Читать книгу Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y derecho administrativo frente a la despoblación - José Luis Domínguez Alvarez - Страница 12

En las últimas décadas, nuestro país ha experimentado un prolífico desarrollo económico y social, lo que ha propiciado dos importantes efectos cuanto menos contradictorios. Por un lado, esas profundas transformaciones socioeconómicas han permitido alcanzar un salto muy significativo en los niveles de renta y bienestar de la ciudadanía, especialmente en el ámbito urbano, al igual que ha ocurrido en los países de nuestro entorno más próximo7; y, por otro, se han acentuado estrepitosamente las diferencias entre el medio urbano y las zonas rurales8, agravando la problemática de la despoblación del medio rural y el abandono de extensas áreas de nuestra geografía9. Este fenómeno, característico del desarrollo económico moderno, se manifiesta en la persistencia de un atraso económico y social relativo en el medio rural, debido a causas económicas, sociales y políticas que son evitables, como se pondrá de manifiesto en las próximas páginas.

En este punto, urge recordar que España es el país más despoblado del sur de la Unión Europea, únicamente el 5% de su población ocupa el 53% del territorio total10. Según la Federación Española de Municipios y Provincias, la mitad de los más de 8.100 municipios que conforman el mapa del Estado español se encuentra en serio riesgo de extinción a medio o largo plazo por disponer de menos de 1.000 habitantes. Si observamos esta preocupante tendencia a escala provincial, advertimos que más de una tercera parte de las provincias españolas disponen de un 70% de sus núcleos de población con un número igual o inferior al millar de habitantes. Este es el caso de Soria, Zamora11, Burgos, Ávila, Salamanca, Palencia, Segovia, Valladolid, Zaragoza, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Huesca, León, La Rioja, Lugo y Orense12; territorios que protagonizan el drama de la España vaciada13.

La despoblación del medio rural –especialmente en el caso de Castilla y León– se convierte así en un auténtico problema de Estado14 que exige una respuesta rápida y coordinada por parte de las diferentes Administraciones públicas de nuestro país.

Ahora bien, conviene señalar que la despoblación15 como tal –no así el éxodo rural, fenómeno muy anterior– es consecuencia a su vez de un prolongado proceso histórico que en nuestro país se remonta a mediados del siglo XX, momento temporal en el que podemos encuadrar los intensos desplazamientos migratorios16, los cuales son el resultado de dos procesos que transcurren de forma paralela. Por una parte, encontramos el desarrollo de un modelo de industrialización políticamente dirigida y espacialmente concentrado no solamente a escala regional sino, principalmente, urbana y capitalina, de escasa implantación en ciudades de tamaño medio y en las áreas rurales17. Por otra parte, la aparición y proliferación de novedosos avances y herramientas que vinieron a suponer una profunda mecanización y tecnificación de las actividades propias de las zonas rurales y, con ello, el incremento sustancial de la productividad y la liberación de mano de obra agrícola18. A esta compleja tesitura, hay que añadir que a la destrucción de empleo en el campo se sumó su demanda en la ciudad, provocando un importante trasvase de población –especialmente de adultos jóvenes– hacia las grandes megalópolis hoy presentes en nuestra geografía, agravando con ello los procesos de despoblación y sangría demográfica del medio rural español.

No obstante, es importante señalar que, la despoblación no es un proceso impulsado única y exclusivamente por factores económicos19, como los señalados con anterioridad. Ciertamente, la problemática del abandono del medio rural presenta múltiples y diferentes aristas, lo que dificulta enormemente la adopción de políticas públicas eficaces destinadas a paliar esta triste realidad. En este sentido, igualmente relevantes resultan para el modelo de poblamiento rural los desequilibrios generados en la prestación de servicios públicos esenciales, los cuales privados de la masa crítica de demanda imprescindible para rentabilizar su mantenimiento, unido a la disminución paulatina de actividades económicas en dicho entorno, han terminado por añadir un nuevo y decisivo factor a la hora de agravar el conocido drama de la “España vaciada”20 o “España rural”, binomio inseparable en nuestros días.

A este respecto, resulta evidente que en los últimos años hemos asistido a una minoración sin precedentes de la actividad prestacional de las Administraciones públicas en el medio rural, provocando con ello una concentración de mayores y mejores equipamientos y servicios públicos en las zonas urbanas21 –constante que representa, en gran medida, la esencia del modelo de desarrollo socioeconómico español–. Esta privación de servicios esenciales en las zonas rurales ha terminado por afectar a cuestiones tan relevantes como la educación pública obligatoria22, la sanidad23 y los servicios sociales, prestaciones que pese a representar necesidades de primer orden para garantizar la dignidad de quienes diariamente luchan por desarrollar su proyecto vital en el medio rural y contar con unos niveles de demanda elevada pero demasiado dispersa, han visto cómo al aumento de costes se yuxtaponía a una aminoración de gastos que, justificada o no por el devenir económico y la constricción del gasto de las Administraciones públicas, ha acabado por traducirse en la reducción y concentración espacial de los servicios públicos básicos. Estas y otras muchas cuestiones, han contribuido a que la despoblación del medio rural se haya convertido en un auténtico problema de Estado24, pues supone una amenaza a las sociedades que las habitan, limitando el crecimiento económico, dificultando la prestación de servicios públicos y poniendo en peligro la propia existencia de los núcleos de población25.

Sin embargo, y pese a todas estas dificultades, no debemos olvidar que los territorios rurales de la España vaciada representan espacios de especial riqueza, muchos de ellos situados en zonas de alta montaña, que albergan recursos de extraordinaria importancia para el conjunto del país26, tanto en calidad como en cantidad, patrimonio del conjunto de la sociedad27.

Ante esta compleja tesitura, las políticas públicas adquieren una importancia transcendental al convertirse en el vehículo idóneo para llevar a cabo la adopción de medidas que permitan dinamizar la economía local, dotar de servicios sociales básicos a las regiones más afectadas por la despoblación, garantizar la autonomía local o desarrollar nuevas iniciativas que permitan fijar población en el medio rural, dotando especialmente a los más jóvenes de oportunidades de futuro que contribuyan a alcanzar, de una vez por todas, un modelo de ordenación territorial sostenible en el que se potencie la supervivencia de los pequeños municipios que conforman la España vaciada.

Urge, por tanto, articular un conglomerado de soluciones tangibles a un problema vital, social y político, el de la España rural; de enorme envergadura28 en el que están en juego los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, institutos jurídicos que el paso del tiempo y la inacción del poder público29 han desdibujado casi por completo hasta hacerlos prácticamente imperceptibles para una buena parte de la población, convirtiendo el abandono del medio rural en un problema de igualdad real30 –arts. 14 y 9.2 CE31– que pone en serio riesgo la dignidad32 de la población de las áreas rurales –art. 10 CE33–. En este sentido, reviste especial importancia ahondar en el papel protagonista que el Derecho administrativo34, entendido como “aquella rama del Derecho público que partiendo de la Norma Fundamental aspira a la realización efectiva del modelo del Estado social y democrático de Derecho que hoy caracteriza la forma de Estado dominante en el planeta”35, posee a la hora de revertir los perniciosos efectos que el abandono del territorio de las áreas rurales conlleva y orientar la acción administrativa a la consecución efectiva de los intereses generales36, finalidad última de la Administración pública como se desprende del manido art. 103.1 CE37.

En efecto, desde la óptica iuspublicista la despoblación del medio rural y la amenaza constante de las comunidades rurales no es otra cosa que “un problema de personas; un problema de territorios; un problema, en primer lugar, jurídico, pues a ese campo pertenece la regulación de las relaciones no solo entre personas, sino también entre poderes públicos y ciudadanos, y entre personas y medio”38. Sentada esta premisa, la cual constituye el elemento nuclear de este estudio, en las próximas líneas se esbozan un conjunto de actuaciones urgentes e innovadoras que, en nuestra modesta opinión, las Administraciones públicas deben poner en marcha sin dilación, con un triple objetivo: 1) frenar la constante sangría poblacional; 2) avanzar hacia el establecimiento de un modelo de ordenación territorial sostenible e igualitario y, 3) devolver la dignidad a la población que habita en la España vaciada.