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Las «buenas prácticas» son fórmulas de autorregulación que inciden en actividades en las cuales, por su evolución natural y complejidad, se van incrementando las dudas e incertidumbres sobre la correcta actuación de los técnicos, profesionales y expertos. Ante este hecho, los mismos agentes o sus organizaciones, convienen en establecer unas referencias a las que atenerse. De esta forma tienen un marco de actuación seguro y que a la vez mitiga los riesgos o posibles inconvenientes de actuaciones impropias.

Estas buenas prácticas son, como bien señala Esteve Pardo (2009, p. 670), en unos casos el resultado de una convención o acuerdo alcanzado entre los agentes o expertos que operan en un sector; o en otros casos toma la forma de una organización de carácter corporativo que representa todos los agentes o a un número importante de los que operan en un sector, y que asume un papel protagónico en la elaboración del marco de acción o de la redacción por sectores de códigos de buenas prácticas.

Esta técnica sirve o puede servir al Estado a través de dos vías; una de recepción y otra de inducción. En el primer caso, las buenas prácticas pueden ser incorporadas a una norma jurídica, o adquirir un reconocimiento público mediante su publicación. Ejemplo de ello es el de las buenas prácticas aceptadas, que se produce cuando hay una aceptación expresa por parte del regulador de las buenas prácticas elaboradas por los agentes y operadores de un mercado regulado. En el segundo caso, es decir, mediante la inducción, la administración promueve la elaboración y redacción de las buenas prácticas por parte de los agentes. Esta es un claro ejemplo de autorregulación, y más aún, ahí donde el regulador incida de forma especial en ciertos criterios, o se pronuncie sobre las prácticas (declarándolas como aceptables o como inaceptables), es decir, donde haya colaboración o trabajo conjunto, podemos hablar de corregulación.