre los intereses económicos.

Así, pues, lo expuesto no hace más que confirmar su carácter de principio de corte regional, por ser reconocido en la Unión Europea y uno emergente, aún no consolidado, en el ámbito internacional.